En la década de los años sesenta y setenta del pasado siglo se realizó en América Latina un gran debate teórico cuyo punto de partida era evaluar las causas del subdesarrollo que aprisionaban a nuestro continente condenándolo a lo que varios autores llamaron “el antidesarrollo”. Desde la Comisión Económica Para América Latina, CEPAL se dió un gran aporte a la discusión, particularmente en la propuesta de alternativas a lo que se consideraban los nudos centrales que enajenaban el crecimiento sostenido y el desarrollo posible. La CEPAL concluía que los dos principales y estratégicos problemas económicos de América Latina eran la estrechez de los mercados nacionales y la insuficiencia de capitales para financiar lo productivo; en consecuencia, se sugirió que la superación de estas trabas estaba en la integración económica que permitiera acuerdos de comercio y producción entre los países y, la creación de plataformas de industrialización para las exportaciones que, en atención a las ventajas competitivas nacionales permitieran flujos de financiación que le concretaran.
Es así como Venezuela, en el gobierno de Raúl Leoni, propone un acuerdo de integración con los países andinos que luego por la presión de las instituciones empresariales no se concreta e incluso estaremos ausentes cuando en 1969 en el marco de lo que se conoció como El Acuerdo de Cartagena, se constituyó el Pacto Andino con Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. La argumentación que la burguesía nacional exclamaba para oponerse a nuestro ingreso a aquel primer ensayo integracionista lo remitía a la perdida de competitividad y por tanto reducción de nuestra actividad industrializadora. El ingreso al grupo andino se concreta en febrero de 1973 cuando el gobierno de Rafael caldera lo hace unilateralmente de los conceptos que Fedecamaras y los industriales esgrimían.
Este primer esfuerzo si bien no logra sus objetivos avanza en la practica integracionista, haciendo posible algunos acuerdos de complementación industrial y de comercio y, por la Decisión 24 del 31 de diciembre de 1970, se intenta una postura común para el tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías. Todo ello siempre con la obstinada oposición de la derecha política y del mundo empresarial venezolano.
Conocido es que el gobierno bolivariano del Presidente Hugo Chávez tiene entre sus líneas estratégicas profundizar el proceso de integración económica, política y social de América Latina. Confrontado con la idea americana de tratados de libre comercio que subordinan nuestras economías al interés de las transnacionales y supone una liberalización a ultranza de nuestro comercio, lideriza la derrota del ALCA en la Cumbre de Mar de Plata en 2005 y, lo hace denunciar en 2006 a la Comunidad Andina de Naciones, CAN cuando dos de sus integrantes, Colombia y Perú, negocian bilateralmente TLCs con los Estados Unidos de Norteamérica.
La estrategia de integración apunta a reforzar el principal bloque de comercio del sur del continente, el MERCOSUR. El Estado Venezolano decide apostar a él por decisión geopolítica en la búsqueda de una verdadera complementación productiva que utilizando los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio, reconocimiento de las asimetrías y del tratamiento diferencial, nos permita ampliar nuestro mercado no sólo para diversificar importaciones, sino, lo más importante en este siglo, asumir el desafió de alentar un profundo proceso de industrialización especializada que ensanche nuestra oferta exportable no petrolera.
La República Bolivariana de Venezuela ha adelantado un protocolo de adhesión al MERCOSUR que sólo espera por la aprobación del Parlamento de Paraguay. Así lo hicimos en 2005 al suscribir el acuerdo marco para la adhesión en la XXIX Reunión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR en Montevideo, Uruguay y, en el año 2006 al firmar el Protocolo de Adhesión de Venezuela al MERCOSUR, en Caracas. Ello supone el reconocimiento y acatamiento de nuestro país a los instrumentos jurídicos del MERCOSUR firmados desde el Tratado de Asunción, el 26 de marzo de 1991. La derecha y sectores conservadores nacionales que ahora agregan argumentos políticos referidos al compromiso democrático para oponerse a nuestro ingreso, deben saber que la República Bolivariana de Venezuela se adhirió a los principios y disposiciones contenidos en el “Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile” en acto realizado en la Ciudad de Asunción el 20 de junio de 2005. La idea integracionista ha cambiado para mejor, la derecha y las oligarquías siguen con su mirada egoísta y estrecha.
La integración es hoy algo superior a una “perfecta unión aduanera”, es también el sueño latinoamericano por el desarrollo pleno que pueda superar la pobreza extendida que lacera la vida de mas de 200 millones de habitantes de la Patria Grande, es la posibilidad de una nueva arquitectura financiera propia ajena a los viejos mecanismos de financiación expoliantes de nuestras economías que adelantaron el FMI y el Banco Mundial, es la convicción de que la democracia sustantiva depende de la construcción de sociedades mas equitativas, justas e igualitarias, que puedan ser liberadas de cualquier forma de xenofobia, racismo y de toda forma de discriminación, sólo para ser sociedades profundamente humanas y, es el único camino para que el sur sea escuchado y pueda existir plenamente en el concierto de naciones. La integración el eslabón aún no concretado para vencer la globalización siendo parte de ella como el nuevo gran bloque económico y político en el que más de 500 millones de seres humanos se empinan para vivir a plenitud: América Latina!!.
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