Tomado de Soberanía Venezuela
Intentaré en las líneas que siguen un abordaje del tema de la burocracia partiendo de una lectura sobre lo que se ha entendido por burocratismo y su connotación en el marco de las contradicciones intestinas de la experiencia bolivariana, sin dejar de hacer un recorrido por algunos importantes documentos de distintas épocas y latitudes, no con el ánimo de propiciar un tratamiento académico o sociológico, sino de identificar el alcance político del problema respecto al esfuerzo revolucionario que emprendió Hugo Chávez.
Mandel (1969 / 2009) comprende a la burocracia como epifenómeno. Deja colar una connotación marginal y también residual, como si fuera un ripio inevitable aunque previsiblemente inocuo en la forja del nuevo Estado. Para la visión marxista originaria, la burocracia desaparecería automáticamente con la revolución proletaria, y la misma ética de la revolución ofrecería la garantía contra un nuevo burocratismo. Un Estado burocrático tendría que ser, dialécticamente, contrarrevolucionario. Siendo como sea la burocracia un subproducto de las modernas formaciones sociales, obliga a tratar más detenidamente el “en sí y para sí” de su corporeidad social y política, pensar si es necesaria su impostura en toda experiencia revolucionaria de la toma del poder.
El aparato estatal del siglo XX se supeditó al comando de la burguesía, apareciendo la tecno-burocracia en el emergente mapa de la división social del trabajo, en tanto ejecutora y articuladora de políticas públicas, dando estabilidad, fluidez, legitimidad y viabilidad a la acumulación de capital con amplio soporte en el ámbito público. Hay que detenerse, sin embargo, a observar el contenido histórico de la burocracia moderna, a fin de evitar abstracciones abusivas. No entran en el mismo saco conceptual el ideal de burocracia weberiana o la tecnoestructura de Galbraith; ni la burocracia soviética, la china o la latinoamericana, asociada esta última a relaciones de dependencia.[1] Hay que observar también el rol que la burocracia juega frente al antagonismo de clases, considerando, en nuestro caso, el desarrollo centro-periférico del capitalismo global y los propios procesos históricos independientes que se combinaron para formar parte de ese desarrollo.
Es conveniente observar esas particularidades para precisar el problema presente del burocratismo en la proyección del socialismo, del burocratismo como noción y de su implicación en el caso concreto del proceso bolivariano. El objetivo es avanzar hacia una comprensión del alcance y de la potencia histórica de la burocratización, pero anticipando que dicho alcance no consiste en un problema de la organización o un producto del atraso, sino un desafío político que se expresa en un antagonismo estructural que, como tal, encara la personificación de intereses particulares. Como problema político, la burocratización es entonces un problema de poder. Nuestro estamento burocrático es parte integral del sistema que se aspira superar, no un producto de la lucha.
En Venezuela, la burocracia, asumida como estamento de dirección, es decir, político, formada por gente de carne y hueso, se articuló como una bisagra funcional entre la esfera privada trasnacional y el Estado en su papel de administrador primario de la renta petrolera. Desde 1958 se ha expresado a través de los partidos clientelar-populistas (AD, Copei), como lo hace ahora a través del PSUV. Pero, antes de avanzar, se ofrece un examen somero sobre los antecedentes del burocratismo y la burocracia para aclarar mejor estas categorías y plantear un marco de acción para el debate.
I. Preliminar (el funcionariado como producto de la división social del trabajo)
El funcionariado no es un producto exclusivo del moderno Estado burgués: se halla en los Estados de la antigüedad. Normalmente identificado con estamentos sacerdotales y militares, pero también con aparatos administrativos civiles, el funcionariado deviene por la necesidad de legitimar prácticas de regulación social a través de la autoridad formal. Los funcionarios frecuentemente tenían investiduras teocráticas, hereditarias o místicas, que ponen de manifiesto fuertes estratificaciones y divisiones de clase. En sociedades como las mediterráneas antiguas, que Darcy Ribeiro introduce bajo la fórmula de imperios mercantiles esclavistas, la división social del trabajo alcanzó niveles de definición jurídica rigurosa, cercana en su forma a las divisiones místicas de las sociedades de castas, con máxima expresión en el mundo romano.
Antes de la aparición del funcionariado moderno, hallamos en la sociedad feudal europea un complejo sistema estamental de carácter funcional configurado principalmente en la Iglesia. En China, con el mandarinato, tenemos otro gran ejemplo. El funcionariado moderno da sus primeros pasos con la aparición de los imperios absolutistas, que en España adquiere su esplendor con los Borbones (siglo XVII). En estos imperios corre parejo con el germen de los Estados nacionales. Mientras en las sociedades feudales europeas difícilmente puede hablarse de la existencia de algún tipo de burocracia en el sentido administrativo, aparte de la eclesiástica, en los imperios absolutistas el funcionariado se entroniza por la necesidad de administrar dominios muy extensos y muy prósperos en riqueza extractiva y agrícola.
En la América luso-española, el aparato administrativo alcanzó gran complejidad, con robustos sustratos jurídicos y políticos. Los españoles se reservaban las posiciones de mando en las divisiones políticas del imperio, encabezadas por el virrey, cuya misión principal era garantizar los monopolios o estancos comerciales y de explotación de la corona, que les ofrecía a ellos sus emolumentos y su poder. En el período borbónico, ese aparato se relacionó ásperamente con la clase terrateniente criolla que, restringida en su acceso al poder administrativo por el derecho de sangre, canalizaba las exportaciones a través del control expeditivo de los puertos imperiales, alcanzando el culmen con la reserva absoluta conferida en Venezuela a la Compañía Guipuzcoana.
La república heredó la tradición administrativa del absolutismo, que coexistió algún tiempo con la esclavitud. En Venezuela, el funcionariado fue ante todo la personificación política de la clase terrateniente, a la cual se plegó una élite parasitaria de tinterillos en un contexto de miseria generalizada y conflictividad civil crónica. Si bien la experiencia modernizadora de Guzmán Blanco avanzó en la formación de un Estado burocrático, fue durante el gobierno de Gómez cuando muta el aparato decimonónico a una estructura acorde con las nuevas exigencias del enclave petrolero. Pero la tradición de la división social del trabajo que impregnó al alto funcionariado desde la colonia, caracterizada por el horror a los oficios manuales, el elitismo y la persecución de estatus, dejó impresa su huella genética en la idiosincracia de los jerarcas de la modernidad.
Si durante la colonia la “corrupción” de los funcionarios, entendida ésta como la violación de los derechos de la corona a través del contrabando, las comisiones comerciales y el robo, llegó a ser endémica, durante la república temprana y el gomezato, escalar en posiciones de poder en el Estado ofrecía la promesa de enriquecimiento fácil, lo que se hizo mayúsculo al sobrevenir las concesiones petroleras. No parece desdeñable reconocer así un “hilo conductor” entre la cultura político-administrativa del funcionariado colonial y el aparato estatal del enclave petrolero, basado en la parasitación de rentas. Lo esencial es que el funcionario llega menos para servir que para servirse bajo la mampara de las obligaciones del cargo, con frecuencia auténticas sinecuras. Se establece un precario quid pro quo entre la posición y el deber, entre el emolumento y el resultado, entre el estatus y la utilidad del cargo.
Curiosamente, la ventaja del funcionariado fue la “asociación” oportunista (legal e/o ilegal) con los intereses comerciales y económicos de las potencias europeas, ampliada luego a la emergente potencia “americana”: con Holanda y Francia (durante los Borbones), con Inglaterra (Guzmán Blanco); con Inglaterra-Holanda (Shell); con Estados Unidos (Standard Oil). El Estado forjado por los andinos, dictatorial y definitivamente rentista en su segunda mitad, es la base de la institucionalidad actual fundida en el capitalismo rentístico.
El funcionariado arcaico de los doctorcitos, los vástagos de la aristocracia terrateniente, cede el paso a la formación de nuestra burocracia vernácula. El moderno funcionario de dirección, que no tiene prerrogativas de sangre ni mide su poder en hectáreas, proyecta, no obstante, el don de mando facultado por el jerarca-ungido, persistente en nuestra república democrática. La discrecionalidad, el parasitismo, la picardía, la indolencia y, en general, el disfrute y ejercicio del poder institucional como un fin en sí mismo [Mandel], aunado a sus ventajas futuras, devienen fluidas, en buena medida, desde la fundación de la república.
