Desde que se dio impulso al proceso de organización de Cooperativas como una alternativa para combatir el desempleo, combatir la exclusión, aperturar procesos reales de formación y capacitación para la democracia económica; proceso éste que cuenta con un marco constitucional, y una ley especial para el movimiento cooperativo; esta forma de organización productiva cuenta con el favor de las políticas estatales.

Sin embargo, la figura de la cooperativa puede ser utilizada a favor de los intereses oscuros de los capitalistas. Un caso notorio es el de la empresa SINCREBA C.A., administradora de la concesión para el manejo de la Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos, en Mérida, la cual es propiedad del Estado. El Fides exigía a SINCREBA C.A. realizar contratos de servicio con cooperativas que tuvieran proyectos relacionados con el manejo y tratamiento de los desechos sólidos. La realidad se la puso de perla ya que el empresario Ricardo Vielma vio en esta exigencia la oportunidad de eliminar la relación laboral con sus trabajadores, y creó con cinco secuaces una cooperativa que a su vez subcontrataría al personal obrero de SINCREBA. Se establece un contrato que subordina la relación a los intereses de la empresa, y esto se traduce en una desmejoría considerable en la remuneración de los trabajadores y una desmejora en la capacidad instalada de la planta. El mísero precio de 180 Bs por kilo de material clasificado fue el pago a destajo establecido por Vielma,
Con un promedio de 15 millones de Bs correspondientes a la producción semanal de 130 obreros, esto nos da un ingreso semanal por trabajador de 123.076,92 Bs por semana; esto sin que quede constancia en recibos de pago, mientras que los trabajadores son privados de seguro social, cotización al INCES, paro forzoso, ley de política habitacional y demás beneficios que la ley otorga. A los trabajadores incluso se les negaba la hora de descanso y el acceso a atención médica. Consideramos que se trata de una práctica esclavista, muestra de las peores aberraciones del capitalismo. Un estado que aspira a convertirse en socialista no puede mantener la concesión otorgada a esta empresa.

Los trabajadores lograron incorporarse a la cooperativa y cambiar su directiva, buscaron la asesoría de la Inspectoría del Trabajo, SUNACOOP regional, INCES regional, Ministerios para el Poder Popular para el Ambiente, Ministerio para el Poder Popular para el Poder Comunal, Ministerios para el Poder Popular para la Protección Social, Fundacomun, Fundación Ribas, Fundación Robison, colectivos comunitarios y un grupo de sindicatos del estado Mérida, quienes dentro de sus condiciones les aportaron ideas, y éstas fueron discutidas en asambleas regulares.

Fue la asamblea quien tomó la decisión de asumir el control obrero de la planta. Un grupo de empleados directos de Sincreba y ex trabajadores de la planta son quienes se han opuesto en razón de sus privilegios o la manipulación perversa de su precariedad económica.

Además de ellos, algo más de una docena de miembros de la cooperativa decidieron retirarse del trabajo hasta tanto no regresara el patrono. Su decisión de retirarse fue ratificada por la asamblea de los trabajadores, el lunes 8 de Octubre.

Al cumplirse dos semanas de control obrero y quedar demostrado con hechos que la planta podía efectuar sus operaciones normales, estableciendo lazos comerciales con los compradores y derrotando los intentos de sabotaje por parte de los mercenarios del patrono, comenzó el asedio violento a la toma obrera. Frente a un patrono derrotado y dispuesto a entregar la planta, dando por terminada la concesión, Ruben Ávila, anunció el 5 de octubre que Sincreba no podía retirarse de la planta, que debía retornar. De esta manera la burocracia le dió un segundo aire al capitalismo en la planta.

¿Qué exigimos?: La garantía de que las instalaciones de la planta sean resguardadas, que se establezca la comisión anunciada por el alcalde de Mérida, Carlos León Mora, y que se permitan las labores normales de producción y comercialización en la planta, mientras que se dan las conversaciones para establecer los mecanismos que den lugar al reconocimiento del control obrero por parte de la cooperativa, mientras que se avanza hacia una fórmula en la que sea una empresa estatal, constituida por los propios trabajadores, la que administre la planta de procesamiento de los desechos sólidos.
Denunciamos que existen planes para ejecutar un desalojo violento de los trabajadores que han defendido dignamente el control obrero, frente a una agresión patronal de la que han sido cómplices por acción u omisión los alcaldes de la mancomunidad y el Consejo Legislativo. Responsabilizamos directamente al delegado regional de la Defensoría del Pueblo, Oswaldo Reques quien de manera absurda ha pasado a ser la punta de lanza de la agresión a los trabajadores, amenazando públicamente en la asamblea del jueves 11 de octubre con usar toda la fuerza represiva del Estado para acabar con el control obrero.


¡Control Obrero Pleno!
¡Los patronos no volverán!
¡La burocracia antisocialista y antiobrera no pasará!
¡Socialismo o muerte!