Con la imposición del bloqueo financiero-comercial desde 2016, que cerró la fase de boicot y repliegue de capitales trasnacionales (2012-2016), el sistema económico venezolano quedó bajo estado de sitio, provocando la suspensión funcional del capitalismo rentístico petrolero. Esto no debe ser confundido con una crisis endógena de nuestro viejo modelo, puesto que responde a una confrontación geopolítica y a una agresión de Estados Unidos, no a un agotamiento funcional. Un balazo en el hígado no significa que el hígado estuviera gravemente enfermo. Es cierto que la fuerte reducción de precios entre 2014 y 2017 contribuyó significativamente a la contracción de los ingresos petroleros y del PIB, pero se trató de una situación coyuntural padecida por todos los exportadores.

Sí es relevante el hecho que los principales yacimientos del país son de crudo pesado y extrapesado, de extracción y procesamiento más costoso, siendo razonable que la paulatina migración de la cesta de exportación a estos crudos conduzca a una reducción relativa de renta diferencial en un futuro de recuperación de la capacidad de extracción y comercialización, con o sin bloqueo [1].

Es un hecho que el gobierno persigue la recuperación de la producción y la exportación de hidrocarburos apoyado en las alianzas e intereses energéticos que hacen caso omiso de las amenazas de Estados Unidos, incluyendo capitales occidentales. Aun así el empeño ha sido cuesta arriba por la parsimonia del flujo de inversión extranjera, por la confiscación de activos y por la ausencia de crédito externo en la magnitud requerida, cerrados como están los canales multilaterales, obligando al gobierno a ceder prerrogativas y ofrecer garantías a los capitales y gobiernos dispuestos a apalancar la recuperación bajo atractivos esquemas de negocios y acceso privilegiado a las reservas de petróleo más grandes del planeta, mirando principalmente hacia el futuro.

La estrategia no sólo está focalizada en el sector petrolero, el gobierno ha puesto su atención en todo el espectro minero [2], completando así una perspectiva extractivista amplia que comprende la minería tradicional (hierro, bauxita, carbón…) y renglones que vienen ganando relevancia, como el oro o el coltán [3], bajo el objetivo de conseguir ingresos fiscales de emergencia. Esto va en paralelo con medidas legales como la Ley Antibloqueo y proyectos de reforma de las leyes que regulan la actividad petrolera y minera [4]; también de las leyes y normas tributarias (Código Orgánico Tributario, Ley del Impuesto al Valor Agregado, ANC 2020). Por otra parte, están en curso diversas formas asociativas con inversores nacionales y extranjeros, contrataciones laxas y facilidades operacionales, esperando brindar un marco de rentabilidad, seguridad y fluidez a los capitales dispuestos a correr los riesgos de las sanciones a cambio de elevadas tasas de ganancia, bajos impuestos, exenciones, exoneraciones, estímulos aduaneros y bajas regalías.

Hay un delicado equilibrio entre la recuperación fiscal y la recuperación económica, pero la concesión de prerrogativas apunta por ahora más a la segunda que a la primera, si bien la minería es una apuesta inmediata a las necesidades fiscales. La tradicional preeminencia de la recuperación económica apoyada en la acción fiscal da un giro por la consecución de fuentes fiscales logradas gracias a la recuperación económica, que se espera sea motorizada por el capital privado corporativo. El salto cualitativo entre el “rentismo” estatal y la nueva fiscalidad parece estar implícita en las políticas de alianzas del gobierno, lo que es aun más claro con la introducción del proyecto de Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales (ZEE). El gobierno es explícitamente consciente de la urgencia de una recuperación no rentística, una inclinación atípica hacia la formación de PIB no petrolero que a su vez proporcione ingresos fiscales “normales” suficientes para promover las políticas sociales y el funcionamiento del Estado, como debe suceder en una economía capitalista “normal”, no aquejada de la “enfermedad holandesa”. Ese PIB no petrolero es principalmente minero, pero el gobierno parece estar apuntando también a las inversiones en el sector manufacturero, y es allí donde entran a jugar las ZEE.

En una economía petrolera rentística las ZEE no son viables, puesto que éstas son enclaves para el aprovechamiento de fuerza de trabajo muy barata, no están concebidas como plataformas para el dominio de recursos naturales (con lo cual serían simples regímenes concesionarios). Las ZEE no son aplicables en países periféricos de salarios relativos altos, su razón es el desarrollo de procesos de maquila soportados en infraestructuras y otros beneficios conferidos por el Estado. En el caso de China, están insertas en la estrategia histórica de atracción de inversión extranjera plenamente orientada a la exportación, que es lo que estimuló la migración de capital productivo y de tecnología desde Occidente. [5]