II. La burocracia y el capitalismo
Trataré de ir haciendo algunos deslindes conceptuales. La noción de burocracia, a pesar de la categorización sociológica y pretendidamente universal de Weber, sigue siendo vaga en nuestro sentido común. Por burocracia se ha tomado al funcionariado estatal en extenso; o al de dirección, que en la Unión Soviética se llamó nomenklatura y que Mandel la tildó de burocracia obrera. Hay una perceptiva de funcionalidad (la burocracia como una necesidad histórica de la división social del trabajo), propia de la concepción de Weber, que contrasta con otra de patología social (la burocracia como anquilosamiento de la gestión del Estado). Hay una acepción ontológica: la burocracia como una entidad social o estamento; frente a otra fenomenológica: la burocracia como proceso de relaciones institucionales. El burocratismo se ha tomado, desde la acepción fenomenológica, como la proliferación de los vicios orgánicos del ejercicio funcionarial, los cuales menoscaban la racionalidad, los fines, la eficacia y la eficiencia de la gestión pública o dañan el patrimonio del Estado. Esta perceptiva, popularizada por la sátira kafkiana, enfatiza en lo ético y lo organizativo, siendo dominante en el tratamiento que ofrece el Ché Guevara de los problemas del nuevo Estado revolucionario en Cuba (1963). Burocracia y burocratismo vendrían a ser sinónimos en determinado contexto discursivo. El burocratismo es así no un problema de poder, sino de la organización.
El aparato funcionarial del Estado burgués emerge con la propia formación de los linderos de la nación, dándose una diversificación histórica según el respectivo sustrato genético, tomando en cuenta la relación metrópoli-periferia y las condiciones particulares de cada espacio geopolítico. Atrás comenté la formación del funcionariado de los imperios absolutistas como un precedente de las configuraciones ulteriores de la república emancipada. El proceso de independencia de Estados Unidos y luego la Revolución Francesa ejercieron, como sabemos, poderosas influencias para la modernización a escala global, que a su vez comprende la organización del Estado. Las complejas derivaciones históricas, que engloban experiencias tan disímiles como las de Estados Unidos (presidencialista y calvinista), Inglaterra (parlamentaria), Francia (bonapartista) o Alemania (prusiana), ponen sus propios sellos en la estructura de mando institucional burguesa y en la formación de sus aparatos burocráticos.
El desarrollo de las fuerzas productivas obliga a una organización estatal cada vez más tecnificada. La creciente subsunción del Estado al capital moldea la formación del sector público según cada exigencia concreta, con un mayor o menor liberalismo según la amplitud del espacio vital del capital industrial. El desarrollo del imperialismo capitalista y los eventos bélicos ulteriores, poco a poco van hilando la institucionalidad asociada al capital y la destrucción de las viejas estructuras estatales dominadas por las aristocracias palaciegas.
Algo importante de mencionar es que la necesidad de intervención estatal, suscitada luego de la Gran Depresión, obligó a un ensanchamiento de la esfera pública y, con ésta, de su plantel funcionarial.[2] El keynesianismo aparece para reforzar esa tendencia a través de la intervención del Estado, que estimuló el consumo y, por ende, contribuyó con la ampliación de los segmentos consumidores desde el mismo Estado. Más tarde, la aparición del estado de bienestar profundizó aun más el fortalecimiento de la esfera pública, hoy en conflictivo retroceso.[3] El estado de bienestar llevó al máximo la gestión estatal en Occidente gracias a los sistemas de seguridad social, lo que demandó un complejo sistema laboral público de servicio colectivo.
III. La burocracia en el capitalismo rentístico venezolano
Ninguno de estos eventos es ajeno al desarrollo de los Estados de la periferia. El colonialismo, las inversiones de enclave y el imperialismo han contribuido a modelar los Estados periféricos con distintas consecuencias. En Venezuela, la relación entre el emergente Estado gomecista y las compañías petroleras determinó en buena medida el germen del aparato institucional moderno, que se va haciendo más sólido en la medida que aumenta la renta petrolera fiscal, proceso cuyo principal desarrollo ocurre entre inicios de la década de los 20 y el año 1943, cuando se promulgan la Ley de Hidrocarburos y la de Impuesto Sobre la Renta. Uno de los resultados de esta creciente disposición de divisas es el ensanchamiento de la demanda de importaciones, la expansión del gasto público y la posibilidad de sostener nuevos segmentos de demanda mediante la propia gestión estatal.[4] A lo largo de los últimos años de Gómez, y de los gobiernos de Eleazar López y de Isaías Medina, se desarrollan nuevos segmentos asalariados y nuevos estratos medios de ingreso vinculados al Estado, creando las bases de lo que será el sistema populista de gestión, que madurará plenamente con la democracia representativa instaurada a partir de 1958.
El Estado petrolero adquiere un poder y unas dimensiones sin parangón, erigiéndose en el eje de la sociedad de clases que termina por definir la formación social modelada por el capitalismo rentístico. Se dan entonces las condiciones para constituir un aparato que no sólo administra a un Estado subsumido a las reglas del capital, sino que recibe en sus manos una parte creciente de la renta petrolera internacional, pasando a mediar entre los intereses de las compañías extranjeras y los de una emergente élite empresarial criolla. La absorción de esa renta determina la concomitancia de la lucha por lograr su tajada, el ensanchamiento del mercado interno, que exige alimentar la demanda, y la maximización de las tasas de ganancia. La movilidad social ascendente alumbra una pequeña burguesía sinceramente nacionalista y llena de ilusiones de desarrollo, que ofrecerá cuadros al nuevo plantel público.
La necesidad de crear las bases de la demanda interna como mecanismo de absorción, buena parte de la cual proviene de ingentes segmentos asalariados, obliga al Estado a canalizar el gasto público expansivo favoreciendo a los capitales importadores y financieros, equilibrando a conveniencia del capital la relación antagónica entre los salarios y la ganancia empresarial, al tiempo de garantizar su propia demanda a través del gasto corriente. Esa demanda estatal, que no proviene en su mayor parte de la tributación interna, es decir, de la riqueza creada en el territorio, se transforma en una fuente-espejo de las importaciones soportadas con la renta, fundamentalmente privadas, jugando un papel ambivalente para los intereses del capital, los cuales quedan a merced de la disponibilidad de los ingresos petroleros.
El engrosamiento de la nómina laboral estatal fue indispensable para apuntalar nuestro peculiar modelo de acumulación. La llamada hipertrofia del Estado ha sido, en ese sentido, una necesidad del capital, y lo sigue siendo, pero en el marco de agudas e insalvables contradicciones. Además, hay que agregar otro papel fundamental del Estado, que es la legitimación del ordenamiento socio-político garante de ese esquema rentístico de acumulación. La sustentación clientelar de grandes masas de consumidores acrecienta la formación de estratos medios, nutre las bases sociales de los partidos populistas, aceita y estimula el régimen mercantil.
Esas bases clientelares son un eslabón importante de la formación social contemporánea venezolana. Las luchas populares también han contribuido a formarlas gracias a las demandas de gestión y servicios públicos, la creación del sistema de seguridad social y la conquista del derecho al trabajo, todo ello influido por la aspiración al estado de bienestar y por el influjo de una entonces vigorosa socialdemocracia con alardes de izquierda. Todo este conglomerado social se hace pasivo, se acostumbra a una relación de subordinación obrero-patronal en la cual juega lo mismo el compromiso con el padrino, con el partido o el benefactor de turno, pero es también proclive a la protesta por demandas laborales y beneficios directos. Forma un lazo condicional o pacto tácito con las jerarquías superiores, que deben esforzarse por conservar un mínimo de legitimidad contra el voto-castigo o el conflicto. Confiere soporte político al aparato estatal a la vez que naturaliza la cultura de mando vertical y paternalista. Esto es esencial para una categorización política de la burocracia que capilariza nuestro persistente sistema democrático-representativo.
IV. Burocracia o nomenklatura
No es inusual de nuestro sentido común, acostumbrado a aglutinar términos en hechos o caracterizaciones históricas de distintas fuentes, identificar la burocracia indistintamente con el aparato de dirección estatal, del partido, con la tecnoestructura occidental o la nomenklatura rusa, esto último en lo que toca a la burocracia bolivariana. En nuestra cultura de izquierda, la burocracia política se identificó con el estalinismo, sentando así una doctrina que amerita más cuidado, porque ningún aparato de mando se abstrae de la formación social que lo gesta ni de sus determinaciones históricas.
