El Presidente Chávez inicia su nuevo mandato con buenos augurios hacia una mejor y más eficaz lucha en favor de la eficiencia y contra la corrupción.

Luego de su discurso del cierre de campaña el pasado 4 de octubre en declaraciones a los periodistas, Vanessa Davies, de VTV, Vanessa Sánchez, de Venevisión y Ernesto Villegas, del diario Ciudad Caracas, el Presidente Chávez anunció al país que una de sus primeras medidas es reordenar el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia para transformarlo en un instrumento para el seguimiento de la obra gubernamental, a todos los niveles, por cuanto es allí, donde ha podido detectar que está gran la falla de su gestión: “Ese es el error más grave de este Gobierno, de nuestro Gobierno, la falta de seguimiento, además con mucha firmeza, un seguimiento con una espada (..) Aquí hay gente que pierde su cargo (porque no funcionó), y de repente tú lo consigues a los tres años en otro, y ascendido, por falta de seguimiento. Me voy a poner personalmente en eso…” (1)

Quienes hemos estado por años en estas lides del control público nos sentimos complacidos de que el Comandante Presidente Chávez con esas declaraciones dio señales muy concretas de que esa realidad que hemos puesto sobre el tapete, reiteradamente, a través de este mismos medio, va a ser enfrentada con firmeza y con el mayor rigor.

Hemos sostenido y no nos cansaremos de señalarlo que el ejercicio de contraloría sobre el gasto público debe descansar sobre unidades funcionales a las que se les tienen que otorgar no sólo relevancia, sino la necesaria jerarquía autonómica, como únicas opciones para asegurar que los actos administrativos que implican el manejo de los recursos que le pertenecen a todo el pueblo, se haga con total y absoluta pulcritud y transparencia, apegados a la legalidad, específicamente a lo dispuesto en las leyes y reglamentos que regulan la función contralora, cuerpo normativo ese que, en nuestro criterio, pudiéramos de catalogar como bastante completo, aun cuando vale la pena que se examine la conveniencia de revisar, con urgencia, algunas de esas disposiciones, como pudiera ser, a título de ejemplo, la Ley de Contrataciones Públicas, en lo tocante al registro de empresas y a las prescripciones que regulan los procesos de selección de contratistas, para evitar, en primer lugar, que logren ser registradas aquellas firmas comerciales, incluidas las cooperativas, que, a no dudarlo, son sólo organizaciones de maletín que buscan estafar al Estado bajo el cobijo legal, a través de que se les exija mayores requerimientos, básica y esencialmente en los temas de sus capacidades económicas y de la experiencia, pues ocurre con demasiada frecuencia que infinidad de entidades públicas terminan contratando con proveedores, quizás en muchos casos de buena fe, a los que les resulta imposible ocultar, una vez iniciada la prestación de sus respectivos servicios, que no son otra cosa que farsantes intermediarios de terceros y, lo segundo, para garantizar, a todo evento, no solamente la idoneidad de quien va a suministrar bienes y servicios al Estado, sino que se establezcan para los mismos, sin limitante alguna, precios justos y razonables.

Igualmente, hay que evaluar la posibilidad de que se defina un régimen sancionatorio más severo para quien incurra en delitos de corrupción, así como que las penas se apliquen en instancias de justicia especiales, de modo de garantizar por esa vía que las decisiones sean expeditas.

Las más altas gerencias del ámbito público tienen en ese ejercicio de contraloría un excelente apoyo para cumplir con sus responsabilidades y contribuir, de manera efectiva, a librar la batalla de todos los días contra los corruptos que logran infiltrarse en las áreas de decisión y de mando de los estamentos estatales, quienes con gran habilidad hacen hasta lo indecible por aprovecharse de sus posiciones burocráticas y así ponen a funcionar una maraña de complicidades para no sólo manipular los mecanismos presupuestarios y obviar el acatamiento de las normas de control, sino inflar los precios y costos de los contratos y órdenes de compra o de servicios, e igualmente, facilitar el “libre” y casi descarado cobro de comisiones o coimas, como la llaman en México, sin dejar, las más de las veces, pruebas que los comprometan.

Pero no basta sólo con esa gestión del control preventivo de la legalidad del gasto, como lo venimos diciendo desde hace muchos años. Se hace necesario complementarlo en tiempo real con inspecciones rutinarias que pudieran ser selectivas en una primera fase hacia el rescate de una política de contraloría proactiva, o lo que en la jerga del control de gasto público se le denomina como control concomitante (2) pues se impone como un deber de quienes desde los más altos escalones de los estamentos oficiales han asumido la responsabilidad de administrar fondos públicos, velar porque quienes en la gerencia media y baja les corresponde adelantar en las praxis los trámites respectivos, cumplan con rigurosidad los mandamientos de la Ley Contra la Corrupción en su Capítulo II, “Principios para prevenir la Corrupción y Salvaguardar el Patrimonio Público” y para ello no queda otra opción sino recurrir a esos procesos de inspección y fiscalización.

