"La revolución es algo que se lleva en el alma, no en la boca para vivir de ella." (Che Guevara)

Hemos sido reiterativos en abordar el tema de la eficiencia y la transparencia en los estamentos gubernamentales, por cuanto no abrigamos, ni un ápice de duda, de que es una buena forma para que se comprenda que se trata de asuntos sumamente relevantes y no podemos, en consecuencia, manejarlos como algo de menor importancia, que no demandan atención alguna.

De mil formas hemos dicho que los esfuerzos por destruir a los corruptos hay que potenciarlos cada día con mayor voluntad y decisión e igualmente afirmado con mucha terquedad, que allí no puede haber tregua. Es una confrontación que hay que darla minuto a minuto y ante las instancias que sean, por más poder que ellos puedan tener.

Pero, también hemos sostenido que no sólo son corruptos aquellos que directa o indirectamente están involucrados por sí, o a través de terceros, en actividades que comprometan el pulcro y transparente manejo de los dineros y bienes públicos, sino los que de manera abierta o solapada sabotean el cumplimiento de las metas y programas que se ha trazado el gobierno nacional para el logro de sus objetivos, los cuales no son otros que el bienestar y la satisfacción del colectivo en general, en el marco de las mayores garantías de equidad y de justicia social.

Hay que terminar de entender, por otra parte, que esa lucha no solamente le corresponde llevarla adelante al gobierno nacional, en la figura de su primer mandatario, sino al resto de las instituciones del Estado y a todas las organizaciones sociales, de todo tipo y naturaleza, pues como sabemos, los actos ilícitos contra los dineros públicos y el sabotaje se propician en cualquiera de las instancias de carácter oficial que cubren la geografía nacional.

El robo y la dilapidación de los recursos públicos son actos que se perfeccionan, a todo evento, entre dos partes, aquella que administra y/o ejecuta las decisiones que se adoptan acerca del uso y destino de esos dineros y la que, sin tener otra responsabilidad que la de manejar y cuidar únicamente intereses particulares o de grupo, se avienen para repartirse entre ambas una determinada comisión de alguna partida destinada para construir una obra pública, o adquirir algún bien o pagar un servicio requerido por la entidad gubernamental de que se trate y para eso recurren a la vieja práctica de acordar escandalosos sobreprecios en las contrataciones y órdenes de compra.

El saboteo, por su parte, se expresa de mil formas y las más evidentes son: la demora injustificada para tomar decisiones y eso ocurre, quizás, en algunos casos, por desidia de una burocracia pesada, básicamente porque ha sido sobre dimensionada en el tema del personal que obliga a que, por ejemplo, una tarea específica para una sola persona en el horario regular, se subdivide en varios pasos para que sea cumplida hasta por tres y cuatro funcionarios, pero muchas veces porque a propósito se esconden los expedientes o, sencillamente “permiten” que se “extravíen”, o también sucede cuando se imparten órdenes confusas para generar ambientes tensos en las áreas de trabajo, como parte de una silenciosa conspiración o cuando se irrespeta al ciudadano que exige un servicio al que tiene pleno derecho, atendiéndolo mal o, simplemente, sometiéndolo a un "ruleteo" interminable, como ocurre con demasiada frecuencia en establecimientos prestadores de servicios públicos en general

El presidente Chávez ha sido un adalid en la vocería recurrente de muy alto tono para enfrentar y castigar con el mayor rigor todas esas formas de corrupción. Ha dicho ene veces desde que arribó a Miraflores en enero de 1999, que hay que marchar en esa dirección sin contemplaciones de ninguna índole. Le ha pedido a los integrantes de su equipo de gobierno que, sin vacilaciones, deben tomar medidas no solamente para impedir que esos sujetos hagan de las suyas, sino que deben identificarlos plenamente y llevarlos a la justicia, sin importar quienes puedan ser. Les ha reiterado igualmente que si se han planteado hacer negocios con recursos del Estado que agarren sus macundales y se retiren de las responsabilidad para las cuales los ha llamado, pues los dineros públicos son sagrados y es su obligación legal y más aún moral y ética, administrarlos con eficiencia total y a toda prueba, de manera de asegurar y garantizar el objetivo último e inexcusable de todo gobierno revolucionario, que nos es otro que hacer obra cierta en favor de lograr la mayor suma de felicidad para el pueblo, en su conjunto.

