En Economía, una cosa es clara: Todos, absolutamente todos, los costes presentes en las mercancías son forzosa e invariablemente reintegrados por los consumidores finales; finales quiere decir: los trabajadores, aunque al mercado concurran los no trabajadores del sistema.
Nos explicamos:
Una vez establecido el precio de venta al público consumidor, sólo los trabajadores, con sus salarios, y los perceptores de rentas, con las ganancias patronales y los impuestos directos e indirectos, que también proceden originalmente de esos trabajadores, sólo estos terminan reintegrándole (íntegramente) a los patronos el monto de sus inversiones, y de paso hasta les dejan ganancias que terminan enriqueciéndolos. El caso es que los inversionistas toman para sí dichas ganancias y, aparentemente, las comparten en determinada proporción legal con el gobierno de turno y su correspondiente burocracia de alta jerarquía. La burocracia media e inferior sólo recibe una paga por sus servicios, tasada con los mismos subestimados sueldos que el patronato privado a regañadientes le paga a sus asalariados.
Ese mecanismo, académica y políticamente conocido como *explotación del hombre por el hombre*, es el sistema más perfectamente desarrollado por unos pocos para desgracia de quienes paradójicamente han creado toda la riqueza material que sintéticamente dispone, ha dispuesto y seguirá disponiendo la humanidad.
Seguimos:
La moneda de circulación de cualquier país moderno es también una mercancía, y como tal es susceptible de compraventa. En el caso de las divisas, unas fungen de medio de compra, m. de pago, y otras, de bienes útiles para los fines cambiarios, circulatorios y financieros. En Venezuela preferentemente compramos dólares para nuestras importaciones y pagamos con bolívares. Las demás divisas de otros países también suelen fijar sus precios en dólares, y con ello todas esas divisas también representan otras tantas mercancías para nosotros.
Ahora bien, cuando, por ejemplo, la Administración fiscal y monetaria actual venezolana decide devaluar la moneda de curso legal, ella provoca artificial y automáticamente una ganancia comercial a todos los tenedores de divisas, y entre estos el Banco Central de Venezuela probablemente lleva la mejor parte. Es entonces cuando el gobierno central decide auditar a este BCV para que le reintegre razonablemente una parte de esas ganancias extraordinarias que, eufemística y enganiflosamente, el mismo gobierno opta por denominar *utilidades cambiarias*, como si se tratara de alguna actividad realmente productiva.
Ahora bien, si esas mercancías llamadas divisas son compradas por el Estado, por los patronos, y por los demandantes de dólares en general para terminar de producir o revender mercancías en el mercado nacional, tenemos que inferir que son los trabajadores quienes están cargando con esas tales *utilidades cambiarias*, lo que evidentemente convierte a estas en una modalidad adicional de Impuestos Indirectos que el pueblo trabajador venezolano termina cargando sobre sus productivos hombros.
