Cuando el ministro colombiano de Defensa admitió públicamente que el gobierno neo granadino pagó un soborno de un millón quinientos mil dólares a un grupo de mercenarios y traidores a la patria venezolana, la mayoría de la GN y del Ejército, para que secuestraran en pleno centro de Caracas a un nacional colombiano, nacionalizado venezolano, el revolucionario Rodrigo Granda, se estaba dando un auto gol. Se ponía así en ejecución, de manera flagrante, una vez más, el mal llamado Plan Colombia, se agredía arteramente a una nación amiga con la que se tienen óptimas relaciones económicas, y se violaba descaradamente lo más sagrado para una nación: su soberanía.
Es evidente, y así lo han señalado diversos voceros de la izquierda revolucionaria venezolana y latinoamericana y del movimiento bolivariano, que la mano de la siniestra y criminal agencia norteamericana de inteligencia está detrás de ese hecho, una red a su servicio en donde los equipos de inteligencia colombianos actúan con abierto cinismo en un país extranjero, hecho que caracteriza y tipifica, una vez más, al espurio gobierno guerrerista y fascistoide de Uribe Vélez, no sólo como anti democrático, sino autoritario, que aplica el terrorismo de Estado y viola el derecho internacional, que se ensucia (como tradicionalmente lo hace el gobierno norteamericano, caso de la invasión a Irak) en elementales normas de convenios y tratados, del respeto a la soberanía de los Estados.
Lo ocurrido con Granda no es nuevo, de hecho la presencia clandestina de paramilitares colombianos, de sicarios, de espías y policías encubiertos en Venezuela, es un lugar común. Han habido otros secuestros de revolucionarios colombianos en nuestro suelo que no han trascendido, así como se han producido arteros ataques como el de Apure donde fueron asesinados militares y civiles venezolanos recientemente; el asesinato, a manos de paramilitares colombianos y sicarios venezolanos, de más de 100 dirigentes políticos y campesinos por órdenes de sectores oligarcas del campo desde que se aprobó la Ley de Tierras y comenzó a implementarse. ¿Quién no sabe que los millones de litros de gasolina que se llevan diariamente de contrabando es un lucrativo negocio dirigido por grupos paramilitares colombianos desde los Estados Zulia y Táchira y el gobierno de Uribe, por órdenes de sus amos norteamericanos, está construyendo enormes depósitos de almacenamiento de gasolina en las zonas fronterizas para eventuales movilizaciones de grandes contingentes militares? ¿Cómo puede calificarse el hostigamiento e intento de allanamiento de la sede del Partido Comunista de Venezuela en Maracaibo durante el desarrollo del II Congreso Bolivariano de los Pueblos por parte de grupos paramilitares colombianos y policías de la gobernación del Zulia?
Lo que ocurre con el caso Granda es que el gobierno colombiano erró el tiro e hizo un análisis tan torpe que subestimó el apoyo del movimiento revolucionario internacional al hoy ya famoso dirigente socialista colombiano Rodrigo Granda -a quien le dieron el título de canciller de las FARC-; igualmente subestimó, de manera flagrante, al presidente Hugo Chávez quien, una vez con el control total de la situación de inteligencia, superado el retardo inicial y los errores en enfrentar el hecho de la violación flagrante de la soberanía, se lanzó con una investigación a fondo del caso y en los últimos 12 días puso al desnudo todo los pormenores del sórdido caso. Eso no lo esperaba el gobierno de Vélez y hoy la situación para ese nefasto gobierno es altamente comprometida a lo interno y en lo internacional, quizás la mayor que ha tenido.
Sin dudas, como se ha demostrado, sobre Granda no pesaba orden de detención alguna por parte del Estado colombiano y, lo menos que puede ocurrir es que sea devuelto a Venezuela sano y salvo, ello para evitar se sigan violando sus derechos humanos y evitar un mayor deterioro de las ya precarias relaciones entre los dos países, que gracias a la estupidez y torpeza del gobierno colombiano, están casi en cero.
Este es el momento de que el movimiento popular y revolucionario bolivariano despliegue una intensa actividad de solidaridad internacional para con el revolucionario colombo-venezolano vilmente secuestrado, exigiendo su liberación y retorno al país. Igualmente, intensificar la movilización para solidarizarnos con el movimiento popular colombiano y contribuir para ayudarlo a alcanzar una paz digna y justa, un entendimiento entre las fuerzas en pugna en esa prolongada guerra civil, un cese a la represión, a los masivos desplazamientos de millones de personas, a la intromisión norteamericana en Colombia.
Apoyar de manera firme y resuelta la digna actitud del presidente Hugo Chávez en defensa de nuestra soberanía y su actitud de firmeza y contundencia ante las constantes agresiones del gobierno colombiano a través de su red de provocadores y conspiradores. Solicitar la extradición de Pedro Carmona Estanga que todo el mundo sabe está conspirando desde Bogotá contra Venezuela, se reúne con terroristas como los generales González González, El Cuervo, el coronel Bustillos y toda la fauna de ultrosos fascistas que quieren un mar de sangre para la nación, y el gobierno colombiano los protege.
Revisar, como la hecho Chávez, las políticas de acercamiento y programas económicos comunes con un gobierno que no respeta ni respetará las reglas del juego de relaciones políticas, diplomática y económicas civilizadas como lo acaba de evidenciar al ratificar Uribe la acción violatoria de nuestra soberanía en respuesta al planteamiento venezolano.
No hacerle el juego a la irracionalidad de la oligarquía colombiana y sus políticas fratricidas y guerreristas. Fortalecer los vínculos con los sectores amigos de Colombia que creen en la integración bolivariana. Profundizar nuestra neutralidad ante la evidente guerra civil que vive Colombia y reconocerle beligerancia a todas las fuerzas en pugna, como única manera efectiva de contribuir a la paz en el hermano país. No hacerle el juego en calificar a terroristas a los revolucionarios ni estar hablando de entrega de patriotas, cuando los terroristas son los fascistas y los sicarios paramilitares colombianos, los policías que actúan clandestinamente y los militares que asesinan soldados impunemente y que no reparan en dañar nuestra dignidad y nuestra soberanía, los ministros que reconocen que si había un plan de secuestro y que gastaron millones de dólares de los contribuyentes colombianos para, al igual que lo hacen los israelitas, secuestrar ciudadanos en otros países.
A nivel interno, destituir al embajador de Venezuela en Colombia, derechista redomado que se pone al servicio de la oligarquía y la reacción colombiana y justificó temerariamente el secuestro por los complotados en el mismo y lesionó la integridad venezolana. Castigo implacable para los militares y civiles venezolanos, que utilizando el uniforme y los recursos de la República, se vendieron a un gobierno extranjero para una vil acción de sicariato y mercenarismo. Depuración a fondo de la Disip, el CICPS, la DIM y todos los organismos policiales donde aún permanecen sectores enemigos del proceso revolucionario y del pueblo, grupos derechistas anti comunistas y anti revolucionarios que actúan en sintonía y coordinación con la CIA, el DAS y la Policía Nacional de Colombia, la policía secreta israelita, entre otros.
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