De nuevo el
Comandante Presidente aborda el tema y lo hace porque es su obligación como jefe
de Estado y de Gobierno recordarle a los venezolanos que es deber de todos no
solamente impedir la corrupción, sino combatirla con la mayor contundencia,
todos los minutos del día. Cuatro días después y hoy lo recogen los medios, el
Contralor Russián en su informe anual a la Asamblea Nacional, dijo que aún
existe corrupción en el aparato burocrático del país y entre otros asuntos
importantes que trató sobre el tema, señaló que las inhabilitaciones deben
subirse de 15 a 18 años y que bajo ninguna circunstancia debe haber
privilegios para "aquellos funcionarios cuyo cargo resulte de la
elección popular o de segundo grado", pues esa condición es
una agravante a la hora de calificar y sancionar el delito, con lo cual estamos
totalmente de acuerdo.
Hemos sido
reiterativos en sostener que la prédica anti-corrupción debe ser una constante,
así como permanentes tienen que ser los esfuerzos que se hagan en favor de la
implementación de rigurosos mecanismos de control interno en todas las
instituciones que manejan fondos y bienes públicos, complementados, a su vez,
con supervisiones y/o monitoreos bajo la responsabilidad de lo que pudiéramos
llamar Juntas de Veedores, integradas por funcionarios de las propias
instituciones que presten servicios en áreas distintas a las del control de
gastos, quienes serían reemplazados de forma periódica, quizás cada seis meses o
un año, para garantizar así la efectividad y transparencia de sus actuaciones
fiscales.
Pero, ciertamente, no
basta con ello. La corrupción es mucho más compleja. Allí no sólo está el
funcionario corrupto presto a delinquir y que tratará siempre de encontrar
resquicios para burlar cualquier control que exista, sino aquél otro que se deja
sobornar pasivamente y que hará lo propio, o aquellos que, por temor a perder
sus cargos, hacen todo lo que se les indique como mansos borregos en la
dirección de que quienes están dispuestos a sacar provecho del acto
administrativo acordado para la compra de bienes o servicios, logren sus
objetivos.
Eso lo tenemos muy
claro, pues es así como se planifican y se ejecutan los actos ilícitos, por lo
que más allá de apreciar esas "veedurías" como una muy buena estrategia para
enfrentar la corrupción, ya que ellas reforzarían, sin duda, los mecanismos
usuales y normales de control, hemos también sostenido el criterio de que
paralelamente se diseñen y se pongan en práctica las llamadas auditorias en
caliente y sorpresivas como parte rutinaria de una sostenida política de
fiscalizaciones, así como estimular y propiciar hasta el cansancio la denuncia
de hechos ilícitos, a través de apropiados mecanismos que ofrezcan garantías de
protección al denunciante, de manera que éste no sea al final víctima de algún
tipo de venganza. Acordar como gestión fiscal permanente del órgano de control
superior, la revisión selectiva, si es que desde el punto de vista práctico no
puede ser exhaustiva, de las declaraciones juradas de patrimonio de los
funcionarios que de alguna manera tienen que ver con el manejo y disposición de
los bienes y dineros públicos, mediante mecanismos de sorteos transparentes.
Igualmente y, por supuesto, se debe trabajar con la mayor urgencia en la
instrumentación de una legislación severa e inflexible que prevea los juicios
expeditos para los delitos contra la cosa pública, porque de lo contrario
habremos perdido el tiempo.
De manera que, como
lo hemos sostenido desde hace muchos años, si bien es cierto que el discurso
anti-corrupción persistente coadyuva en favor de un propósito orientado a ir
creando en el pueblo una auténtica conciencia acerca del daño moral que le hace
al país ese terrible flagelo, ello no es suficiente. Hay que ir mucho más allá,
se impone una praxis que convierta el proceso de control en un hecho normal y
cotidiano, aceptado como una acción necesaria y conveniente para todo un pueblo
que tiene como meta preeminente e insoslayable, construir una patria grande y
soberana, donde prevalezcan los principios de la moralidad y la
decencia.
Ejercimos funciones fiscales como brazos ejecutores de la
actividad cotidiana en el ejercicio del control público, así como
responsabilidades de gerencia en el área por varios años en la Contraloría
General de la República durante una buena parte de la etapa del "puntofijismo"
(1.961/85) y por ello conocimos al monstruo de la corrupción por dentro, así
como su inmenso poder y complicidad para destruir a quienes se le atravesaban.
