Es así como el Derecho interamericano, fundado a partir de los frustrados sueños del Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826, serviría de inspiración a todos aquellos intentos posteriores de instaurar una institucionalidad y una legalidad internacional, que sirviera de manto preventivo contra la tentación ocasional de los Estados de resolver los conflictos con sus propios métodos y a cualquier costo. Latinoamérica desde mediados del Siglo XIX y principios del Siglo XX, se convirtió en un espacio, en el cual se cultivo los principios del incipiente Derecho Internacional, dando luz a juristas internacionales de la talla de Luís María Drago y Carlos Calvo, ambos ideólogos de la Doctrina Drago y Doctrina Calvo respectivamente.
Este sentido de respeto por la soberanía del otro y el cultivo de formas e instituciones interestatales destinas a concertar la cooperación entre países, fue lo que permitió durante la primera mitad del siglo XX, que el hemisferio avanzará más que cualquier otra región del mundo en la elaboración de todo un cuerpo jurídico interregional. Estos sacros principios que si bien no han sido absolutos, han sido al menos reglas de observancia entre los Estados Latinoamericanos. Hoy, un conflicto silencioso pero a la vez atronador, amenaza la existencia de estas normas de convivencia interregional: el conflicto interno colombiano.
Colombia, un país que ha experimentado uno de lo más cruentos conflictos que haya vivido América Latina en los últimos años, en su afán por acabar militarmente a la insurgencia guerrillera ha apelado al “todo se vale” y ha hecho de la consigna “El fin justifica los medios” su estandarte de Política Exterior. Algo que suele ser sumamente nocivo para la comunidad internacional, en la cual los Estados se asumen como iguales.
Esta filosofía ha sido el sustento ideológico y político de muchas de las acciones del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pero más grave aún resulta el hecho que este estilo de hacer política no sólo se haya limitado al ámbito domestico, sino que paulatinamente ha desbordado los límites de la realidad colombiana y pasado a ser una herramienta de Política Exterior, creando un precedente inédito y sumamente peligroso, que atenta contra el Derecho Internacional, la buena fe y cooperación entre los países de la región. Varios incidentes, dan testimonio de esta osada e imprudente tendencia que ha venido practicando solapadamente el gobierno del Presidente Uribe, en nombre de su proclamada lucha interna:
Caso Rodrigo Granda: En enero de 2005, el gobierno colombiano, mediante un operación de comando y sobornando funcionarios policiales venezolanos, apresó al miembro de las FARC, Rodrigo Granda en territorio venezolano, violando con ello el Acuerdo de Cooperación Judicial y Asistencia Judicial en materia Penal entre ambos países de 1998 y el Acuerdo Bolivariano de Extradición de 1911, además de vulnerar la soberanía territorial y las competencias del Estado venezolano. Pese a que Colombia negó los hechos en primera instancia, luego, debido a las presión interna e internacional, la Casa de Nariño emitió el día 29 de enero de 2005 un comunicado aceptando tácitamente su acción y donde expresa "su mayor disposición para revisar los hechos (...) a fin de que si han resultado inconvenientes ante el examen de la República Bolivariana de Venezuela, no se repitan".
Fumigaciones con Glifosato en la Frontera común con Ecuador: En noviembre de 2005, Ecuador protestó por las fumigaciones unilaterales con Glifosato realizadas por Colombia en el borde fronterizo. El Presidente Rafael Correa solicitó que estas se hicieran a más de 10 km de distancia de la misma para minimizar el impacto ambiental en el Ecuador. Colombia respondió diciendo que varios estudios demostraban que el glifosato no tenía ningún impacto en el ambiente. En diciembre de 2005 hasta diciembre de 2006, Colombia suspende temporalmente las fumigaciones en la franja de los 10 km exigida por Ecuador. Posteriormente las reinició, alegando el incremento de los sembradíos. Ecuador protestó contra esta medida y ha clamado porque se vuelvan a suspender estas operaciones. Ante la indiferencia de Bogotá, Ecuador ha acudido a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para demandar el cese inmediato de las fumigaciones.
Disputa Territorial entre Nicaragua-Colombia: Nicaragua interpuso en diciembre del año 2001 una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia a causa de lo que denominó "temas legales concernientes a la delimitación marítima y territorial" con Colombia en la frontera del mar Caribe. Colombia se opuso a que la Corte Internacional conociera del caso e incluso negó la competencia de ésta para dictar fallo sobre este contencioso. Pese a esto, la Corte falló en diciembre de 2007, reconociendo la soberanía de Colombia en las Islas de San Andrés y Providencia y abrió la posibilidad de revisar los límites del paralelo 82 y la soberanía sobre la Isla Santa Catalina, los cayos Roncador, Serrana, Serranilla y Quitasueño. Nuevamente Colombia, lejos de aceptar el fallo, que le era parcialmente favorable, desconoció nuevamente la jurisdicción de la Corte para definir los límites aún pendientes con Nicaragua.