Si bien Venezuela puede ofrecer actualmente bajos salarios relativos dentro del promedio de la región, además de energía barata (de darse una pronta recuperación de la generación eléctrica para el uso industrial), habría que imaginarse la instalación de fábricas capaces de competir en América del Sur no sólo con China, sino con Vietnam, India o Singapur, grandes proveedores de las marcas corporativas. Es de advertir que, en América Latina, una potencia maquiladora como México ha sufrido el embate arrollador de China. En gran medida la maquila en Asia es un vasto y complejo sistema de subcontrataciones y superexplotación del trabajo contra el que resulta difícil competir. ¿Qué beneficio fiscal puede vislumbrar este esquema si las ZEE, además de bajos salarios y flexibilidad laboral, también gozarán de generosos “estímulos” tributarios? De momento, ninguno, pero sí cabe esperar que contribuyan con la ocupación y el crecimiento, indistintamente de que comencemos a exportar plusvalía, como hace toda la periferia global bien comportada. Las ZEE quedarán así por completo supeditadas al propósito de recuperación económica, antes que fiscal.

De llevarse a cabo una recuperación sustancial, fundada o no en el potencial petrolero-gasífero que tiene el país, haría que Venezuela finalmente se desprenda de la hegemonía de Estados Unidos para cobijarse en el regazo de los capitales y aliados no pro-occidentales, especialmente del eje sino-ruso y, desde luego, dislocando en alguna medida las transacciones comerciales de la esfera del dólar. Vendría a ser un modelo más o menos émulo de Irán, algo que puede desdibujarse si se llega a un consenso en México con la venia de los Halcones y las Arpías. Pero sea que Estados Unidos prosiga o no en su cretina y fallida política de cerco, sea que acceda o no a una reinserción en la economía venezolana compartiendo intereses con Rusia y China, nada de lo que hace el gobierno o pretende hacer tiene que ver con alguna proyección socialista ni nada parecido. El socialismo planteado por Chávez es un anacronismo retórico en boca de Maduro, inviable objetiva y subjetivamente bajo las presentes circunstancias y el actual liderazgo.

Además de una recuperación en lo cuantitativo, la visión de largo aliento es una normalización capitalista desprendida tanto de la dependencia de la renta petrolera como del influjo norteamericano. Por ahora esto es más deseo que realidad, pero las acciones que apuntan en esa dirección son elocuentes. Con ello estaríamos transitando desde el actual escenario de un régimen mercantil sitiado, aunque resiliente, a una mezcla algo rara de extractivismo de amplio espectro con maquila. No obstante, lo más probable, en el mejor de los casos, suponiendo la permanencia en el poder del PSUV, es un prolongado proceso de recuperación nuevamente soportado en el sector hidrocarburífero y dentro de un emergente esquema de enclave trasnacional tutelado, desprendido de Occidente tanto como pueda llegar a estarlo el propio bloque oriental.

Notas y referencias:

[1] La renta diferencial petrolera es la ganancia extraordinaria que se produce por los diferentes costos de explotación en cada país exportador, dados un precio común y una tasa de ganancia media, y en función de la demanda. Las diferencias en los costos no obedecen a los patrones técnicos, sino a las exigencias de los yacimientos y a las características específicas de los crudos. La ganancia extraordinaria no tiene contrapartida en la generación interna de valor. Los países de mayor renta diferencial son Arabia Saudita y los reinos petroleros de la península árabe.

[2] “Potencialidades. Minerales priorizados para la generación de divisas producto de la exportación. Minerales priorizados para impulsar la diversificación productiva de la industria nacional”; sin fecha. http://www.desarrollominero.gob.ve/potencialidades-3/.

[3] “Venezuela inaugura planta de concentración de Coltán”, 18/10/2018. https://www.telesurtv.net/news/venezuela-planta-concentracion-coltan-maduro-20181018-0067.html

[4] Véase: “Comisión de Energía y Petróleo inició discusión sobre Ley de Hidrocarburos”, 16/04/2021; “Reforma de Ley de Hidrocarburos garantizará inversión extranjera en la producción de crudo”, 07/04/2021; “Cámara de Petróleo y Asociación del Gas presentan propuestas para reforma de la Ley de Hidrocarburos”, 26/05/2021. [http://www.asambleanacional.gob.ve.]

[5] Esto está en curso de agotarse como efecto del crecimiento de los salarios nativos, por eso el gobierno chino está rediseñando la política económica hacia un mayor peso del mercado interno en combinación con un esquema competitivo de alta tecnología más afín al alemán. Véase: Mitali Das and Papa N’Diaye. “Chronicle of a Decline Foretold: Has China Reached the Lewis Turning Point?” (FMI, january 2013.) Véase: “The great employment transformation in China” (Working Paper No. 195, 2015, International Labour Office, Geneva.): “What is quite clear is that in the post-reform period since 1992, real wages have consistently risen for regular employment in the modern sector. This has been concomitant with the restructuring and the process of rising regular employment…” (p. 42)

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