Más del 95% de los empleados de los órganos del Estado que adversan al gobierno copan los cargos fijos y una buena porción de ellos, aun cuando parezca increíble, son contratados, de manera que no es falso afirmar que la revolución está en una peligrosa encrucijada de la cual, al parecer, no se quiere salir, pues se denuncia a diario que estamos durmiendo con el enemigo y no ocurre absolutamente nada…
Recordemos que el General Muller Rojas, quien falleciera el pasado año (agosto/2010), dijo en una de sus tantas comparecencias públicas, ya como Vicepresidente del PSUV, que el 80% de los cargos públicos están siendo desempeñados por gente de la oposición, a lo cual nosotros contestamos por este medio (21/01/09), que el General se quedaba muy corto. La cantidad es mucho mayor, pues de modo directo y por multitud de referencias que tenemos de muy alta confiabilidad, hemos sacado como conclusión que los dedos de las manos son muchos como para contar en cada organismo público, los escasos revolucionarios y/o simpatizantes que allí trabajan, tanto los que están en nómina, como los contratados. Doy fe que en una institución creada luego de que entrara en vigencia la Constitución de 1999, de al menos 100 empleados de una de sus direcciones generales, solamente seis (6) éramos quienes manifestábamos, sin ninguna reserva, nuestra afiliación con la revolución. Corría entonces el año 2006. Por indagaciones recientes que hemos hecho, esa situación se ha mantenido, sin ninguna variante.
Pero lo paradójico es que los medios al servicio de la oposición golpista, han vendido con mucho éxito la matriz de opinión de que los “rojos rojitos” tienen absolutamente ocupadas todas las instancias estatales, éxito ese que se explica porque tal mentira la repiten cada día y sin descanso y no hay voz alguna que la refute con la misma fuerza e intensidad.
Pero más allá de que es una falacia absoluta asegurar que la administración pública actual es roja rojita, es interesante recordar a muchos e informar a los que para entonces eran apenas unos niños o muy jóvenes, que durante los 40 años del puntofijismo, si era verdad que estaba copada de adecos y copeyanos. Es imposible olvidar que quienes lograban entrar a los organismos del Estado eran los que portaban el carné de esos partidos y uno que otro recomendado, pero eso sí, que lo fuera de un “chivo” pesado y más si el mismo hacía parte activa de sus respectivos órganos de dirección, con preferencia de las denominadas secretarías de “técnicos y profesionales”.
En el gobierno de Chávez eso no ocurre. A nadie se le pregunta su orientación ideológica o política para ingresar al servicio de algún organismo público y menos aún se le exige credencial alguna de los partidos o movimientos que respaldan al gobierno o una recomendación. Únicamente se les pide que satisfagan los requisitos establecidos para el cargo que fuere, práctica ésta que en lo absoluto se nos ocurre cuestionarla, pero donde está lo absurdo y que, además, no tiene explicación alguna, es que se designan opositores al gobierno para cargos de responsabilidad gerencial media y alta, donde solamente deberían estar quienes compartan de forma total sus orientaciones políticas, ideológicas y estratégicas, exigencias esas necesarias e indispensables para garantizar la buena operatividad y la eficiencia de toda su gestión administrativa y estratégica en su tránsito hacia el socialismo.
Incluir en los cargos de gerencia, cualquiera que sea el nivel, a sujetos afiliados a partidos de la oposición o a quienes abiertamente adversan el proyecto Bolivariano y revolucionario es, cuando menos, un tremendo desatino, para no calificarlo de otra manera…! A la vista tenemos la cantidad enorme de proyectos paralizados o que se ejecutan con una lentitud que nadie puede justificar, como ha sido el reciente caso de las empresas que en número de más de 270 abandonaron sus responsabilidades como contratistas de reparaciones y construcción de numerosos centros de salud para el Ministerio del Poder Popular para la Salud, llevándose, inclusive, los anticipos y sobre las cuales la ministra Eugenia Sader ha ordenado una severa rigurosa investigación
El gobierno y quienes respaldamos sus políticas de desarrollo en general, debemos mantenernos en alerta máxima para impedir que esos sujetos infiltrados intenten siquiera repetir los sucesos de golpe de Estado de abril/02 y los sabotajes terroríficos como el que llevaron a cabo en contra la industria petrolera en diciembre/02 y que hoy vemos con bastante preocupación que pareciera que quieren escenificarlos en el seno del sector eléctrico nacional, así como en los áreas de la salud y la educación.
oliverr@cantv.net
