En mi modesta opinión lo que está sucediendo en Industrias Diana es el hecho social más relevante para esta revolución en los últimos tiempos. La controversia suscitada entre los trabajadores y el Ministro de Alimentación (me abstengo de calificarla todavía de “conflicto”) no es un episodio circunstancial como si fuese un problema de linderos o una reyerta entre vecinos. Es una crisis muy positiva para nuestro proceso, que pone de manifiesto la maduración de una contradicción subyacente en el ámbito de las empresas del Estado.
Ya en las industrias básicas de la CVG hemos visto el desarrollo de esta contradicción y la lucha de los trabajadores. Traigo a colación, por ejemplo, la declaración de Alcides Rivero, trabajador de Alcasa: “…[el] enfrentamiento llega a su máximo nivel, cuando desde la presidencia de Alcasa y su junta directiva, deciden prescindir del contrato para [la] construcción de la quinta línea de producción de aluminio, que desarrollaría la transnacional Glencore. En fin se opusieron al inicio de un proceso de participación de la clase obrera en la gestión de la empresa, como también salieron en defensa de la transnacional…” (Alcides Rivero, “La coherencia de la FBT en Guayana”, Aporrea, 19/11/2010). Sin embargo, el caso de Diana tiene la singularidad de haber quedado bajo control de los trabajadores por voluntad manifiesta del Comandante Chávez. Sin ser un conocedor de la gestión tras los portones (más allá de lo que ofrecen las noticias), los distintos pronunciamientos dan luces para hacerse de un criterio y de una posición.
Creo, sin embargo, que el punto esencial no es que podría estarse cometiendo una injusticia contra la actual dirección de la empresa, ni el cuestionamiento a la calidad de la gestión, ni a la transparencia administrativa, ni siquiera la legitimidad del nombramiento oficial. Haciendo acopio de varias opiniones adversas y diatribas al Consejo de Trabajadores, consigo argumentos como la presunta infiltración de la derecha (sin dar nombres), acusaciones de corrupción (sin mencionar fuentes fidedignas ni proceso alguno ante la Fiscalía), búsqueda de ganancias en lugar del bienestar colectivo, que el control obrero es un espejismo, entre otros señalamientos que tienen una clara connotación de descalificación de la gestión transgredida.
El punto esencial es el problema de la construcción del poder popular en el ámbito económico, que es asimismo un problema crucial en la lucha por establecer las relaciones sociales de producción socialistas. Por eso tenemos en Diana un laboratorio en pleno desarrollo, útil para proyectar perspectivas; he allí su trascendencia. La razón de debate debe ser cómo vamos a comprender los fundamentos económicos del socialismo y el papel protagónico de los trabajadores en su construcción, que deberá ser al mismo tiempo la liquidación de las relaciones capitalistas de explotación. En ese contexto, surge el problema de la relación entre el Estado realmente existente en Venezuela, que aun en manos de un gobierno revolucionario no deja de ser un Estado liberal-burgués. Un problema que escala además a un orden superior: la relación entre el futuro Estado revolucionario y la gestión económica democrática, el vínculo entre el plan central y el ejercicio pleno de la soberanía popular. Industrias Diana nos ofrece nada menos que un brote de emancipación de la clase trabajadora, de desprendimiento de la dependencia patronal capitalista, de ejercicio de responsabilidad social y consciencia política, todo ello mediante la combinación entre el sentido de co-pertenencia al centro de trabajo y de compromiso con el resto de la sociedad. Esta experiencia es lo crucial, lo que en verdad debe importarnos.
Esa singularidad ha dejado perplejos a quienes ven en la insurgencia de los trabajadores de Diana un asunto incomprensible, que pareciera (según ellos) un mero capricho parcelario por conservar nichos de poder, denunciándolo como un “conflicto no laboral” y situado por lo tanto fuera de la legalidad [burguesa]. Desde luego que no es un conflicto laboral, los conflictos laborales no son emancipatorios, son reivindicativos, son reformistas, son de cortas miras, no procuran cambiar el sistema, a veces más bien lo reafirman. Sacudirse al patrón no es sólo una culminación de la lucha de clases, es un acto de poder legítimo del sujeto de trabajo, es un acto de soberanía política y un paso sine qua non para lograr el socialismo y la verdadera libertad. Cuando digo patrón no es sólo el privado, es también el Estado capitalista.
La formación de oligarquías de Estado o mafias burocráticas choca de frente con los trabajadores cuando consiguen organizarse para ejercer la gestión democráticamente. Eso no tiene nada que ver con los problemas inherentes a la gestión, con los errores que se puedan cometer, con los posibles vicios soterrados entre el colectivo laboral. Jamás podrá justificarse vulnerar una experiencia de control democrático de la gestión bajo tales señalamientos, porque la imposición burocrática de la dirección tampoco es en lo más mínimo garantía de rectificación, antes bien tiende a lo contrario, como lo evidencia la nutrida experiencia de los últimos sesenta años de gestión estatal. La democracia obrera es lo más ácido que puede haber contra la discrecionalidad y la corrupción.
Si fuese verdad que el Consejo de Trabajadores haya usurpado la soberanía del colectivo, de todos modos la actitud del ministro no debe ser la de imponer un paracaidista, siendo el caso, sino convocar a la asamblea de todos los trabajadores al diálogo, al debate, a confrontar ideas, a procurar lo que debe hacerse, coordinar con el Estado las líneas estratégicas de la industria de acuerdo al Segundo Plan Socialista Simón Bolívar y cerrar filas ante la seria problemática alimentaria provocada por el boicot fascista. No puede justificarse, bajo circunstancia alguna, una decisión ejecutiva fuera del consenso con los trabajadores, eso niega la participación protagónica y el ejercicio del poder popular, dos banderas fundantes de la Revolución Bolivariana.
En Industrias Diana pareciera haberse encendido la chispa que necesitamos todos para dar ignición general a la participación y emancipación en cada centro de trabajo, su experiencia es algo que debemos ver más de cerca quienes estamos todavía en el letargo de las estructuras patronales. Hay que conversar francamente sobre el alcance y configuración del poder popular en las empresas estratégicas y no estratégicas, acerca de las posibilidades de armonización entre la dirección estatal revolucionaria y la gestión directa de los trabajadores, aupando la lucha por desmontar cualquier oligarquía formal investida falsamente de vanguardia revolucionaria.
land.salvat@gmail.com
