El pasado domingo 26 de Septiembre leíamos con asombro los “Propósitos de enmienda” que desde su espacio dominical en el diario Ultimas Noticias publicaba el escritor y ensayista Luis Britto García, un intelectual de izquierdas que se identifica con el movimiento bolivariano. En ese artículo, que también está disponible a través de la web de RNV, entre propuestas y propuestas, el compatriota Britto llama a prohibir el derecho a huelga del sector público. A más de uno ha dejado esta propuesta preguntándose qué le pasó a este compatriota. Lo que es cierto, es que refleja la incomprensión de la dialéctica que hay entre el Derecho a la Huelga y la defensa de la Revolución.
¿Medidas Administrativas o Medidas Revolucionarias?
Desde un principio, el gobierno bolivariano intentó combatir los distintos males que aquejan al país. Uno de ellos: el de la burocracia. Sin una propuesta alternativa para la estructura de Estado como tal, se intentó controlar al funcionariado público con meras medidas administrativas. Un ejemplo de esto, como muy bien lo explica nuestro camarada Ricardo Galíndez en su artículo “El papel del movimiento obrero en la revolución venezolana”, fue “el intento por parte del gobierno de eliminar la Ley de Carrera Administrativa, lo que solivianta los ánimos de los empleados públicos que ven en esta medida un ataque contra derechos fundamentales conquistados por ellos que se refieren entre otros a la estabilidad laboral, al fuero maternal y sindical.” (ETO #8, 3/Septiembre/2004). Además de crear un claro conflicto entre los intereses de los empleados públicos como parte de la clase trabajadora, este hecho permitió la vuelta a escena de la desprestigiada y desacreditada burocracia cetevista.
Así, vemos como tan siquiera el intento de corregir un problema estructural con una medida puramente administrativa en la realidad no es capaz de resolver el problema de la burocracia, sino que temporalmente se convirtió en su contrario, resucitando por un rato a la burocracia sindical. El problema de la burocracia no se debe a un asunto meramente de individualidades, sino a toda una estructura de Estado que no es posible reformar, sino que debe ser suplantado revolucionariamente por un (semi)Estado de los trabajadores y los sectores populares organizado en Asambleas Revolucionarias de delegados elegibles y revocables democráticamente a nivel local, regional y nacional.
Igualmente podemos recordar como para intentar derrotar la burocracia que tenía secuestrada la entonces mayor central obrera del país (CTV) se intentaron tomar atajos que no llevaron sino a resultados desastrosos para el avance del proceso revolucionario. En este sentido, nos referimos a “la realización del referéndum sindical donde son convocados curas, militares y hasta los perros de la burguesía a que voten sobre un problema sindical.”(R. Galíndez, Ob. cit.) y que va seguido posteriormente de la nominación del actual Ministro de Educación y Deportes, Aristóbulo Istúriz, que no contaba con un arraigo en el movimiento sindical, como Presidente de la CTV. En lugar de solucionar el problema, el atajo intentado hizo retroceder el avance de las bases obreras revolucionarias y que la corrupta aristocracia obrera que secuestraba la CTV tomara un segundo respiro.
Estos ejemplos deben servir de claras lecciones: la revolución no puede avanzar por medio de meras medidas administrativas, o legislativas. Sólo la movilización revolucionaria de los trabajadores junto a los demás sectores explotados y oprimidos de la sociedad puede hacernos avanzar y defender la revolución de los ataques contrarrevolucionarios. Cualquier intento de atajo, por muy buenas intenciones que se puedan tener, significará un retroceso.
Los “Propósitos de enmienda”
Cuando Britto García indica que “toda huelga del sector público niega a los ciudadanos derechos que la Constitución les acuerda, tales como Educación, Salubridad, Seguridad, Justicia, Defensa” quiere reducir el problema de la lucha de clases a equivaler cualquier lucha de trabajadores cuyo patrón es el Gobierno Bolivariano como una acción reaccionaria. En este sentido, pareciera que se limita a pensar casos como el pasado sabotaje a la industria petrolera que llevaron adelante los gerentes y “meritócratas” reaccionarios. Pero, más grave aún, es que al no comprender el papel protagónico que debe jugar la clase obrera en un proceso revolucionario, no es posible ligar el hecho de que la lucha en defensa del proceso revolucionario debe estar vinculada en todo momento a la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores.
