El gobierno del presidente Hugo Chávez ha sufrido durante más de nueve años innumerables actos de agresión del gobierno estadounidense, desde el apoyo al golpe de estado y el paro empresarial, hasta la presencia de paramilitares colombianos, con estrechos vínculos con funcionarios colombianos, con el objetivo de asesinar al mandatario venezolano. La bases militares de EEUU en territorio neogranadino, dentro de lo acuerdos del Plan Colombia, forman parte de una estrecha alianza intervencionista regional, para desestabilizar a Venezuela, y Ecuador y balcanizar a Bolivia, con el objetivo de desarticular cualquier alternativa independiente al neoliberalismo y a la hegemonía de un mundo unipolar.

Con el objetivo de masificar la idea de gobiernos satánicos, vinculados al terrorismo y al narcotráfico, se utilizan las declaraciones diplomáticas, donde voceros del departamento de Estado y de funcionarios colombianos, vociferan mentiras y crean falsas pruebas, para intentar aislar y desterrar de América Latina la idea de nuevas formas de desarrollo e integración.

Los medios privados de prensa internacionales juegan el papel multiplicador de la mentira, crean una matriz de opinión, donde sus encabezados anuncian la falta de libertad de prensa, la violación a los derechos humanos y el ataque a las empresas privadas. Para ello cuentan con el apoyo irrestricto de la SIP, asociación de los dueños de los medios de prensa, que se convierte en el fiscal internacional para acusar a Venezuela, pero sin embargo calla ante la muerte de periodistas en Colombia y México, en manos de organizaciones de derecha y narcotraficantes.

La estrategia de vincular al presidente Chávez con la FARC y el narcotráfico.

Ante la imposibilidad de crear una imagen dictatorial de Chávez, luego de nueve elecciones democráticas, surge la tesis de que Venezuela es el puerto de la droga a EEUU y Europa, campaña orquestada por la DEA, luego que el gobierno de Venezuela no renovara el convenio de cooperación, por considerar que esta organización jugaba parte de un plan desestabilizador.

La realidad es que cada “ladrón acusa por su condición”, los dos países que acusan a Venezuela, son las principales mafias del narcotráfico.

Colombia es el mayor productor de droga del mundo, sus tentáculos llegan hasta los círculos de la casa de gobierno, donde varios políticos, senadores, han sido denunciados como financiados en sus campañas electorales por los carteles de la droga. Hasta el presidente Uribe tuvo que intentar aclarar algunos de los fondos para su campaña electoral.

Por su parte EEUU, que intenta aparecer como la imagen de la democracia, en realidad es el principal consumidor de estupefacientes del mundo, en su territorio se alberga una gigantesca mafia de narcotraficantes que aportan parte de los grandes ingresos fiscales del gobierno estadounidense. La política del gobierno de Bush es mirar la paja en el ojo ajeno, sin ver el tronco que tienen en el suyo.

Venezuela ha demostrado fehacientemente su combate a la droga, miles de toneladas has sido incautadas y destruidas cada año, se han comprado radares y equipamiento para enfrentar a las mafias de la droga. La pregunta lógica es ¿realmente desaparecieron el Cartel de Cali y Medellín? o sólo desapareció la fachada, con un nuevo maquillaje. Porque la gran producción de marihuana y cocaína, ha aumentado significativamente y sin embargo las autoridades colombianas, no han mostrado una verdadera vocación para destruir esa gran industria.

Sin embargo EEUU y Colombia principales violadores de los derechos humanos, principales engranajes de la producción y comercialización de la droga, tratan de acusar al presidente Chávez y su gobierno de terrorista y narcotraficante, apoyados en una gran campaña de desinformación a través de los medios de prensa internacionales. Nuevamente las mentira tiene patas cortas, la poca credibilidad de las computadoras, como la deshonestidad de Bush y Uribe, no han logrado convencer a la mayoría de los países latinoamericanos, ni siquiera al Secretario General de la OEA ,Inzulsa.


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