Respetables lectores
Les cuento que en mi país Venezuela de acuerdo con la ley, no constituye delito el que los particulares financien o colaboren con dinero de legítima procedencia a los partidos políticos; esta práctica económico política es de vieja data, la han ejecutado y la ejecutan tanto los partidos de derecha como de izquierda y lo digo con propiedad porque fui dirigente regional de una organización política de izquierda en cual milité durante 22 años ininterrumpidos; siempre me opuse a que se le exigiera dinero a los empresarios u otro tipo de millonario, porque "El diablo no entrega dinero de gratis" ya que una vez que se obtiene el triunfo electoral, pasan cobrando la factura exigiendo que se les asignen jugosos contratos, que se les exonere de tasas impositivas, o que se aprueben leyes orientadas a defender sus diversos intereses entre otros favores socio políticos.
Siempre he creído que los partidos se deben financiar con los aportes de dinero legítimamente adquirido de su militancia, con medios legítimos de producción económica, u otras estrategias legales, o que sea el Estado a través de cualquier medio jurídicamente establecido, que aporte las finanzas para su funcionalidad orgánica.
Lo que hizo Juan Carlos Caldera, es una práctica cotidiana de los políticos en tiempos de campañas electorales o no; lo anormal de todo este escándalo es que sean los propios miembros de las organizaciones políticas en la cual militan los políticos, quienes chantajeen o extorsionen a sus militantes o dirigentes, lo expongan al escarnio público y le apliquen "Juicios sumarios inquisitivos" orientados a "Quemar política, psicológica, sociológica y moral mente" al dirigente que pueda hacer sombra a las aspiraciones de otro dirigente de la misma tolda e ideología política, porque esa actitud sencilla y llanamente constituye una mayúscula deslealtad y traición; es bueno resaltar que existe un sabio y viejo adagio el cual plantea que “QUIEN LE PEGA A SU FALIMILIA SE ARRUINA”.
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