Canadá "no tiene nada que opinar" en relación a la controversia territorial que sostiene Venezuela con Guyana por el territorio Esequibo y debe dejar de contribuir a la desestabilización en el Caribe, declaró el 23 de junio el canciller del país caribeño, Yván Gil.
El ministro hizo este comentario en alusión a una declaración del alto comisionado canadiense en Guyana, Mark Berman, en la cual expresó su preocupación por las tensiones entre Caracas y Georgetown.
"El Gobierno canadiense está preocupado por las tensiones entre Guyana y Venezuela y reiteramos que apoyamos al pueblo guyanés. Apoyamos al Gobierno y pedimos que se respete el derecho internacional. En este entorno global complejo y en constante cambio, las buenas relaciones son primordiales, y no puedo enfatizar lo suficiente la importancia que le damos a nuestra relación con Guyana", manifestó el funcionario norteamericano.
Al respecto, Gil insistió en que "Guyana debe desistir de involucrar a países acomplejados con frustradas ínfulas colonialistas, en esta controversia, que se hunden junto a sus lacayos de la derecha apátrida que entregarían el Esequibo y la patria a las transnacionales norteamericanas".
Asimismo, el alto diplomático puntualizó que "el único camino posible y legal" para resolver dicha controversia es el Acuerdo de Ginebra de 1966.
Las tensiones entre Venezuela y Guyana aumentaron después que Georgetown recibiera ofertas por ocho de los 14 bloques petrolíferos que salieron a licitación en diciembre de 2022, y entre las que se encuentra la empresa ExxonMobil. Una situación que Venezuela consideró como una confabulación de Estados Unidos con la ExxonMobil para despojar al país de sus derechos sobre el territorio.
Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo.
En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio.