En estas breves líneas no voy a enfocarme en los aspectos propios de la materia constitucional ni sobre los pormenores jurídicos del proyecto de ley antibloqueo, aspectos que dejo a los especialistas.

La idea es apuntar a los elementos esenciales del propósito de fondo del proyecto, que están referidos a lo económico, toda vez que el asedio que sufre el país tiene, por los momentos, un grave impacto en este terreno. Cualquier estrategia económica nacionalista tiene, por necesidad, que concentrarse en la agresión, siendo éste el factor más determinante del presente escenario. Las eufemísticamente llamadas "sanciones", que no son sino actos de guerra contra un Estado y un pueblo, constituyen un hecho público y notorio de destrucción de la vida económica, y negar este propósito, que los representantes de Estados Unidos han hecho explícito, es una estupidez.

Ahora bien, toda estretegia debe ser coherente con la filosofía y los principios del proyecto bolivariano. También debe ser cónsona con el actual ordenamiento constitucional y legal, mientras tenga vigencia. Si es antimperialista ha de estar apegada a la defensa y al cuidado de la soberanía nacional frente a cualquier interés externo. Pero en el caso de la mencionada ley, que tiene un cometido estretégico, se revelan contradicciones en todos estos órdenes, que tienen, en mi opinión, una raíz objetiva y algunos componentes subjetivos determinantes.

La raíz objetiva es sencilla de identificar. Como sabemos hasta el cansancio, en nuestro país ha regido por muchas décadas un capitalismo importador basado en el estímulo de los ingresos petroleros. Las diversas políticas de modernización productiva promovidas entre 1950 y 2013 no condujeron a un desenganche de esa dependencia.

Estamos atados al poder de los capitales globales que monopolizan la tecnología, esto es, el poder sobre la producción de medios de producción. Venezuela tiene muy escasas capacidades autárquicas para enfrentar un bloqueo y no hubo una preparación visionaria sobre esa posibilidad entre 2003 y 2013, aun cuando el Comandante Chávez promovió múltiples proyectos, algunos de los cuales fueron sistemáticamente saboteados desde PDVSA bajo la presidencia de Rafael Ramírez. Entre esos proyectos están el criogénico de occidente, el de reemplazo de gasolina por gas, el de los parques eólicos, la modernización de las refinerías, etc. El último esfuerzo de gran aliento de Chávez fue el Plan de la Patria 2013-2019 (PDLP), que quedó en el papel.

Este marco estructural es la base de la ya inexorable necesidad del gobierno por pedir el auxilio de los capitales extranjeros mayoritariamente adscritos a las potencias emergentes. Maduro ha sabido aprovechar la herencia de las alianzas de la república con estas potencias, forjadas por Chávez. La necesidad es especialmente aguda en los sectores petrolero y de refinación, principales blancos del bloqueo. Al impedirse la comercialización, los capitales asociados en las empresas mixtas han visto una contracción de sus beneficios, pero son renuentes a renunciar a los yacimientos del futuro, los de crudo pesado de la Faja del Orinoco. Tampoco quieren abandonar los yacimientos medianos y livianos del occidente. Estos capitales, como medio de continuar allí en un escenario de bloqueo unilateral de Estados Unidos, están a la expectativa de medidas compensatorias de riesgo, y he ahí el meollo. Se trata de la flexibilización del control operacional y sobre el alcance de la participación en las empresas mixtas.

Veamos ahora lo que observo como las claves del proyecto de ley:

1. Lo que llaman allí "desaplicación" de leyes es poner un "by pass" en los procedimientos administrativos que faciliten las operaciones de los capitales extranjeros y nacionales. Por ejemplo, una ley a desaplicar es la que reserva al Estado las actividades conexas. Con la ley antibloqueo, en realidad el gobierno buscaría dar legalidad a lo que vienen siendo prácticas forzosas en las relaciones con terceros.

2. Flexibilizar el control operacional y accionario en las actividades petrolera y minera. Actualmente se ha tratado de constituir empresas mixtas de servicios con mayoría accionaria del privado.

3. Flexibilizar el régimen de contrataciones. De este modo, se pondría puntos suspensivos a Ley de Contrataciones Públicas.

4. Liberalizar los mercados, otorgando amplias facultades de comercio a los privados. Esta liberalización ya se ha producido en los hechos.

5. Garantizar la protección a las inversiones extranjeras. En este punto, se trataría de otorgar algo así como una póliza amplia de riesgo, asegurando ganancias atractivas en escenarios adversos. Los privados siempre buscan maximizar sus ganancias y minimizar costos y riesgos. Los aspectos esenciales involucrados allí serían el tributario y el dominio sobre la comercialización (ley de impuesto sobre la renta, ley orgánica de hidrocarburos, etc.)

6. Aceptar tribunales extranjeros para resolver controversias.

Este conjunto de dispositivos es la sinceración de una deriva que viene desde 2016, en que los precios del petróleo caen a sus mínimos y comienza la escalada del asedio. Ante una caída tan brutal del PIB y de los ingresos fiscales, bloqueados como estamos por los cuatro costados, al gobierno no le queda más que acudir a quienes tienen poder para invertir. Es decir, a los capitales extranjeros, "amigos" y no tan amigos que todavía permanecen o podrían postular en empresas mixtas.

Ya desde 2013 el gobierno había metido en la gaveta el PDLP 2013-2019; clamó una conciliación con los empresarios y descartó la formación de un bloque con los trabajadores para enfrentar la agresión. Dada la negativa a una conciliación por parte del poder trasnacional occidental, la práctica fue dejar hacer, dejar pasar. Bajo un plan contingente bien estructurado, los trabajadores habrían formado una plataforma de control social capaz de soportar los efectos del bloqueo y preservar la soberanía sobre nuestros recursos en condiciones más adecuadas frente a las alianzas.

A estas alturas, el gobierno de Maduro, proclamado socialista, ruega por una restauración de las bases funcionales del capitalismo desde la reconfiguración de sus actores dominantes, que no son otros que los que pueden poner músculo financiero, material y logístico. Pero esos actores no vienen en nombre del internacionalismo proletario, por mucho que puedan estar en disonancia con Occidente. La lógica del capital es universal y no resulta afin a la soberanía de los Estados periféricos. Es sobre el objetivo de dicha restauración como ha sido concebido el proyecto de ley antibloqueo.