Todos recordamos la escena en que Michael Moore – en un simple ejercicio brechtiano – intenta que los parlamentarios estadounidenses acepten alistar a sus hijos para ir a luchar en la guerra que ellos mismos aprobaron – la invasión a Irak – y constata que solamente uno de todos ellos tenía un hijo en el servicio militar. Luego, frente a la pregunta acerca de quien entonces hace la guerra en nombre de ellos, aparecen las escenas de esa gran masa de negros pobres que buscan en la guerra una forma de empleo, que los otros mecanismos de la sociedad norte-americana no les propician.
Pero hay otro tipo de gente que va a hacer la guerra en nombre del Imperio del cual son víctimas privilegiadas. En este mes un grupo de 40 salvadoreños, la mayoría ex-militares, parten para Irak y Afganistán, para ejecutar misiones de seguridad privada en nombre de la empresa Blackwater. La instrucción fue realizada en las instalaciones del Centro de Apoyo a las Transmisiones de las Fuerzas Armadas (CATFA), seguido de un duro entrenamiento militar en la base de Moyock, en Carolina do Norte, campo de entrenamiento de la Blackwater, empresa que brinda servicios de seguridad privada para el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Los seleccionados recibieron un premio de 500 dólares, los otros fueron mandados de vuelta para sus casas.
Las informaciones, publicadas por el diario salvadoreño El Diario de Hoy, afirman que, aunque sus misiones sean consideradas de "extremo peligro", sus salarios son insignificantes: los que van para Afganistán recibirán 50 dólares por día, mientras que los que van para Irak 34 dólares diarios.
Un mayor salvadoreño jubilado, uno de los responsables por el reclutamiento y la selección del personal, dirigirá al grupo de 30 que se dirigen para Afganistán. Los diez que siguen para Irak serán dirigidos por una capitana jubilada, que ya hizo dos veces ese servicio.
La Central America Professional Service (CAPROS), la empresa local responsable por el reclutamiento de los salvadoreños, pertenece a un antiguo empleado de banco, Marcos Alberto Chávez Castillo, y a un coronel retirado, Juan Emilio Velasco Alfaro. Esta subcontrata personal para la empresa Greystone Ltda., filial internacional de la Blackwater, que proporciona , por millones de dólares en contratos con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, millares de mercenarios para la guerra de Irak. Los salvadoreños no firman ningún contrato con la Blackwater, quien los contrata es la CAPROS.
Según algunos de los contratados, esta empresa recibe 4.600 dólares mensuales por cada militar reclutado. Las condiciones de los contratos son leoninas: estas liberan a CAPROS de cualquier responsabilidad en accidentes que puedan sufrir los contratados, asumiendo de forma "explícita" y "voluntaria" todos los riesgos de los daños personales – incluyendo la muerte o la invalidez – que pudieran resultar de las misiones. En otra cláusula, los contratados se comprometen a no interponer ningún tipo de acción judicial contra la CAPROS, así como ningún familiar que pudiera hacerlo en su nombre. No hay ningún tipo de relación de trabajo entre los contratados y la CAPROS, ya que estos estarían actuando por su propia cuenta, según los contratos.
Además de eso, ninguno de ellos puede revelar ningún tipo de información sobre su trabajo, ni acerca de la empresa con la cual firmaron el contrato. Los contratos son presentados para firmar recién en la víspera de la partida de los militares, sin siquiera dar un tiempo para que se puedan cuestionar algunos de sus ítem.
Como si no bastase con eso, el diario salvadoreño descubrió además que esa empresa privada al servicio del Departamento de Estado de los Estados Unidos, utiliza fusiles M 16 e instalaciones del gobierno en El Salvador.
Frente a vínculos carnales como estos – como si no bastase la dolarización de la economía del país- aumenta la importancia de la elección presidencial de abril del 2009, en que el candidato del FMLN, Mauricio Funes, aparece como favorito.
Traducción: Insurrectasypunto
Texto original: Agencia Carta Maior