Y es por ello que no dudamos ni un ápice de la palabra del Comandante Presidente, cuando el pasado 5 de noviembre en curso le anunció la país, en un mini gabinete que realizaba con el Vicepresidente Maduro y tres o cuatro ministros del área económica y de comunicación e información, que será implacable en la lucha que directamente asumirá a través del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia para garantizar la mayor eficiencia y transparencia de la gestión de su tercer gobierno Convocó a todo el país para que lo acompañe en esa lucha e impartió muy precisas instrucciones para que a través de una política de Estado en el tema de la información y la comunicación, se haga una realidad permanente que el pueblo con su propia voz, o por conducto de sus organizaciones de base, comunales o de otra índole, tenga asegurado, como herramienta para su directa participación en ese esfuerzo colectivo nacional, el acceso al sistema de medios públicos, sin ningún tipo de trabas.

En tanto el pueblo no se haga protagonista, minuto a minuto, de un proceso que implica hacerle seguimiento de contraloría a la gestión del gobierno, como lo ha ordenado nuestro primer mandatario en esa reciente comparecencia, todo resultará en un rotundo fracaso y eso hay que evitar que suceda, porque sería catastrófico para la estabilidad de la revolución.

Hasta el momento los venezolanos, en su inmensa mayoría, carecen, de canales expeditos para transmitir sus angustias por los desaciertos gubernamentales y en absoluto dudamos que cientos de miles de ellos que habitan los distintos rincones del país, saben con absoluta seguridad y conocen hasta el mínimo detalle acerca de todo aquello que los ocasionan, por lo que se hace una necesidad impostergable habilitar esos canales para el reclamo y la denuncia en la cantidad y calidad necesarias. A la fecha y esto nos lo recordó el camarada Reinaldo Iturriza en su participación en el Foro “Comunicación y Revolución: Desafíos de la Nueva Etapa” realizado el pasado 31 de octubre en Unearte, cuando alerto a la concurrencia acerca de un hecho bien condenable que se repite mucho (palabras más, palabras menos), “si un camarada decide transmitir un reclamo por una pifia gubernamental en cualquier escenario de adeptos al proceso, de inmediato se le descalifica y hasta se le llega a señalar como traidor al servicio de los enemigos de la revolución...” El sacudón implacable que nos anunció el Comandante coadyuvará, con absoluta seguridad, a revertir esa equivocada percepción, pues la crítica descarnada, tal cual la imponen determinadas circunstancias, es fundamental y sería un contrasentido que en un proceso revolucionario se le cuestionara…No olvidemos esta máxima que mucho se repite: “todo revolucionario tiene que ser crítico e irreverente en la discusión, pero mostrar y demostrar, a todo evento, absoluta lealtad en la acción”.

No queremos concluir sin antes observar que por allí vimos que el Ministerio de la Secretaría abrió una página para recibir denuncias, quizás como un primer paso para iniciar su nuevo rol en la fiscalización y el seguimiento de la gestión del gobierno que prometió el Presidente, acerca de cuyos particulares se impone observar que es preciso que se ofrezca, en primer término, la mayor reserva y protección al denunciante y luego amplitud ilimitada para la denuncia y/o reclamo que se quiera formular, pues sería impensable que se intente exigir pruebas por, ejemplo, de irregularidades que se hacen más que evidentes a través de, por ejemplo, ver con sorpresa una vida dispendiosa y llena de lujos por parte de funcionarios que poco antes de ocupar alguna responsabilidad pública, vivían modestamente y sin lujo alguno, pues resultaría demasiada ingenuidad llegar a la conclusión de que los corruptos del erario público andan dejando por doquier evidencias de sus fechorías. Todo aquel que planifica una estafa al Estado hace lo indecible por no dejar rastros y eso hay que entenderlo que es así como operan los mafiosos de la corrupción…!

Decimos por eso que, ¡ojo, con eso!... Un correo o una taquilla para esos fines que estén supeditadas a sólo recibir denuncias que vengan acompañadas con pruebas y evidencias documentales de alguna irregularidad administrativa u otro asunto que tenga que ver con la ineficiencia manifiesta y el maltrato, no cumplirá su cometido…

Las investigaciones ulteriores le permitirán a las instancias de investigación de ese Ministerio, rastrear y encontrar las pistas que conduzcan a localizar las pruebas requeridas para imputar a los responsables de lo mal o pésimo que se hecho o se está haciendo…

oliverr@cantv.net