El desarrollo del enclave petrolero, que formó en principio un Estado fuerte autocrático, persistente hasta 1958, derivó en una democracia presidencialista formal sustentada en el juego electoral de los partidos puntofijistas. Rómulo Betancourt, el cuarto rey de la baraja[5], es el líder de esa derivación, proyectando al partido de masas desde los primeros esbozos del PDN y, con él, la cultura del clientelismo electoral, endémica en Venezuela y otras partes de América Latina. La lucha contra las tiranías alternadas entre 1908 y 1958 fue abanderada por la doble vertiente de la socialdemocracia betancourista y el Partido Comunista, en una ríspida relación de cooperación.
Estos emprendimientos, hechos en la clandestinidad, tuvieron ese aspecto en común con la lucha de los bolcheviques en Rusia, y de tal lucha asimilaron los fundamentos leninistas de la organización del partido. Mientras el PCV los asumió literal y doctrinariamente, Betancourt fue laxo pero estratégico en la organización de un partido de cuadros con la potencialidad de encauzar rápidamente un partido de masas, para lo cual no desestimó el puchismo, el sindicalismo y cualquier alianza táctica que facilitara ese propósito. Betancourt, libre de escrúpulos, antepuso finalmente los medios a los fines o, para mejor decir, circunscribió los fines a una pragmática oportunista y genuflexa a los Estados Unidos. Este líder fue vitrina del nuevo estamento político que asumió las riendas del Estado en 1958, combinando la represión con el populismo de masas, y haciendo de AD el partido hegemónico.
La cultura clientelar del funcionariado se entroniza y se consolida con la pacificación, a fines de los 60. Queda suscrita en definitiva la alianza con los “empresarios” que acumulan sin freno desde 1959, organizados en Fedecámaras.[6] El aparato de AD, dividido dos veces entre 1960 y 1961 y vuelto a dividir en 1967, se acopla al Estado, compartiéndolo amigablemente con el único partido puntofijista que sobrevivió al colapso, el socialcristiano Copei. El “bipartidismo” pone de manifiesto la ligazón demagógica-electoral de la legitimación del aparato de Estado, que debe vérselas con el líder por antonomasia (Betancourt) para bendecir los grupos internos de poder.
El grueso del funcionariado venezolano del período “cuartorrepublicano” fue, ante todo, una pieza pasiva de un engranaje donde los elementos reales de poder eran externos, situados en los despachos de las grandes corporaciones, de los banqueros y del capital comercial importador. El poder no emanaba exactamente del partido, éste fungía de “correa de transmisión” de un poder que fluía desde los cónclaves de grupos económicos, empresas trasnacionales, mafias políticas, buffetes y directamente de Estados Unidos. La alta burocracia se repartía el poder en “feudos” y tribus. Los políticos y funcionarios que de buena fe no se acoplaban a esta cultura terminaban rápidamente fuera del engranaje o atascados en niveles muy subalternos.
Estas determinaciones desde la esfera privada cesaron aparentemente con Chávez, lo que es cierto en parte por la ruptura con Estados Unidos, pero quedó viva la línea de continuidad fundamental que subsume al aparato bolivariano a un modelo de acumulación que siguió intacto. La burocracia cuartorrepublicana, como la bolivariana, entendidas ambas como aparatos de mando, son expresiones de una única cultura burocrática que hace del político-funcionario un socio del proceso interno de acumulación, un “conserje de la renta” que conecta orgánicamente la esfera pública con los intereses de la esfera privada.
La política pública termina rendida a la más pura “lógica” del capitalismo rentístico, girando en torno al jugoso negocio importador. Ni el partido populista ni los gobiernos se meten con el decurso normal del mercado más allá de los poco eficaces controles que de tarde en tarde reclaman los políticos, preocupados de sus plataformas de apoyo, especialmente cuando los desequilibrios “macroeconómicos” o el deterioro social tocan la aldaba del castigo electoral. El sistema económico gravita en torno al Estado porque realmente lo hace en torno a las “divisas”, lejos de alcanzar el Estado y el partido ningún dominio totalizante.
Ni el aparato de Estado ni la élite intelectual fungen como pilares de un proceso de modernización, como en la Unión Soviética; son más bien los “furgones de cola” de una transformación enganchada a la economía de enclave petrolera. No son los productos de una revolución social, son el subproducto de una vorágine capitalista sometida a ciertas condiciones, especialmente la soberanía sobre los yacimientos heredada del derecho colonial y la peculiaridad del negocio petrolero.
La nomenklatura se aferra a unas banderas ideológicas categóricas y dogmáticas que proporcionan energía vital a la acción, para bien o para mal. Sobre ella dice Domenico Losurdo: “es el grupo dirigente en su conjunto el que da muestras de dedicación al trabajo y espíritu de sacrificio. (…) estamos en presencia de un grupo dirigente que… le impulsa una `fe furiosa´, que no se limita al ámbito de este grupo restringido, y tampoco solamente a los miembros del partido comunista.” [Losurdo, 2008]. Esto hace un radical contraste con la burocracia criolla. Ni la burocracia soviética del Estado obrero [Trotsky, 1936, 2012], ni la burocracia venezolana son equivalentes ni resultan de una matriz común, convergente u homogénea, a pesar de compartir algunos rasgos. Los aparatos populistas no han sido “estalinistas” en su faz negativa, sino más bien vivianes o pícaros en sus estilos de ejercicio del poder, más avezados en la medida que adquieren preparación universitaria.
Nuestra burocracia sedimenta en razón histórica del poder conferido: un complejo de oligarquías políticas oportunistas adosadas al sistema interno de acumulación de capital. Por oligarquía doy a entender grupos autónomos de poder o influencia orgánicamente engranados en la sociedad de clases.[7] Se deslinda conceptualmente del estamento laboral formado por los asalariados públicos carentes de jerarquía y de la acepción de la burocracia como organización corporativa funcional. La categorización genérica que se puede proponer para englobar a estos complejos jerarquizados, históricamente devenidos de la legitimación representativa del poder y el desarrollismo dependiente, es la de oligarquía populista de Estado.[8] En rigor, se trata de aparatos de mando transitorios, reservados, verticales, frecuentemente nepóticos, con clara autoconsciencia de su condición efímera, de la cual sacan el máximo provecho. En general el Estado oligárquico niega el control social democrático. El carácter lícito o ilícito de la práctica administrativa no es aquí relevante. Tampoco lo es la mayor o menor eficacia funcional concreta de la gestión, sino el cómo de ésta. La oligarquía surge a partir de la disociación entre las esferas de interés de la dirección y del colectivo, siendo un problema de la praxis del poder.
V. Las oligarquías de Estado desde AD hasta el PSUV
Las jerarquías burocráticas del siglo XX, surgidas en el fragor de la sustitución de importaciones y del desarrollismo doctrinal, gozaron de primacía “ideológica” hasta que a la larga se obligaron a someterse a los dictámenes del FMI. La “tecnocracia” aparece de súbito como el estamento renovado para acabar con el Estado social y tender hacia el ideal-objetivo del mercado en su más puro contenido liberal. La “reconversión” de viejos políticos en capataces de dicha tecnocracia no se hizo esperar, incluyendo sus máximos jerárquicos, Carlos Andrés Pérez II y Rafael Caldera II. El neoliberalismo abrigó el objetivo de aniquilar la burocracia desarrollista e instaurar auténticas e impersonales meritocracias mercadolátras, lo que no dejaba de ser un objetivo tortuoso en el terreno político democrático, donde se precisa jugar a la demagogia.[9]
Los años 90 prometían completar este objetivo en Venezuela a través de la privatización de grandes empresas, las reformas “estructurales” y la apertura que redujo significativamente los impuestos y la regalía de los hidrocarburos. Por supuesto, algunos personajes de AD y Copei pudieron “adecuarse” más o menos fácilmente a la nueva cartilla, incluyendo fariseos de la vieja izquierda como Teodoro Petkoff. La tecnocracia liberal se apodera de PDVSA y todos los ministerios clave, neutralizando resistencias nacionalistas y populistas que se manifestaron, sobre todo, en el Congreso Nacional;[10] promulga el VIII Plan de la Nación, dando rienda a la reforma estructural con al menos 4 grandes alcances: 1.- sector petrolero; 2.- reforma laboral; 3.- reforma tributaria; y 4.- apertura comercial. La nueva ola busca reemplazar al típico funcionario paternalista por una plana gerencial virtuosa minimalista, volcada al servicio incondicional a la esfera privada empresarial, de la cual aspira a ser parte, cuando ya no lo es, emulando el modelo estadounidense.
