1. Estar conscientes que los problemas sociales no se solucionan por decreto ni por mandatos de ley. Se necesita voluntad política, así como una seria implementación y toda una institucionalidad que la haga posible. De lo contrario será letra muerta. Una política de desarme debería estar integrada a una política de seguridad más general.
2. Este tipo de ley debe ir acompañada de una política dirigida no sólo a las armas ilegales, sino también de actualización, fiscalización y control de las armas con porte legal. En este sentido, es rescatable la propuesta de ofrecer un programa político concreto para recoger las armas de la calle lo más pronto posible, con estímulos sociales para la gente que procure este objetivo.
3. El tema de la confidencialidad y del anonimato en la entrega de armas debe ser evaluado, considerado y discutido.
4. Deben incrementarse los requisitos y filtros para el porte de armas, así como su venta.
5. Es necesario controlar y fiscalizar el uso y tráfico de armas por parte de compañías de seguridad privada, así como la restricción o eliminación de las armerías.
6. Debe establecerse un marcaje distintivo de municiones según su origen y usuario final, siendo esto esencial para su control.
7. El monto de las multas debe ser ajustado a los costos de las armas o superiores a las mismas.
8. El destino de las armas decomisadas o recogidas debe ser objeto de un amplio debate: formar parte del parque de armas o ser destruidas. Una tercera opción es la destrucción de todas las armas ilegales o modificadas, reservando las armas recuperadas (las que tienen un origen público) para el parque de armas, previa estricta regularización y garantía de no reciclaje.
9. La nueva ley debe integrar y armonizar las propuestas existentes, así como mucho de lo consagrado en la LAE, en especial en lo referente a los explosivos. También debe considerar las sanciones establecidas en el Código Penal (Capítulo I del Título V).
10. Los proyectos existentes pueden integrarse con facilidad y armonizarse entre sí. Es un momento de pensar políticamente, con “P” mayúscula, es necesario que esto sea una Política de Estado, más allá de las coyunturas partidistas y electoreras. Hay una posición político-ideológica que no es negociable: la protección de la vida de todos, en especial la de los más vulnerables de la sociedad, estos últimos son los que sufren de manera más encarnizada la violencia.
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