Cuando el compatriota Luis Britto nos plantea la eliminación del derecho a huelga de los empleados públicos, no entiende la relación dialéctica que existe entre los derechos a huelga, organización, nivel de vida, condiciones de trabajo y libertades democráticas. Olvida que en Venezuela, los empleados públicos en los años 1960 fueron puntal fundamental para alcanzar conquistas importantes, con acciones sindicales catalogadas en su época de ilegales, de las cuales precisamente el compatriota Luis Britto, como profesor universitario que es, ha gozado. Olvida que dichas conquistas se extendieron después de ser conquistadas en luchas legales e ilegales, por la vía de otras luchas sindicales y gremiales de carácter legal e ilegal, que afectaban derechos constitucionales de sectores de la ciudadanía, a decir del proponente de eliminar el derecho a huelga, a otros sectores de la población. Todavía recodamos la lucha por el derecho a contratar colectivamente en la década de los 60 por parte de los maestros y por la indexación salarial de los profesores universitarios en la década de los 80, luchas que además “negaban” el derecho a la educación de los millones de alumnos que asistían al sistema público.
Aclaremos para el que tenga alguna duda al respecto: no es el derecho a huelga el que niega derechos a la población entera. Al contrario, es el derecho a huelga de todos los trabajadores manuales e intelectuales de la ciudad y el campo, lo que ha permitido la conquista de importantes reivindicaciones y espacios de libertades democráticas a los sectores explotados y oprimidos de nuestro país.
¿Leyes para frenar la Contrarrevolución?
Adicionalmente, es claro que cuando se proponen enmiendas a la Constitución, se piensa que esta vía puede efectivamente solucionar los problemas que está enfrentando el proceso revolucionario. Pero hemos visto cómo la oligarquía en ningún momento se ha detenido, como no lo ha hecho en ningún país en el que el movimiento revolucionario ha estado en alza, a respetar su propio sistema de leyes. No lo hicieron en otros procesos revolucionarios cuando impulsaron golpes de estados para implementar regímenes fascistas, ni cuando han utilizado paramilitares (o lo siguen haciendo, como es el caso de Colombia) para aplastar las fuerzas revolucionarios. En fin, así como no se detuvieron a plantearse la legalidad cuando intentaron el golpe de abril de 2002, modificaciones a la ley no les impedirán que igualmente intenten acciones desestabilizadoras.
Por los momentos, la correlación de fuerzas se muestra favorable a la revolución, especialmente luego de de la derrota tanto del golpe de estado del 11 de Abril de 2002 como del movimiento sedicioso del 2 de Diciembre del mismo año, de las movilizaciones y marchas regionales y nacionales y de la victoria electoral del pasado 15 de Agosto y ahora nuevamente el 31 de Octubre. Por ello la burguesía se ha replegado e intentan negociar y conciliar, apoyándose en los sectores reformistas y burocráticos. Ante estas presiones, elementos pequeño burgueses o sin vínculos fuertes con la clase obrera pueden ceder a las presiones de la burguesía y plantear, incluso con la “mejor”de las intenciones, propuestas tan reaccionarias y antiobreras como siquiera limitar el derecho a huelga. Sería una reedición del intento de controlar la burocracia por medio de la eliminación de Ley de Carrera Administrativa.
Nuevos ataques a la clase obrera por parte de sectores que se presentan como afines al proceso bolivariano crearán nuestras contradicciones y obligarán a la clase obrera a tomar el papel protagónico que le corresponde. Los intereses de la clase obrera y los de la revolución son los mismos y cualquier intento de oponerlos atenta contra la propia revolución bolivariana. Es por ello que este proceso revolucionario sólo puede mantenerse y avanzar si la clase obrera se pone al frente de ella, que ésta se asuma como un proceso que está destinado a llegar hasta el final, a una economía nacionalizada y planificada democráticamente por los trabajadores y las comunidades a través de un Estado de los trabajadores estructurado desde las bases a través de asambleas revolucionarias de delegados elegibles y revocables democráticamente construidas aprovechando los actuales embriones de poder obrero que tenemos en estructuras organizativas como lo son las UBEs.
Como concluía su artículo el camarada Galíndez, podemos ser optimistas en que “La clase obrera entrará en una dinámica creciente para ocupar el espacio que una revolución social como la bolivariana le tiene destinada en la época imperialista que estamos viviendo, donde las fuerzas burguesas de cada país se muestran incapaces de desarrollar las fuerzas productivas de manera independiente a como las dicta el imperio, así como satisfacer las necesidades básicas de nuestra población.
“Entrará y asumirá tareas como lo hizo el 2D. El momento se está desarrollando. Y hasta es posible que esa entrada de la clase en la escena de la revolución a través de sus organizaciones reivindicativas se presente con la aparición de importantes núcleos de organizaciones políticas del proletariado, lo cual va a contribuir a que la entrada sea no solo en lo reivindicativo sino en lo político, con sus propias demandas de clase y hasta con organizaciones de doble poder, que en este momento existen embriones potenciales del mismo y que lo constituyen las patrullas y las UBEs..” (R. Galíndez, Ob. cit.).