Ese período marcó el declive definitivo de AD y Copei junto a sus cúpulas y aparatos tradicionales, especialmente la CTV. En medio de algunos estertores y quejidos, marchas y contramarchas, el populismo entró en crisis terminal en 1994, cuando ocurre la quiebra bancaria masiva. La IV república había firmado su sentencia de muerte en 1989. El pueblo llano, es decir, los asalariados, los trabajadores estatales y los pobres, reaccionaron frente al proceso casi a contrapelo de las viejas cúpulas, finalmente emboscadas en 1998. Luego, frente a la catástrofe que prometía Hugo Chávez, el pánico de políticos y tecnócratas selló la alianza que sacrificó al senil jefe populista de AD por un aristócrata valenciano. AD transitó así, de ser el paradigma del populismo socialdemócrata, a un paria arrimado de la tecnocracia liberal y el poder trasnacional. Impotente frente a la fatalidad de la “globalización sin alternativa”, menester era ceder y conservar no más fuera una parcelita de poder, un cuartito de servicio en la nueva casa neoliberal. El nutriente vital de la oligarquía populista de Estado, la renta petrolera fiscal, ya no estaba generosamente compartida en sus manos, como antaño.
Consumado lo peor en 1998, sólo un milagro golpista podría conjurar la desaparición completa de los tirios y troyanos que colmaron el escenario de los 90. Pero no podían prever los burócratas de AD, y parece que nadie más, la paradoja del resurgimiento del funcionariado populista en la Revolución Bolivariana, con otros matices y algunas diferencias superficiales, pero con la misma fisiología. El MVR distaba años luz de parecerse a un partido leninista-betancourista, pero gestaba en su seno un embrión con el AD-N necesario para curtir nuevamente todas las estructuras con la pragmática clientelar, ello en paralelo con el rebrote rentístico que se hizo sentir después de 2003. Lo que estaba en preparación era un complejo y muy contradictorio proceso que haría repetir en parte lo vivido desde el boom petrolero de 1974, esta vez ornado del discurso nacionalista revolucionario, que le brindó a los nuevos burócratas una eficaz coartada ideológica.
Frente a esta deriva, el funcionario revolucionario ha tropezado y tropieza frecuentemente contra el “aparato” y sus intereses subrepticios. Se hallan en algún momento frente a un complejo de decisiones que dependen de personajes colgados en las alturas, zares o faraones corporativos.[11] La jerarquización es tajante: los altos funcionarios caen prisioneros de su investidura, no comulgan con el pueblo llano, no trabajan desde las bases. El esquema obrero-patronal se impone. El complejo de reyecitos aqueja a gobernadores, alcaldes, altos “gerentes”, directores… El disfrute de lujos, el tráfico de influencias y cantidad de otras malas prácticas se despliegan a la vista de todos.
Hugo Chávez demostró conciencia de las contradicciones e inconsistencias de la gesta emprendida, pero la ferocidad de la reacción desatada después de aprobada la nueva Constitución de 1999 obligó a postergar una acción más decidida contra la tumoración del Estado. El Comandante, no obstante, formuló dos estrategias buscando atacar en simultáneo este problema y el frente externo, como si fueran dos caras de la misma moneda: la reforma de la Constitución y la fundación del PSUV. Debe llamar la atención que la primera se convocara a tan corto tiempo de aprobada la nueva carta magna, haciendo evidente que los aspectos más importantes del proyecto político en desarrollo habían sido omitidos en un momento donde no había todavía suficiente madurez teórica ni se contaba con la preparación subjetiva de las masas.
La fundación del PSUV, a su vez, era un llamado a deslastrarse de las macollas y vicios de ese charco aluvial que era el MVR para construir un partido socialista democrático y revolucionario, por las masas y para las masas. El proyecto del Estado comunal y un nuevo partido controlado desde las bases tenía que conducir a la radicalización y profundización de la fortaleza moral del pueblo chavista, propinando una derrota histórica a la burguesía, dando un paso para superar al Estado populista-electoral y minar el espacio vital de la burocracia. El llamado fue explícito, como aparece en el discurso preliminar de la propuesta de reforma. En palabras de Chávez: “La administración pública. Este tema es fundamental, la lucha contra el burocratismo, contra la corrupción, ese es un cáncer que tenemos nosotros dentro de la administración pública. Hemos hecho algunos cambios, pero para nada, ni siquiera cercanos a los que necesitamos.” (Discurso de presentación del Proyecto de Reforma Constitucional ante la Asamblea Nacional, 2007.)
Se trata de una revelación de impotencia conjurada por la esperanza en la reforma. La derrota electoral de 2007 y el boom rentístico fueron, a tenor de lo aquí esgrimido, las dos fuentes principales de la deriva conservadora contra el ímpetu revolucionario desplegado entre 2001 y 2007. Pero en la derrota electoral, con pocas dudas a juzgar por lo vivido, jugó un papel nada despreciable la desmotivación de los aparatos locales, hostiles en la práctica al proyecto del Estado comunal y la democracia de consejos, descontentos además con la exclusión de la posibilidad de reelección continua. Esta es la hipótesis de una reacción conservadora interna como factor determinante de la derrota de 2007, auspiciada por las direcciones políticas en las entidades federales. Chávez no alcanzó a ver en el “burocratismo” algo más que una disfuncionalidad institucional subjetiva, un asunto moral. No vio la gravedad de la aberración política de lo que al menos en apariencia se presentaba como vanguardia.
Con el desenlace de 2007 cesa la potencialidad revolucionaria, que no se volverá a recuperar. El problema de la burocratización sube un peldaño respecto de la consolidación de las oligarquías de Estado durante la cuarta república. Este aspecto se halla detrás del hecho de que las “deformaciones” del MVR, absolutamente naturales en cualquier menestra política semejante, fueron transferidas al PSUV. Se trata de los propios condicionantes de la institucionalidad burguesa, que comprende tanto los amarres prácticos como los ideológicos. Por eso era crucial avanzar en la constitución del Estado comunal, un asunto cuya profundidad no se podía emprender a través de unas simples “leyes del poder popular” que son hoy letra muerta.
El problema de la formación de las oligarquías de Estado no es eminentemente subjetivo, no obedece a alguna mala levadura ni a la mala fe de los responsables elegidos o designados. Batancourt fue un oligarca de Estado, un dictador real o caudillo disfrazado de demócrata dentro de una institucionalidad burguesa atravesada por la hipocresía y la demagogia. Su partido, AD, fue la creación-espejo de su propia personalidad y su severo instinto del poder, no siendo un asunto puramente coyuntural la purga de los jóvenes que fundaron el MIR. Pero él adaptó su aparataje a las reglas de un Estado sujeto al comando trasnacional y a todos sus elementos funcionales devenidos desde el primer reventón de petróleo.
Los funcionarios chavistas no están de ningún modo inspirados en una orientación betancourista, ni sus valores declarados son burgueses, pero al incorporarse a la maquinaria estatal quedan confinados a los cartabones de la institucionalidad clientelar y al entorno dominante del capitalismo, con todas sus determinaciones. El adequismo no se impone por doctrina, sino por esas determinaciones de la práctica del poder. Las “desviaciones” y vicios, que son tomados como epifenómenos, se hacen en realidad inherentes al ejercicio colectivo del poder por un funcionariado que, como todo el pueblo, está sometido al bombardeo ideológico hegemónico y a tenaces e irreflexivas prácticas heredadas, con su propio sistema de valores. Dentro de ese contexto hegemónico, la desviación burocrática del cuerpo colectivo no es “opcional”. Es inevitable.
Ese imperativo determina la matriz estamental. La autoridad es retada a cada momento por el sigilo de los intereses privados que incursionan insuflando la peste del negociado. El buen funcionario se incorpora al sistema, no llega para transformarlo. Es deglutido por éste. Como cuerpo colectivo, sucumbe a los titanes corporativos nacionales y trasnacionales que ejercen un implacable poder de disuasión, frecuentemente contante y sonante. Esos titanes monopolizan el capital, la tecnología, la producción, las relaciones comerciales y financieras, y carecen totalmente de límites morales a pesar de exhibirse en pulcras vitrinas. Los condicionantes prácticos e ideológicos reproducen la cultura populista de Estado, haciéndola indisociable del capitalismo rentístico.