Violación del espacio aéreo y territorial del Ecuador: En marzo del 2008, Colombia despliega la operación militar “Fenix” en territorio ecuatoriano, en la cual cayó el Miembro del Secretariado de las FARC, Raúl Reyes, que se encontraba en un campamento del lado de la Provincia ecuatoriana de Sucumbios a unos dos kilómetros de la línea de frontera. Esta operación fue realizada de forma unilateral y sin notificar previamente al gobierno de Ecuador, violando con ello las más mínimas reglas del Derecho Internacional y los mecanismos de cooperación en materia de Defensa. Esto generó la más grave crisis diplomática que la región haya conocido en los últimos años. Pese a las justas exigencias del Presidente Rafael Correa, de obtener una respuesta a este atropello a la soberanía territorial, Colombia justificó hasta la saciedad la violación territorial, en nombre de su lucha contra las FARC. Debido a la intensa presión de la OEA y en especial de los países limítrofes con Colombia, el Presidente Uribe y su Cancillería a regañadientes ofrecieron disculpas a Ecuador.
Uso ilegal de emblemas amparados por el Derecho Humanitario: En el marco de la operación “Jaque” mediante la cual el gobierno de Colombia logró liberar a 15 secuestrados en manos de la FARC, entre ellos Ingrid Betancourt y los tres ciudadanos estadounidenses, el ejercito de Colombia engañó a los guerrilleros, simulando la ejecución de una “Misión Humanitaria”, empleando para ello el logo del Comité Internacional de la Cruz Roja, que durante años ha asistido a los heridos y enfermos en el conflicto colombiano e incluso ha hecho labores de mediación entre el Gobierno y la Guerrilla. En un primer momento el Presidente Uribe restó importancia al incidente, al atribuírselo a una decisión aislada de un soldado temeroso en el operativo, en ese momento pidió disculpas al CICR. Sin embargo con el correr de los días, han salido ha relucir pruebas contundentes sobre el uso planificado y deliberado de este emblema protegido por el Derecho internacional. Este grave hecho ha sido justificado por algunos sectores políticos en Colombia alegando que solamente se trató de una pequeña infracción justificada ya que con ella se puso “fin a un crimen de guerra y de lesa humanidad, como era el infame secuestro que vivían 15 personas”. Voceros del gobierno de colombiano han ido más allá llegando amenazar de juicio por traición a aquellos que hubiesen filtrado la información que desnudo el engaño del Presidente Uribe a la Comunidad Internacional. Esta infracción viola los Protocolos de Ginebra de 1949 suscritos por Colombia y deja mal parada la acción de la CICR en zonas de conflictos, al tiempo que desvirtúa todos los esfuerzos para realizar futuras Misiones Humanitarias. Pero además de ello, queda evidencia la poca importancia que el gobierno colombiano asigna al rol de la Comunidad Internacional y a las normas del Derecho Humanitario. Justificar que un Estado las vulnere es sencillamente equiparar dicho estado a todos aquellos que están al margen de la legalidad internacional.
Como se puede apreciar, no cabe duda que el Estado colombiano ha venido desarrollando un patrón de conducta sumamente preocupante, en el cual viola las más elementales disposiciones y convenciones internacionales, y posteriormente ofrece “sentidas disculpas” acompañadas de promesas de no reincidencia. Sin embargo, los hechos recientes dan motivos para pensar que tales promesas no son solo más que eso: promesas. Esta especie de “Diplomacia de las Disculpas”, configura una preocupante amenaza para la estabilidad y la paz de América Latina. Las relaciones entre los Estados están basadas en dos reglas de oro: la confianza y el respeto mutuo, cuando estos dos principios son burlados o trastocados, se abre la puerta para que los Estados entren en una escala de enfrentamientos, que puede incluso llevar a soluciones militares. Es importante recordar que este tipo de conductas en los Estados fueron precisamente las causas del fracaso del primer ensayo de institucionalidad internacional, La Liga de Naciones, que a su vez conllevó a la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Colombia no puede ir por el mundo pidiendo confianza y respeto, si su principal arma de Política Exterior son la mentira y el abuso de la buena fe, y luego pretender abrigarse en la tolerancia internacional para implorar disculpas por sus infracciones.
Es necesario entender que esta conducta de Colombia responde al matrimonio de dos visiones políticas que por esencia y naturaleza son contrarias al espíritu del Derecho Internacional, por un lado la Llamada Doctrina Bush que alienta la guerra preventiva y el intervencionismo y por el otro la llamada “Seguridad Democrática” del Presidente Álvaro Uribe, que aspira acabar con el conflicto interno colombiano a cualquier costo y bajo cualquier método.
Venezuela como país vecino y afectado por el conflicto, esta en el deber y en la urgencia de evaluar esta situación. El gobierno del Presidente Chávez debe tener una aproximación más pragmática que permita, a través de los mecanismos de inteligencia y de defensa, detectar con antelación todo tipo de actividad que pretenda violar la soberanía nacional y los convenios internacionales.
Este panorama bien puede variar luego de un cambio de Administración en EEUU (algo muy cercano a ocurrir) o de un cambio de signo político en Colombia (algo muy poco probable que ocurra a corto o mediano plazo). Lo que si se hace evidente, es la necesidad de la región de crear anticuerpos e instituciones que contrarresten estas nocivas tendencias, así quedó demostrado en las resolución del Consejo de Permanente de la OEA, en la cual se condenó todo tipo de violación de la Soberanía. Sin embargo, es imperativo que la región plante seriamente el debate del cumplimiento del Derecho Internacional. Es cierto que el Derecho Internacional no tiene carácter coercitivo, es decir no impone sanciones, pero su incumplimiento abre serios riegos que pueden acarrear consecuencias impredecibles para América Latina.
El autor es Lic. en Estudios Internacionales y Abogado.
