Es cierto que con el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela se han tratado de frenar irregularidades las cuales no son nuevas; pero como dice el refrán popular: "tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se revienta".
Luego de la medida de cierre tomada por el gobierno revolucionario y bolivariano de Venezuela en la frontera con Colombia, la reacción no se hizo esperar y tras la mediación de los presidentes de Uruguay Tabaré Vázquez y el de Ecuador Rafael Correa, se lograron reunir en Quito, los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos de los dos países, respectivamente.
El tema de las relaciones colombo-venezolanas lo hemos abordado en varias oportunidades desde diferentes ángulos y por más de que avanzamos en la búsqueda de una solución, los problemas acumulados en el tiempo buscan una oportuna respuesta. Así de igual manera, a pesar de nuestra paciencia, para paliar el desangramiento en la frontera; a decir verdad, el más perjudicado ha sido el pueblo venezolano.
Sobre el manejo de las fronteras existen ejemplos muy viejos y desde siempre ha estado la muerte presente. Tenemos casos como el de México y los Estados Unidos y unos más recientes que sacuden a la Europa, representados en altas oleadas de migraciones, la mayoría desde los países africanos y del medio oriente.
Si bien es cierto que en nuestro caso no hemos llegado a situaciones extremas, si existen algunos signos alarmantes de negatividad arrastrados desde el vecino país, los cuales se nos ha querido endosar, como el narcotráfico, el contrabando (de comida y combustible), el paramilitarismo, el secuestro, la trata de blancas, la manipulación del cambio de la moneda (como dólar today), entre otros.
El problema fronterizo ha servido para alimentar y subsidiar a una gran mayoría de pobres en Colombia; pero también este, ha generado la formación de mafias (entre los dos países) nacidas para extorsionar y chantajear en la frontera y sobretodo, para generar una cultura de violencia, de vida fácil y para formar un hombre improductivo.
En los 2.119 kilómetros de frontera entre la tierra de Bolívar y la de Santander, son muchos los casos que podríamos analizar y que tienen una alta dosis de violencia y que nos afectan.
Si bien es cierto que el alto impacto y la necesidad de una respuesta del gobierno venezolano lo llevó al cierre inminente de la frontera - la cual se espera abrir gradualmente - es un hecho que los acontecimientos exigen medidas serias y nuevas formas de abordar el libre tránsito y un eficaz trato en la política migratoria de nuestro país.
Uno de los indicadores que más ha caracterizado las políticas fronterizas en el mundo ha sido el riguroso control sobre el nivel de los emigrantes; mano de obra calificada, estricta procedencia y un destino final para los inmigrantes, al ingresar al país seleccionado para vivir o radicarse.
En el caso de la alta migración colombiana, por las razones conocidas, hemos mantenido una postura muy débil y ligera en las instituciones del Estado venezolano.
Es cierto que la misma ha estado caracterizada por la hermandad y la hospitalidad de la Patria de Bolívar, pero también es verdad que a pesar de existir buenos ejemplos de integración con los venezolanos, hemos aceptado indeseables. Muchos de ellos han sido expulsados del país; por ser algunos, no precisamente desplazados por la violencia, sino por haber venido más bien huyendo de la propia justicia colombiana.
En Venezuela las estadísticas y estimaciones hablan de más de cinco millones de neogranadinos quienes han pedido la nacionalización para integrarse y un sinnúmero (que podría superar el millón) que son indocumentados y buscan legalizarse.
Actualmente, en los momentos difíciles y de crisis que vive Venezuela estos repercuten en la frontera. Los mismos deben servir para poner orden y buscar soluciones efectivas porque son problemas acumulados en el tiempo.
En el caso de los colombianos residentes en Venezuela es bueno decir que la mayoría son excelentes trabajadores. Muchos de ellos han contribuido con su mano de obra en los campos venezolanos, en la industria textil y en otras empresas productivas del país; pero como siempre hay también las excepciones; los indeseables, los terroristas, los calificados así hasta por sus propios coterráneos.
No podemos caer el chauvinismo y mucho menos en la xenofobia. Pero es cierto, por ejemplo, que a raíz de la implementación de medidas como la OLP a través de nuestras FANB, se han detectado casos bochornosos y lamentables. La primera reacción del gobierno colombiano, lamentablemente, fue la de negarlo y acusar a nuestro presidente Maduro y al gobierno bolivariano, de violar de los derechos humanos.
Estamos de acuerdo en que un colombiano de comprobada buena conducta y de años conviviendo con nosotros sea merecedor del mismo trato que un venezolano. La Ley debe protegerlo en vivienda, salud, pensiones y demás beneficios de la Constitución Bolivariana.
Pero también sabemos por justicia, que alguien indeseable, bachaquero, vinculado con negocios ilícitos, favorecido con una residencia de la Misión Vivienda, no debe convertirla en guarida, en casa de citas, en almacén o depósito de productos de primera necesidad o de combustible u otros rubros. A él se le debe aplicar estrictamente la Ley y ser extraditado inmediatamente hacia Colombia.
A raíz del cierre de la frontera, situación a la cual se trata de buscar una solución definitiva, por parte de los dos gobiernos; también se deben revisar a su vez, las medidas a aplicarse contra quienes vienen a acabar con la paz de Venezuela y a traernos la cultura de la violencia.
Ha llegado la hora de ser buenos vecinos, pero también la de dejar de ser pendejos. Aprovechemos la oportunidad para poner orden en nuestras fronteras y actualizar una sana política de migración, adaptada a nuevas leyes que sean válidas para Colombia, Brasil y Guyana (más allá del Esequibo).
¡Amanecerá y veremos!