La dirección política de la vanguardia social revolucionaria se erige y se deforma en oligarquía estamental, siendo dos polos dialécticos de la práctica del poder desde tan temprano como 1999. La dirección oportunista procede a contener, consciente o inconscientemente, el acto emancipatorio, lo que equivale a tolerar (e incluso auspiciar) la continuidad del capitalismo periférico y su institucionalidad de soporte. El acto emancipatorio queda negado por el reformismo y el paternalismo populista. El “poder popular” se vuelve una farsa; se reduce a la política de la marginalidad.[12] La línea divisoria entre vanguardia y oligarquía traza así la nebulosa frontera de una antinomia impresa en la práctica concreta del poder. De allí que en un proceso político de confrontación revolucionaria desde las instituciones democrático-formales, la cristalización de la oligarquía populista es una contradicción práctica.
Los vasos comunicantes entre la AD del siglo pasado y el PSUV son los que el medio hegemónico aun vigente hace brotar. Las “convergencias evolutivas” no son casuales, pues tienen por fuente el mismo condicionante histórico. Lo cierto es que el resultado muestra las mismas desviaciones que el Comandante quería suprimir en el MVR. En el PSUV finalmente se asentó una militancia reducida a maquinaria electoral, siendo ésta la verdadera estructura funcional del partido, por cierto bastante similar al viejo aparato de base de AD. A pesar de esto, las masas chavistas no han perdido la condición de una vanguardia social potencialmente revolucionaria y, antes incluso que esto, decididamente antiimperialista.
El partido terminó siendo un reflejo de la propia arquitectura del Estado (en nuestro caso), porque se vuelve un exponente de la arquitectura del verdadero poder, el que proporciona medios financieros, proyección mediática y clientela. Al contrario que la nomenklatura, es el partido el que está incidido por el Estado, como a su imagen y semejanza. De allí que una práctica muy del PSUV, de la cual se guardó AD, es la simultaneidad de mando en el partido y en el Estado. El PSUV es, pues, un partido jerárquico, mediático y centralista-democrático, una negación viva de la “democracia participativa”. Es por esa razón que, en vez de ser una herramienta de la revolución, termina por ser un espejo de la oligarquía de Estado. En ese sentido, el PSUV se volvió un callejón sin salida, un partido castrado en su misión de dirección revolucionaria, ahogando las esperanzas de un vuelco radical.
La dirección política se ha visto obligada a conducir al Estado como lo hicieron todos los gobiernos democráticos del siglo XX, pero tratando de embutir la “ideología” socialista reducida a controles de mercado y estado de bienestar, que hoy en día se resume propagandísticamente en el socialismo bolivariano. Sobran ejemplos publicitarios de identificación de la gestión social del ejecutivo con el socialismo. A decir verdad, en su versión vulgar, aquél es afín a la ideología del utilitarismo de Bentham, muy estimado por El Libertador, de donde procede la máxima de la mayor suma de felicidad posible.[13] Chávez tuvo la gran ocurrencia de las misiones para esquivar o ponerle un “by pass” a la “burocracia”, como dijo alguien por allí, y concebir luego, en sus últimos tiempos, la estrategia del Plan de la Patria en su objetivo histórico Nº 2 como recurso de último minuto para franquear la transición al socialismo (de verdad).[14]
VI. La dirección burocrática inhibió la emergencia del poder popular
Si fue inevitable la constitución de la oligarquía populista de Estado en un país democrático dependiente de los capitales trasnacionales, hay que señalar también su temporalidad, pues aparece asociada a la modernización intrínseca del desarrollismo dependiente, mientras tiende a ceder paso a aparatos técnicos propiamente burgueses y neocolonialistas de administración pública.
Los actuales partidos de derecha se ven en alguna forma obligados a emplear las tácticas demagógicas tradicionales del populismo, de un modo análogo a como los farsantes de izquierda terminan adoptando programas neoliberales en el ejercicio de gobierno. En América Latina, e incluso en otras regiones del mundo, los partidos políticos de todos los colores han ido convergiendo hacia una práctica de homogeneización burguesa fundada en la consolidación de las premisas liberales ortodoxas bajo el marco institucional democrático. Esa convergencia ha venido “fusionando” o desdibujando las oligarquías populistas tradicionales en tecnocracias liberales dirigidas directamente por auténticos capitalistas o sus testaferros.[15]
Venezuela iba por ese camino hasta 1998. Pero el poder hegemónico global del capital no tolera a estas alturas ninguna experiencia nacionalista revolucionaria, ni siquiera en su formalidad; no tolera a gobiernos “progresistas” al estilo del siglo XX, con lo cual la pervivencia de grupos de poder soberanistas y socializantes, aun cuando no sean verdaderamente radicales, son un anacronismo en el marco del dominio imperial, a pesar del multilateralismo a que paradójicamente condujo la globalización. Desde este punto de vista, no tienen viabilidad política dentro del orden hegemónico, debiendo ceder paso a la presión privatizadora y minimalista del Estado, al todo o nada. Esto sigue vigente aun a pesar de la muy reciente incursión del neofascismo imperial proteccionista, como el que encarna Donald Trump.
La muerte de Hugo Chávez, el desplome de los ingresos petroleros en 2014 y el inicio de la ofensiva en el terreno económico, pusieron rápidamente al desnudo el conflicto bipolar entre vanguardia y oligarquía, junto a la cual se expresan a plenitud los principales antagonismos sociales. El gobierno de Nicolás Maduro hace patente en la actualidad la crisis del Estado tradicional a consecuencia del cerco y de la impotencia del estamento gobernante para organizar la fuerza productiva del trabajo, que depende principalmente del ámbito privado y de unas cuantas entidades estatales dirigidas burocráticamente.
Se trata de una deriva necesaria producto del abandono deliberado de las líneas programáticas del Comandante Chávez, conducentes a articular el poder popular. Pero es también un problema genético, el producto de un “mal comienzo”, pues el proceso político iniciado en 1998 no arrancó de la mano del espíritu místico de una vanguardia joven, sino de una avalancha de arribistas de todo pelaje. La opción contra el cerco económico asumido por la dirección política del Estado no consistió en elevar el poder de acción de la clase trabajadora, sino reforzar la autosuficiencia institucional en el contexto de una dramática quiebra moral, debilitando drásticamente la gobernabilidad en el contexto del conflicto.
Las instancias de gestión pública en el ámbito productivo son actualmente caparazones casi vacíos a consecuencia de haberse inhibido, en el momento crucial, la participación vinculante de los trabajadores en el sentido más extenso del término, que de otro modo habría ofrecido una muy distinta capacidad de respuesta frente a la ofensiva imperial. La práctica que cobró fuerza es la de otorgar a intereses privados, nacionales y extranjeros, la iniciativa del rescate de las capacidades productivas, especialmente en el sector petrolero, lo que también se ha intentado con el ámbito privado mediante la “Agenda Económica Bolivariana”. Aquí no juega ya ningún papel relevante la clase trabajadora más que como agente pasivo.
Algunos de esos intereses privados son geopolíticamente antagónicos a Estados Unidos, representados en empresas mixtas rusas, chinas o iraníes. Otros son pro-occidentales y algunos pueden considerarse “neutrales”. Con esto, la actual dirección de Maduro se aferra exclusivamente a la estrategia de Chávez de apoyarse en las alianzas multilaterales, es decir, en aprovechar las propias contradicciones del capitalismo global como recurso para reflotar la economía sin necesidad de ceder a la presión imperial y sin tener que radicalizar. Es una opción salvacionista que tiene por segunda fuente de apoyo el ascendiente clientelar, una realidad palpable del poder político que en las actuales circunstancias todavía detenta el PSUV.
