Destacando lo escrito por Heinz Dieterich Steffan, en el sentido de que las sucesivas derrotas en el referendo revocatorio y las posteriores elecciones han dejado a la derecha sin vías institucionales para conquistar el poder antes de las elecciones presidenciales del 2006”, se podría inferir cuál fue el móvil del atentado terrorista del que fuera víctima el fiscal Danilo Anderson. Nadie niega, salvo quienes están muy interesados en que el proceso bolivariano sea suprimido por completo, a fin de recuperar el poder perdido, que este asesinato –sumado al de cientos de dirigentes campesinos que reivindicaron su legítimo derecho a la tenencia de la tierra- es parte medular de una escalada de violencia que buscan implantar los grupos ultraderechistas que dominan la oposición en Venezuela.

Por lo tanto, este hecho no puede verse como algo aislado. Al repasar lo ocurrido en estos últimos cinco años, podría decirse que el mismo representa, en palabras de Dieterich, “un salto cualitativo hacia una ofensiva generalizada”, en la que se eliminaría sistemáticamente a los dirigentes políticos y sociales revolucionarios más emblemáticos. Dicho plan ofensivo estaría en conexión con la política exterior imperialista de la administración Bush, amparada en una “lucha antiterrorista” que apunta a destruir los movimientos emancipatorios populares y ejercer un control absoluto sobre territorios ricos en yacimientos minerales (como el petróleo) y recursos naturales.

Aún sin admitirlo, por supuesto, Washington estaría dándole luz verde a los sectores fascistoides venezolanos para que aceleren y profundicen la desestabilización y justificar, de este modo, una intervención militar multilateral comandada por Estados Unidos en “resguardo” del sistema democrático en peligro. Tanto o más como lo hicieran en la isla caribeña de Grenada o en Iraq. Para ello, Bush y la reacción interna tendrían un importante punto de apoyo en el Plan Colombia, reforzado económica y militarmente; cercando a Venezuela con bases militares ubicadas en Aruba, Curazao y Ecuador, con el claro objetivo de acabar, de una vez por todas, con la piedrita en el zapato que representan Chávez y el proceso bolivariano.

Tal perspectiva no debe ser ajena al movimiento popular revolucionario porque si, hasta ahora, quienes han conducido el proceso bolivariano se caracterizan por minimizar exagerada e ingenuamente las graves amenazas que se ciernen sobre este proceso, la actitud de las masas tiene que ser de abierta beligerancia y preparación para su defensa. Es hora de que se dé un paso adelante cualitativo, más que cuantitativo, en la construcción real del nuevo modelo de sociedad democrática que se quiere. No es únicamente copar todas las instancias de poder. Hay que ir más allá de eso. “La tarea –según James Petras- no es simplemente ganar una elección porque el poder político está en el Estado: la tarea es tener un Estado, jueces, militares, oficiales, civiles, directores del Banco Central, que estén conformes con una política de transformación que responda a las grandes mayorías. La reformulación del poder dentro del Estado depende del respaldo político de las masas movilizadas y organizadas fuera del Estado y la existencia de cuadros políticos dentro del Estado”. Sólo así las masas populares tendrán una participación decisoria y activa en todo lo que comprenda la transformación estructural de nuestra sociedad.

La manera como será extirpado el clima de violencia y enfrentamiento desatado por las cúpulas desplazadas del poder del Estado, tiene mucho que ver con el grado de madurez, de movilización y de organización de las masas populares. En la medida que éstas asuman la conducción directa del proceso bolivariano, sin que medie el chantaje ni la coacción ejercidos por algunas organizaciones partidistas reconocidas, se disipará la amenaza combinada de la ultraderecha, asentada en Washington y en nuestra nación.-



*Miembro de la Dirección Ejecutiva Estadal del Movimiento por la Democracia Directa (MDD) en el Estado Portuguesa.