Darío Salcedo, trabajador de INSOPESCA, secretario de organización del sindicato SINSTRAPESCAVE fue detenido el pasado 05 de mayo de este 2020 por orden de la Fiscalía 8va AMC, luego de haber realizado denuncias contra las autoridades de dicha institución por incumplimiento de beneficios laborales.

Salcedo estuvo detenido en la división contra delitos informáticos de la sede del CICPC en la avenida Urdaneta hasta el 23 de mayo en la mañana y posteriormente fue traslado a la sede de captura ubicada en El Rosal, donde permanece incomunicado y en un tipo de celdas conocidas como "los tigritos" donde están los privados de libertad clasificados como "violentos", que, según los abogados que llevan el caso, pone en riesgo su integridad física.

Debido al coronavirus no han podido volver a tener contacto con Darío Salcedo desde el 24 de mayo que fue su audiencia de presentación, donde se pudo conocer la situación en la que se encuentra en el CICPC de El Rosal.

Sus defensores explican que sólo tuvieron acceso al expediente en la misma audiencia de presentación, donde verificaron que no hay nada que le acredite cualquier hecho delictivo al trabajador y dirigente sindical de INSOPESCA.

Carnet de trabajo de Darío Salcedo como trabajador de INSOPESCA

Por su parte, la acusación fiscal le imputó el delito de promoción e incitación al odio, un cargo que no tiene medidas cautelares ni sustitutiva de libertad porque es un delito sobre el que recaen más de 10 años de condena.

Resaltaron los representes legales de Salcedo que, en el expediente no hay ninguna prueba que acredite algún delito, solo lo dicho por el Presidente de INSOPESCA y la Directora de Recursos Humanos. No se tomó en cuenta el marco legal.

Al detenido tampoco se le notificaron los cargos que se le imputaban al momento de su aprehensión, lo que para sus abogados representa una violación al debido proceso y, en la audiencia de presentación solo se ratificó la aprehensión dictada por la juez 35, aprehensión que se ordenó el día 4 de mayo.

Salcedo es otro trabajador sindicalista en la lista de víctimas de la criminalización de la lucha laboral

Afirman que lo único que están presentando como prueba es una denuncia que hace el trabajador de que en medio de la pandemia no se cumple con la bolsa de comida y que cuando pretenden otorgar el beneficio la aumentan de 15.000bs a 1.300.000Bs. Por esto último, Salcedo envió una nota de audio en reclamo, a través de WhatsApp, a la directora de recursos humanos rechazando el exorbitante aumento de precio, varias veces superior al salario mínimo que gana un trabajador.

La defensa argumentó que, en la Ley de Promoción e Incitación al Odio, en su artículo 20 no aparecen los conflictos sindicales como causales para aplicar la Ley del Odio y que no hay los elementos constitutivos para que se dé el delito.

Hay que resaltar que el pasado viernes se interpuso la apelación contra la decisión judicial y están a la espera de respuesta. De igual manera están solicitando una revisión de la medida por la situación del coronavirus y el estado de salud del trabajador.

El trabajador sindicalista Darío Salcedo que intercedió por los derechos de las y los trabajadores de Insopesca fue detenido mientras el ministro de Pesca y Acuicultura era Dante Rivas, que luego fue removido y reemplazado, pero ni él ni el nuevo titular del ministerio se han pronunciado sobre este caso. Tampoco se conoce de actuación ninguna de la Defensoría del Pueblo ni del Ministerio del Trabajo. Instituciones participan o contemplan de manera silente lo que podría estar constituyendo una peligrosa práctica de criminalización, judicialización y represión del reclamo sindical y laboral con cárcel u otras medidas retaliativas al margen de los derechos constitucionales, humanos y democráticos.

A continuación el audio que dirigió el sindicalista Salcedo a la gerencia de INSOPESCA  en reclamo por el aumento que consideró excesivo y un "robo" de la Bolsa de Alimentación al valor de más de 3 salarios mínimos de un trabajador (de 15 mil a 1.300.000 Bs). A raíz del envío del mismo fue detenido. ¿Quién lo denunció y en base a qué? ¿cómo se ejecuta esta órden? ¿cómo funciona en este caso la Fiscalía y los organismos judiciales?, se preguntan en el ámbito sindical y laboral.

Por este mensaje presuntamente se le pretende aplicar la "Ley Contra el Odio". El caso ya está circulando entre organizaciones obreras y movimientos enfocados sobre los derechos de la clase trabajadora a nivel internacional y pone muy en tela de juicio el trato hacia los trabajadores y sindicatos en Venezuela. Queda para juicio de los oyentes en su lenguaje coloquial original: