Para ocupar un cargo público no necesariamente hay que ser simpatizante del gobierno, ni militante o aspirante a serlo del PSUV y en paralelo a esa afirmación se hace necesario precisar, de forma muy contundente, para que no hayan confusiones de ninguna índole, que así como estamos convencidos de que ese tema burocrático no debe ser manejado de otro modo, también lo estamos en cuanto a que una cosa es eso y otra es que se admita y se tolere que ocupen cargos de gerencia media y alta en los estamentos del gobierno revolucionario, quienes de manera abierta se les identifica hasta por sus propios discursos y conductas, como enemigos implacables del gobierno, con la falsa excusa de que en el chavismo no es posible encontrar gente competente y experimentada.
Estamos absolutamente convencidos de que esas posiciones gerenciales tenidas como de “confianza”, sobre las cuales descansa la inmensa responsabilidad de la ejecución de las políticas gubernamentales, solamente pueden ser desempeñadas por gente comprometida con el proceso revolucionario, como única garantía para impedir que se promuevan en el seno del gobierno sabotajes, actos de corrupción, enredos y complicaciones en los procedimientos que impongan posponer y, como cuestión vital, impedir que las políticas acordadas en los más altos niveles de los estamentos del Estado, sean ejecutadas, así como para que queden sin sanciones conductas reprochables en el manejo de fondos públicos.
Para el desmontaje de esa burocracia obstruccionista y golpista, la cual –repetimos- es mayoría en casi todos los estamentos del Estado, basta que haya la voluntad patriótica de hacerlo y en una revolución es inaudito que falle esa voluntad, pues existen vías legales bien expeditas para ello, a partir, por ejemplo, de las reestructuraciones que facilitan sin mayores complicaciones el despido de ese tipo de personal que pueda sentirse atornillado y además “guapo y apoyado” al amparo de la ley de carrera administrativa, reestructuraciones esas que, por lo demás, son indispensables para erradicar, en beneficio del colectivo, trámites engorrosos e innecesarios, generados, precisamente, por una excesiva e incompetente burocracia.
Repetimos, para que no haya confusión alguna, que los funcionarios de bajo rango o que no tengan competencias de tipo gerencial en materia de políticas gubernamentales, pueden pensar políticamente como quieran, pues ese derecho se los garantiza la Constitución Bolivariana, aun cuando es necesario precisar, igualmente, que por ello jamás podrán dejar a un lado sus obligaciones como trabajadores responsables y convertirse en boicoteadores de oficio, pues de hacerlo, las normas también contemplan sanciones severas que incluyen hasta la destitución si se les comprueba la desidia, la irresponsabilidad reiterada o el desempeño descarado en favor de un proselitismo que atente contra las instituciones de la democracia.
Es inadmisible que los saboteadores al servicio del golpismo continúen haciendo de las suyas en el Estado, disfrazados de rojo. Se impone que estemos alertas para denunciar todo tipo de chantaje que pretenda, en nombre de la propia democracia y la revolución, la consolidación de una importante fuerza opositora en el propio seno del gobierno.
Nos ha llegado la información, por varias fuentes, que en muchos organismos oficiales esos farsantes vestidos de rojo se están ya movilizando e, inclusive, en muchos casos por presión de sus mismos superiores jerárquicos, para inscribirse en el PSUV, lo cual es realmente grave, por lo que se deberán tomar todas las precauciones y medidas que sean necesarias para evitar que ello ocurra. No es fácil la tarea, lo sabemos, pero hay que hacer algo y pronto para evitar que el partido sea penetrado por la quinta columna…
oliverr@cantv.net