Vale destacar, como algo de suma importancia, que el propio presidente Hugo Chávez no ha dejado de abordar el tema durante sus dos mandatos y tan es así que en diciembre próximo pasado, pocas horas antes de partir para la reunión del Mercosur, en Montevideo, pautada para el día 19 de ese mes, instruyó a algunos de sus ministros, ante un reporte de actuación inadecuado de un determinado funcionario responsable de atender a damnificados, tal y como así él mismo lo calificara, para que designaran de urgencia comisiones que inspeccionaran esas actuaciones de carácter social, e igualmente para que lo hicieran con todos los planes y obras en marcha del gobierno a nivel nacional, para corregir los entuertos que pudieran estar retrasándolos e igualmente los exhortó a aplicar las sanciones que correspondan si de esas actuaciones se determinaban evidentes retrasos por desidia o incapacidad gerencial manifiesta. Inclusive, y he allí lo trascendente de esa mandato presidencial, es que en el mismo acto le ordenó al Procurador General de la República, Dr. Carlos Escarrá, quien lamentablemente falleciera pocos meses después, que conformara una unidad de inspectores y fiscales para que de manera rutinaria acometieran esa tarea esencial para garantizar que su equipo de gobierno trabaje con eficiencia y con eficacia. “Ya basta, dijo (palabras más, palabras menos), no podemos cometer errores de ningún tipo en el manejo de los dineros del pueblo…”.

De manera que este anuncio de instrumentar desde la Secretaría de la Presidencia un monitoreo riguroso de la gestión de su gobierno no será una nueva manifestación de angustia del primer mandatario, sino que habrá de ser, con toda certeza, una voluntad de diseñar una clara y precisa política de Estado en el tema de la fiscalización y el seguimiento a las obras y emprendimientos del gobierno, a fin de garantizar que tales gestiones se realicen en los lapsos que hayan sido establecidos y convenidos.

Sobre la marcha y con la urgencia que el tema reclama, se impone que paralelamente el gobierno nacional concierte con la Asamblea Nacional una profunda revisión de las normas de contraloría con miras a evaluar la conveniencia de revertir la decisión legal que acabó con el control previo, hecho ocurrido en 1996 (Caldera II), en pleno auge de las políticas neoliberales impuestas al país a raíz del consenso de Washington (la desregulación y la permisividad absoluta con la falsa argumentación de que el Estado no sirve para nada y que solo el capitalismo con su “libre mercado lo arregla todo”), sino que se acuerde incluir como obligante y de esa manera hacer proactivo el ejercicio de contraloría, la apertura de investigaciones por notitia criminis (3), dado que a la fecha el accionar del máximo órgano de control del país, queda sujeto a las conclusiones únicamente de actuaciones de auditoría y, como nadie puede ponerlo en duda, por más voluntad que se tenga de acabar con los ilícitos contra el patrimonio público, jamás eso se pudiera lograr con el personal especializado con que cuenta para ello la Contraloría General, pues tendría que disponer de diez batallones de auditores (algo racionalmente impensable) y no creemos que esa sea la mejor estrategia para acabar o siquiera minimizar la corrupción.

Por otra parte y esto lo hemos igualmente dicho y escrito infinidad de veces, el llamado delincuente de cuello blanco no deja rastros, o al menos hace hasta imposible para no dejarlos y es por ello por lo que una denuncia pública pudiera ser un buen indicio que conduzca a la obtención de evidencias necesarias para poder imputar a quienes resulten ser los directos responsables de los ilícitos contra los dineros y bienes públicos… (4)

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(1) Lea la entrevista realizada al candidato Hugo Chávez por los ...

(2) http://www.economia48.com/spa/d/control-concomitante/control-concomitante.htm

(3) “Éste es el nombre genérico bajo el cual, tradicionalmente, se han reunido los distintos medios por los cuales podía iniciarse la actividad de la justicia penal, mediante la promoción del proceso. Así, ya sea por la denuncia, ya por la querella, o por la prevención policial o de oficio, se lleva ante la jurisdicción una noticia sobre la comisión de un delito, que opera como "información institucional", sujeta a recaudos específicos impuesto por la ley procesal, capaz de producir efectos jurídicos previamente previstos por la ley. Supera a la mera información.” (Fuente: GARRONE, José A., Diccionario Jurídico - Tomo III, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005, p. 462).

(4) Más contraloría y fiscalización si queremos derrotar a los corruptos

Oliverr@cantv.net