El cerco imperial, y muy en especial la amenaza cierta de una intervención militar, sin duda induce una justificada respuesta popular de resistencia en torno al presidente y al PSUV. Pero el antiimperialismo de las masas colisiona frontalmente con la consolidación de la dirección oligárquica y la obstrucción del poder popular, siendo esto la verdadera tragedia del chavismo. De allí que el estado actual del conflicto destaca el hecho de que el gobierno conserve el poder político-militar a pesar de haber sufrido ya una derrota casi completa en el terreno económico. Ahora bien, las masas clientelares son mucho más que eso, guardan en su seno una identificación histórica con los logros conquistados, con las Misiones y la defensa de la soberanía nacional, tres patrimonios muy caros. El electorado leal legitima una dirección política tomada como vanguardia a pesar de la intuición o la certeza de su constitución burocrática y sus límites: es la única dirección hasta ahora devenida históricamente para anteponer la barricada necesaria contra el enemigo común.
VII. La dirección política ante el panorama de tierra arrasada
El círculo político de los últimos años de la era Chávez cierra su etapa de formación a la sombra del Comandante para demostrar hoy su adultez. Al ser ungido Nicolás Maduro primus inter pares, se inauguró el devenir de una práctica improvisada y reivindicativa cada vez más alejada del programa transformador plasmado en el Plan de la Patria 2013-2019. El círculo, auspiciado y tolerado en su mejor momento por el propio Chávez, tuvo bastante tiempo para familiarizarse con los privilegios del poder y, por sobre todo, apoyarse hábilmente en recursos constitucionales y maniobras legales, como hacen normal y legítimamente los partidos de gobierno en todas las democracias representativas.
Las purgas han estrechado el círculo de veteranos acostumbrados a rotar en los principales ministerios. La actual dirigencia, cada vez más decantada, acusa el drama de tener que enfrentar el ultimátum de Estados Unidos habiendo perdido hace rato la calidad de vanguardia revolucionaria; sin merecer, por lo tanto, el papel histórico que las circunstancias le han impuesto, ni dar muestras de acariciar un sincero golpe de timón. El actual entorno es la cúspide de una institucionalidad que se ha tornado inoperante para ofrecer una respuesta estructurada con las masas.
Desde 2016 viene presentándose de hecho un proceso de descomposición del Estado que bloquea los correajes de mando de la dirección política. Esa situación institucional es imposible de revertir si los sujetos sociales no alcanzan conectividad con la dirección a través de una galvanización de la resistencia integral, con elevada moral colectiva. Hay una institucionalidad sorda a las líneas de control y en buena medida simplemente una “república aérea” o en disolución. Donde colapsa el Estado operan, en su lugar y a su nombre, las organizaciones delictivas que controlan el comercio interno, y más allá de ellas, las prácticas espontáneas ilícitas “autosalvadoras” de funcionarios y trabajadores públicos.
La inviabilidad de transformar al Estado desde arriba ha hecho que la dirección política concentre su propio accionar sobre la base de raquíticas estructuras aun funcionales y de una creciente dosis de demagogia. El entorno del gobierno, así como está ahora, antes que ofrecer la oportunidad de desandar el camino de la burocratización y la improvisación, ampliando, reconociendo y refrescando la dirección con liderazgos críticos leales al proyecto revolucionario, ha reforzado un cerrado espíritu de cuerpo, una actitud paranoide y sectaria.
La corrosión institucional y el exclusivismo cupular se combinan con la cultura estamental del aparato de Estado. La situación de parálisis de buena parte del sistema productivo público y la negativa de los grandes capitales a cesar la hostilidad y aceptar un armisticio, exacerban dos hechos fundamentales: a) el daño a la cohesión de la vanguardia social de la clase trabajadora asalariada; y b) la sustracción prácticamente completa de la economía al control público. En los hechos, la economía nacional está prácticamente liberalizada, con excepción de la energía y unos pocos servicios. En las zonas de frontera el esquema es el de una economía de gueto. La dirección política no podía permitir el acceso de los trabajadores organizados a posiciones estratégicas de gestión económica, pues eso habría terminado por reconfigurar la propia vanguardia política del chavismo, minando los intereses de los grupos de influencia del Estado.
El escenario dominante hoy es el de tierra arrasada. La reacción pone la música y el ritmo en este teatro de operaciones. Habiéndose congelado el proyecto transformador a fondo durante el período 2007-2012, el capitalismo rentístico se fortaleció y con él múltiples esferas de poder. A partir de 2014, en que caen los precios del petróleo, y de 2016, cuando arranca la ofensiva económica desde los cuarteles de Wall Street y el Pentágono, la economía y el Estado quedan a merced de un colapso programado (algo más completo que una “inflación inducida”). Los ingresos fiscales se derrumban en paralelo a un brutal lock out de trasnacionales de capital productivo, lo que provoca la caída en picada del PIB, el ascenso vertiginoso de los precios y la destrucción del salario real, tres tendencias clave para un colapso programado exitoso.
Desde el momento en que el tinglado desestabilizador alcanza su objetivo, la sociedad reacciona con pánico. Los segmentos trabajadores y pobres se abocan a maniobras de flotación y sobrevivencia, con frecuencia perjudicando o estafando al hermano de clase. El capital “neutral” obtiene claras ventajas ante la caída de los salarios, pero la magnitud de la depresión es de tal grado que gira en forma contraproducente por la contracción del consumo. El sistema económico se hace más pronunciadamente comercialista, especulativo y parasitario, proliferando una economía de “bajos fondos” o lumpen-economía.
Resumidamente, el sistema socio-económico es un campo dominado por la reacción en el que se conjugan las acciones de guerra con la reactividad caótica de los sujetos sociales. La institucionalidad se subsume a este campo contrarrevolucionario, donde cobra una fuerza inusitada la alienación, la lumpenización y el veneno ideológico del enemigo de clase. La estructura del Estado, civil y militar, se halla minada por las prácticas delictivas y cuasi-delictivas que han llevado al paroxismo la devastación económica, poniendo a todo el estamento burocrático público en las puertas de su propia negación. Recae sobre las bases chavistas más comprometidas dar la talla frente al más delicado desafío de toda la historia republicana de Venezuela.
VIII. Epílogo: ¿Es utópica la emancipación sin un aparato burocrático de Estado?
Antes de intentar una respuesta a esta interrogante le daré la vuelta por antítesis: ¿es la burocracia inmanente al Estado revolucionario? Las vanguardias políticas que derivan de las convulsiones sociales son expresiones concretas de determinados intereses de clases, estamentos y agrupaciones. Eventualmente encabezan también proyectos históricos cuando detentan teorías y objetivos previamente madurados. La lucha política entraña la toma del poder, con lo cual una vanguardia insurgente cambia de rol al convertirse en gobierno, enrostrando la praxis del poder.[16] Esa dialéctica es la alergia del anarquismo clásico. Lenin prefiguró la teoría del partido y, subsecuentemente, una exhaustiva teoría del Estado formulada a partir del marxismo, aplicable a las circunstancias sociales de la Rusia de hace 100 años. En nuestras tierras, ya hace 200, Bolívar lidiaba con las terribles contradicciones del ejercicio del poder al cerrar el capítulo de las glorias épicas.
El problema avizorado por Marx y seguidores era la necesidad de la coerción contra la burguesía. En el Manifiesto Comunista se habla del dominio del proletariado como clase,[17] en tanto Lenin ofrece un tratamiento, teórico y práctico, diferenciando las etapas de formación del Estado proletario y la ulterior extinción del Estado, esbozada por Engels en el Anti-Düring, no sin cierta ingenuidad o exceso de optimismo en cuanto a la prevención de la formación de la impostura burocrática, de la cual era claramente consciente, como se ve: “…[el control] no debe llevarse a cabo por un Estado de burócratas…” [Lenin; resaltado mío]. El problema crítico para aquel momento era el eslabón de la revolución burguesa en la perspectiva de la toma del poder por la clase obrera.
Ahora bien, una perspectiva de solución, deslindando del neo-anarquismo, podría hallarse en la transitoriedad de la vanguardia revolucionaria asumida como praxis, en la concreción de la insurgencia histórica como subversión permanente y proceso de transición sistémico. El proceso revolucionario lo será mientras no se haga irreversible la transición o lo impida de un todo la reacción. El cierre exitoso del proceso revolucionario equivale a la consolidación del nuevo orden y del nuevo poder de clase, con lo cual la vanguardia (el rol insurgente) se ve impelida a ceder paso al liderazgo estructurante de poder (el rol del Estado). Aquí tal vez está la clave del problema, reconociendo la antinomia entre el proceso de emancipación y la realización del poder insurgente, que refresca el dilema entre reforma o revolución y el asunto crítico de la relación entre la dirección y las masas.