Fuimos atacados furiosamente a través de los medios de comunicación en muchos
casos de corrupción que históricamente pudiéramos calificarlos de emblemáticos,
como fueron, por ejemplo, las compras de inmuebles a precios escandalosamente
altos de los fundos La Candelaria y Las Quintas por el antiguo Banco Obrero en
Valencia, Caldera I; ocupación y despojo de los terrenos nacionales expropiados
para la construcción del distribuidor Santa Fe de la Autopista a Prados del
Este, Caldera I; terrenos en Antímano y La Vega, adquiridos por el Centro Simón
Bolívar, CAP I; sede de la Fundación de El Niño, Luis Herrera Campins y muchos
otros que se nos haría interminable su relación, hasta que finalmente fuimos
víctima de los mayores atropellos cuando personalmente logramos impedir durante
el gobierno de Jaime Lusinchi (1) en 1.985 que se perfeccionara el pago de una
estafa cuantiosa por la adquisición de los terrenos que eran parte del
denominado fundo "José" para PDVSA en Anzoátegui, donde hoy opera el
Criogénico de Oriente, lo cual determinó que se nos diera de baja del organismo
luego de haberle servido por casi 25 años y es por ello por lo que nos sentimos
obligados a decir y proponer lo que consideramos importante implementar para que
el éxito acompañe un interés por enfrentar con la debida voluntad política una
lucha frontal contra los corruptos, estén donde estén.
Para llevar
adelante ese gran esfuerzo anticorrupción persistente tenemos, además, el mayor
ejemplo en nuestro héroe máximo, el Libertador Simón Bolívar, no solamente con
su conducta en el plano personal frente a aquellas varias ocasiones en que se
negó a ser beneficiario de asignaciones y canonjías con dineros de los fondos
públicos, sino que ya como estadista y Jefe Supremo de la República, en sus
arengas, proclamas y cartas, el terrible problema de la corrupción lo tuvo
siempre presente, pues para él ese fue un tema vital al cual le concedió
especial atención (2), al punto de que se vio en la imperiosa necesidad de tener
que llegar a prescribir como castigo a quienes incurrieran en delitos contra la
cosa pública, la pena de muerte en juicios sumarios, lo cual sancionó por
Decreto de fecha 12 de enero de 1.824, disposición ese que tiene como hecho
relevante que igualmente contempla la misma pena para aquellos jueces que no le
dieren cumplimiento a dicha decisión (3).
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(1) Nuestros cálculos, a los precios de hoy, el sobre precio que se pretendía
reconocer y que lo habían establecido técnicos de la Contraloría General,
manipulados por una alta funcionaria de esa Institución, con la complicidad, sin
duda, de algunos “meritócratas” de la estatal petrolera de la época, era
superior a los dos mil millones de bolívares viejos. Debemos agregar, que bajo
nuestra responsabilidad descansaba la competencia del trámite de ese caso, por
lo que fue posible que impidiéramos la estafa, lo cual determinó que se nos
destituyera. Recurrimos a todas las instancias posibles para denunciar el hecho,
Congreso Nacional, diarios de circulación nacional, personajes influyentes de la
época y nadie nos escuchó. Finalmente, ganamos en primera instancia el derecho a
ser reincorporados al organismo fiscal, pero lo perdimos en apelación luego de
que el expediente permaneciera más de diez años en lo que recordemos se le llamó
la "Cortecita" peloteado entre, al menos, seis ponentes, simplemente porque no
nos "bajamos de la mula", como me lo aseguró el abogado que me representó en la
causa. Así funcionaba la justicia cuartorepublicana y no había pataleo que
valiera.
(2) Algunos pensamientos del Libertador sobre el tema: "Es deber de todo
ciudadano vigilar la legítima inserción de las rentas públicas, en beneficio de
la sociedad" (15/02/1.819); "La hacienda no es de quien os gobierna. Todos los
depositarios de vuestros intereses deben demostrar el uso que han hecho de
ellos" (02/01/1.814); "La masa física se equilibra con la fuerza moral"
(06/09/1.815); "La mejor política es la honradez" (17/08/1.820); "Para el
gobierno no sería más útil ni más satisfactorio que corregir los abusos de la
administración" (24/05/1.821) y "Sin moral republicana, no puede haber gobierno
libre" (26/05/1.820).
(3) Este decreto tiene por título: "Aplicación de la pena de muerte a los
funcionarios que hayan tomado dinero de los Fondos Públicos" y está suscrito por
Simón Bolívar, en su carácter de presidente del Perú.