Entraña la contradicción entre el marco ideal y la práctica revolucionaria ya como práctica del poder. El marco ideal comprende los fundamentos políticos y éticos, así como las formulaciones teóricas y los iconos o banderas de la insurgencia, que expresan también las ilusiones y preconcepciones inherentes a los movimientos en su cualidad de vectores culturales. Los movimientos “anti-sistema” abarcan un espectro “ideológico” laxo, con incidencia de corrientes eclécticas, del nihilismo y multitud de anclajes fetichistas (ideológicos, en el sentido que le confiere al término Ludovico Silva) como factores capitales, pero por sobre todo la ausencia de práctica teórica tras la práctica política, lo que lleva a los movimientos a entramparse en esa ciénaga conocida como la realpolitik. Justamente lo que más caracteriza a los actuales movimientos socialistas, de izquierda o “progresistas”, son los contenidos programáticos eclécticos, incoherentes y fatuos (cuando los tienen).
El acceso al poder de un movimiento rupturista, por no decir revolucionario, tiene que pasar la prueba de fuego de la asimilación al sistema que pretende transformar; a ser fagocitado por un aparato digestivo laberíntico que impone, por sobre todas las cosas, su ideología, sus fetiches, sus mieles y su metabolismo.[18] La prueba de fuego de los movimientos actúa primero sobre las vanguardias, que son las que terminan por imprimir el signo y alcance de la práctica política, las verdaderas orientaciones en atención a los intereses en juego. Deberán cruzar una línea de transgresión, si entendemos por tal la frontera programática y práctica de ruptura transformante que define a un movimiento en el poder en calidad de vehículo de subversión y no como una lavada de cara del orden. Es la línea que activa todas las alarmas de la reacción cuando la clase dominante adquiere certeza de la autenticidad del peligro.
Es en este punto cuando deben entrar en escena los revolucionarios en poder del Estado democrático-representativo como catalizadores del movimiento insurgente, siendo este marco institucional el primer gran peligro de anclaje ideológico, y el más determinante. El acceso al control formal del poder ejecutivo tal como es, con todos los anticuerpos políticos y jurídicos del Estado en guardia, es la trampa contemporánea de la potencialidad insurgente, problema ausente en las experiencias revolucionarias del pasado, cuyos centros de poder se levantaron sobre los escombros de los viejos Estados señoriales. Los movimientos “progresistas” son seducidos a administrar estructuras constituidas bajo inamovibles imperativos categóricos, a obedecer las reglas axiomáticas del juego democrático burgués, respaldadas actualmente por astutas “cosmovisiones” postmodernistas.
El Estado democrático-representativo tiene que quedar limitado como vehículo de tránsito para la formación del poder revolucionario y a la vez palestra de la vanguardia. Los sujetos de poder transitorio serán vanguardias… si y sólo si garantizan fidelidad a la formación de auténticos vectores de emancipación. El poder ejecutivo no es ni puede ser la cabeza de un Estado revolucionario, es una estructura antitética al proceso social de emancipación porque es órgano de legitimación y estabilización del orden contemporáneo liberal-burgués.
Creo que el Comandante Chávez comprendió la potencia rupturista del acceso al poder a través de la doctrina constituyente como matriz de la soberanía popular, que es siempre poder originario. Esto lleva a una conclusión: el ejercicio revolucionario del poder debe ser un proceso temporal, de transgresión estructural democrática y de subordinación de la práctica política al movimiento, es decir, de prevalencia del accionar de la vanguardia social sobre los mecanismos institucionales de gobierno. El ejercicio revolucionario del poder sigue siendo necesariamente un proceso de violentación del orden, pero el problema es el cómo.
El Estado accedido por los revolucionarios (que no el “Estado revolucionario”) tiene que dejar de ser para dar paso a las expresiones concretas de ejercicio democrático de la vanguardia social en el proceso de construcción de la política contra-sistémica, de generación del control social en su carácter de dominio simultáneo “desde abajo y desde arriba”, es decir, desde las estructuras de gestión desconcentradas y desde el ejecutivo central; desde el ejercicio de la política por la clase y desde la formulación de la política para la clase. Desde abajo y desde arriba es, a un tiempo, la coacción cívico-militar democrática y la des-estructuración del sistema mercantil capitalista: la horizontalización de la política en la praxis de la clase y las líneas políticas del Estado de los trabajadores.[19]
La antinomia entre emancipación y poder, que se expresa en la antinomia entre el poder popular como proyecto y la corporación democrática-representativa, asumida en la práctica concreta e inmediata del poder, se resuelve en la conservación de la vanguardia política, lo que equivale a negar la subordinación del movimiento democrático a las estructuras formales. La conquista del poder ejecutivo no es más, desde esa perspectiva, que la iniciación de la etapa más delicada del proceso de emancipación y, de suyo, una etapa decisiva de la lucha de clases contemporánea. Equivale, asimismo, a negar la disociación entre la dirección política y la vanguardia social, con lo cual una y otra amalgaman la síntesis entre emancipación y poder, comprendida como praxis transformante y como medio de inversión revolucionaria del sistema socio-económico. El control social cohesiona la política del nuevo Estado con la gestión directa del poder por las masas emancipadas, lo que exige sine qua non el control social (latu sensu) y la propiedad social democrática (strictu sensu) sobre los medios de producción fundamentales.[20] Se postula así la identidad política de la vanguardia con el movimiento en la formación de las estructuras insurgentes de poder. Es la identidad de la política del Estado con la política de las masas, cristalizando la ética de la emancipación como cultura dominante.[21]
Por lo tanto, el poder burocrático, frase que no deja de ser un pleonasmo, no puede ser inmanente al poder revolucionario: es la negación de la vanguardia, luego, del propio poder revolucionario. La vanguardia irá transfigurándose en oligarquía al darse la escisión con el movimiento y perder identidad de clase, convirtiéndose en un fin en sí misma, aunque guarde las formas. La política revolucionaria termina por ceder el paso a la política conservadora y/o a la desmovilización. El proceso constituyente de 1999 podría observarse como un poder revolucionario gracias al alcance táctico de la reforma y la necesidad de dar pasos adelante. Yo hablaría de un poder revolucionario hasta 2007. En adelante tuvimos un presidente-vanguardia (hasta 2012) y una paulatina sedimentación del Estado institucional que subordinó la vanguardia social al poder burocrático en tanto mediador político-funcional. La identidad de la política del Estado con la política de las masas se hizo paulatinamente débil y la gestión directa del poder, en sus dimensiones política y económica, prácticamente nula.
La formación de poder popular, que equivale a control social democrático integral (político, económico, del conocimiento, etc.), es el antídoto de la impostura burocrática y un signo de que el proceso de emancipación-transición realmente se produce, neutralizando las fuentes de ejercicio discrecional del poder a través de la neutralización progresiva de la posibilidad sistémica de lucro conspicuo y privilegio consuntivo. Una visualización más en profundidad de una teoría del proceso de emancipación no cabe en estas líneas, pero es necesario referir que lo esencial es la socialización de la fuerza de trabajo, lo que tendrá que pivotar contra la formación de los grupos de poder en la esfera pública. Pintar así el proceso no ofrecerá más garantía que la que pueda conferir la tenacidad de su emprendimiento y la inteligencia de su estrategia.
Referencias
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Domenico Losurdo. Stalin. Historia y crítica de una leyenda negra. El Viejo Topo, Madrid. 2008.
Eric J. Hobsbawm. Industria e Imperio. Historia de Gran Bretaña desde 1750 hasta nuestros días. Crítica, Barcelona, 1999.
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Francisco Herrera Luque. Los cuatro reyes de la baraja. Grijalbo, Caracas, 1991.
Hugo Chávez. Ahora la batalla es por el sí. Discurso de presentación del Proyecto de Reforma Constitucional ante la Asamblea Nacional, 2007.
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Ignacio Purroy. Estado e industrialización en Venezuela. Vadell Hermanos Editores, Caracas, 1982.
León Trotsky. La revolución traicionada. ¿Qué es y a dónde va la URSS? Editorial Libro Socialista, del Partido Socialista Centroamericano, 2012.
Manuel Ajenjo. “¿La revolución degeneró en gobierno?” El Economista, 2013. /www.eleconomista.com.mx
Salvador Allende. Se abrirán las grandes alamedas. Monte Ávila Editores, Caracas, 2008.
Vladímir Lenin. El Estado y la revolución. Obras escogidas. Editorial Progreso, Moscú. S/F.
Wikipedia, https://es.wikipedia.org.
[1] Dice Marx en la Crítica de la filosofía del Estado de Hegel: “Hegel parte de la separación entre «Estado» y sociedad «burguesa», los «intereses particulares» y «lo universal en sí y para sí» <(§ 288)>; y verdad es que la burocracia se basa en esta separación. (…) Las corporaciones son el materialismo de la burocracia y la burocracia es el espiritualismo de las corporaciones. La corporación es la burocracia de la sociedad burguesa, la burocracia es la corporación del Estado.” [Marx; p. 74. Destacado mío.]
[2] Eric Hobsbawm comenta, por ejemplo, sobre el caso de Gran Bretaña, que acusó una “ampliación del sector público, que en la década de 1950 empleaba el 25 por ciento de los trabajadores ingleses (frente a un 3 por ciento en 1914)…” [1999; p. 234]
[3] “Durante los 70 todos los estados capitalistas avanzados se convirtieron en «estados de bienestar»… y la gente empleada en tales tareas constituía el grueso de los empleados públicos –en Gran Bretaña alrededor del 40 por ciento.” [Hobsbawm, 1999; p. 219]
[4] Es extensa la literatura sobre historia económica de Venezuela que da cuenta de estos procesos. Entre los clásicos se puede consultar la tríada de Domingo Alberto Rangel Capital y Desarrollo, y los libros de Federico Brito Figueroa. Autores tempranos de referencia indispensable en materia petrolera son Salvador de la Plaza, Hector Malavé Mata y Francisco Mieres.
[5] Francisco Herrera Luque, Los cuatro reyes de la baraja. El primer rey de la baraja fue José Antonio Páez; el segundo, Antonio Guzmán Blanco; el tercero, Juan Vicente Gómez. Cada rey de la baraja representa un paradigma de la historia republicana de Venezuela. Falta Chávez, pero no hay un quinto palo en la baraja española…
[6] Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, fundada en 1944.
[7] La definición de oligarquía del Diccionario de la RAE reza: “Forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario.” O bien: “Grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado sector social, económico y político.” El Breve Diccionario Político de la Editorial Progreso de Moscú define así oligarquía: “Poder de unos cuantos, forma de gobierno del Estado explotador, cuando toda la plenitud del poder estatal pertenece a un puñado de ricachos…” [1980] Esta última definición identifica oligarquía con plutocracia.
[8] En Estado e Industrialización en Venezuela, Ignacio Purroy comenta la sugerencia que en su momento hizo Fernando H. Cardoso sobre el “management estatal” asociado al Estado gestor: “Conceptos clásicos como élite «burocrática» o «tecnocrática» no logran caracterizar adecuadamente a este grupo social. No se puede obviar la pregunta de si no sería más correcto hablar de una burguesía estatal, como sugiere F. H. Cardoso. Se trata de un grupo social que no está revestido de la propiedad individual sobre los medios de producción estatales, pero que dispone casi-soberanamente de esos medios de producción, los controla y los emplea con criterios de racionalidad capitalista.” [Purroy, 1982, 276; destacados del autor.] No convengo en esta categorización. El Estado gestor fue un producto necesario del capitalismo de postguerra que se agotó abriendo paso a la globalización neoliberal. Nuestro “management” desarrollista no fue una burguesía (una clase “en sí”), sino un comando corporativo supeditado a las determinaciones del capitalismo de aquellas circunstancias. De hecho, grandes empresas estatales fueron luego privatizadas, como sabemos. Su autonomía fue muy relativa y sujeta a intereses superiores ajenos a los del colectivo nacional (políticos, económicos, comerciales). El “zar” Leopoldo Sucre es más afín a un autarca desarrollista que a un burgués de Estado. Antes que burguesía, creo más apropiado aplicar el término oligarquía para comprender esos aparatos de gerencia de las empresas estatales. Este tema amerita su propio espacio.
[9] “…en cuanto la vida real del Estado se despierta y la sociedad burguesa, por el impulso de su propia razón, se libera de las corporaciones, la burocracia se esfuerza por restaurarlas.” [Marx, Crítica de la filosofía del Estado de Hegel, p. 75]
[10] El propio Leopoldo Sucre, como señala la reseña biográfica de Wikipedia, fue exponente de esta contradicción: “Durante los últimos años de su vida, y particularmente durante su periodo parlamentario, fue un férreo crítico de los planes de privatización de las empresas básicas guayanesas en las discusiones al respecto llevadas a cabo en el extinto Congreso Nacional.” [https://es.wikipedia.org/wiki]
[11] El gran zar de la gestión de Chávez fue Rafael Ramírez, plenipotenciario del ámbito energético. Gobernó con un estilo muy cercano al despotismo. Esta gestión, entre otras, es un laboratorio de la deriva oligárquica que se desató bajo la noble premisa de saldar la deuda social. La PDVSA “roja rojita” fue la expresión panfletaria del sindical-populismo de Ramírez, cuya práctica anti-obrera fue tal vez más ruda que la del sector privado.
[12] Una razón de la inoperancia de las leyes del poder popular es que no confieren centralidad al ejercicio del poder. De un lado está el verdadero Estado, el de la alta política, el burocrático; del otro, el “poder popular,” que queda afuera, en el margen, en el barrio. Es elocuente la idea del “sistema económico comunal” que, como “sistema”, es marginal respecto del sistema axial, el de los grandes negocios, el sistema capitalista. Las “instancias del poder popular” no son el Estado.
[13] “…por lo que sé, la frase se presenta por vez primera en la obra de Hutcheson (1725), luego en la de Beccaria (1764), la massima felicità divisa nel maggior numero…” [Joseph Schumpeter, Historia del análisis económico, p. 172]
[14] Maduro no ha ofrecido ninguna aclaratoria de lo que entiende por socialismo, más allá de las políticas sociales del Estado. Este dirigente, en radical contraste con Chávez, ha hecho gala de una extraña aversión a la reflexión teórica y un apego incondicional al pragmatismo.
[15] Es muy difícil hoy en día diferenciar a un honorable “capitalista” de un capo o mafioso de las finanzas y la industria. Da lo mismo.
[16] Hay una célebre anécdota de la Revolución Mejicana, que ilustra Manuel Ajenjo: “El general Manuel Macario Diéguez fue un destacado carrancista. Entre sus filas se encontraba un pintoresco capitán llamado Juan Trujillo, que siempre se destacó en combates. Cuando menguó la lucha armada y Diéguez fue Gobernador de Jalisco, el capitán Trujillo se acercó a él para decirle con voz triste:
-Mi general, vengo a solicitar mi baja como militar para dedicarme a otra cosa.
-¿Pero por qué?-, le preguntó con afecto el general a uno de sus mejores hombres -¿Qué ya no le gusta andar en la bola? ¿O acaso tienes miedo?
-No es eso, señor. Lo que pasa es que ya la revolución degeneró en gobierno.” [Ajenjo, 2013]
[17] No aparece el término dictadura, cuyo sentido se ha manipulado para dar a entender una pretendida supresión despótica de las libertades ciudadanas. Cito: “Como ya hemos visto más arriba, el primer paso de la revolución obrera es la elevación del proletariado a clase dominante [herrschenden Klasse], la conquista de la democracia. El proletariado se valdrá de su dominación política [politische Herrschaft] para ir arrancando gradualmente [nach und nach] a la burguesía todo el capital.” [Manifiesto; 2011; p. 57; resaltados míos.] La “dictadura” del proletariado es la conquista de la democracia. Curioso oxímoron.
[18] En última instancia, el chantaje y la violencia.
[19] Hasta ahora, me parece que la única experiencia histórica que avanzó seria y aceleradamente por esa ruta fue la de Salvador Allende.
[20] “…la institucionalidad nueva exige la superación del capitalismo. El nuevo orden institucional responderá al postulado que legitima y orienta nuestra acción: transferir a los trabajadores y al pueblo en su conjunto, el poder político y el poder económico. Para hacerlo posible es prioritaria la propiedad social de los medios de producción fundamentales.” Salvador Allende, El Camino al Socialismo, Mensaje al Congreso, 21 de mayo de 1971. [Allende; 2008; p. 120]
[21] En el sentido gramciano esto se puede tomar como la formación del bloque histórico o hegemónico.
