El día 21 del presente mes, el Presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Dr. Elías Eljuri, presentó los datos, según el Censo de Población y Vivienda correspondiente al año 2011, sobre los niveles de pobreza en nuestro país, tomando como punto de referencia las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), método recomendado por la CEPAL, para medir la pobreza estructural; el INE, en la elaboración de sus estudios sobre pobreza, toma en cuenta los siguientes indicadores: hogares con niños en edad escolar que no asisten a la escuela, hacinamiento, vivienda inadecuada, hogares sin servicios básicos y hogares con jefes con educación menor a 3 grados de educación. Señaló el Dr. Eljuri que: “La pobreza extrema en Venezuela se redujo del 11,36% en el 2.001 a 6,97% en 2011”. Estimándose que para finales del año 2012, la misma debió haberse reducido a un 6.5%.
Al respecto, bien vale la pena hacer algunas reflexiones. Con el Gobierno del Presidente Hugo Chávez, la pobreza es analizada como un problema estructural de carácter multidimensional. Y, ello es bien importante ya que se aleja de la tradicional definición de la pobreza que la concibe sólo como la falta de oportunidades que tiene un individuo o familia para disponer de los recursos suficientes y poder así satisfacer sus necesidades básicas. Nueva visión que toma en cuenta otras variables relacionadas con las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales de la población, las cuales están estrechamente unidas al proyecto de país que estamos edificando, en donde la justicia social, la equidad y la igualdad constituyen las bases fundamentales del mismo. Para el Gobierno Bolivariano de Hugo Chávez, las políticas sociales se generan para activar un nuevo orden a una nueva estructura estadal, ante el dinamismo y las exigencias de los distintos estratos que componen la sociedad venezolana. Las Misiones Sociales son, en tal sentido, las instituciones a través de las cuales se instrumenta la política social del Estado venezolano.
A partir de la aprobación de la Constitución Bolivariana en 1999, se dio inicio a una nueva relación Estado-Sociedad. En ella, se define al Estado venezolano como un Estado Social de Derecho y de Justicia; se le otorga al pueblo venezolano, el rol de sujeto fundamental de la sociedad. El cambio es profundo, se transita de un Estado partidocrático a un Estado de democracia Participativa y Protagónica, en donde la participación del pueblo organizado en el Poder Comunal, constituye la base de estructuración de la sociedad.
Dable de destacar es la consecuencia del gobierno venezolano en la lucha contra la pobreza. Concebir la integración como una nueva relación que trasciende la asociación comercial, mercantil, básicamente económica, para otorgarle un carácter de asociación de pueblos basada en la solidaridad, la cooperación y la complementariedad es un avance sin precedentes, se hace realidad el sueño del Libertador Simón Bolívar de construir la Patria Grande. En tal sentido, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), UNASUR, PETROCARIBE, el Acuerdo Energético de Caracas, entre otros, son nuevos modelos de integración que contribuyen a la lucha contra la pobreza, en los pueblos hermanos del hemisferio. Haber logrado que la Organización de Estados Americanos (OEA), después de un largo batallar, que se inició en el año 2004, aprobara la Carta Social Interamericana, aunque el documento final deje mucho que desear en cuanto a principios fundamentales en la lucha para derrotar la pobreza, son logros innegables del acierto de nuestra política internacional.
No hay duda, en Venezuela estamos derrotando la pobreza. Y, lo estamos logrando porque el gobierno ha entendido que para superar la pobreza, la inequidad y la exclusión social, se requiere del concurso de los más diversos sectores de la sociedad nacional. Conscientes de que densos sectores de la población habían sido condenados, históricamente, a vivir en situaciones ruinosas y degradantes nuestro gobierno se propuso crear y fomentar las condiciones reales, dignas y humanas, para que todos los hombres y mujeres de nuestro país pudieran tener acceso equitativo al disfrute de la riqueza y el bienestar. Para lograrlo hemos creado nuevas condiciones de ciudadanía, basada en el reconocimiento pleno y en el ejercicio garantizado de todos los derechos humanos, donde los sujetos sociales construyan el proceso democrático con autonomía y libre determinación. En función de ello hemos establecido nuevos patrones de valores que conduzcan a la construcción de un nuevo sujeto histórico, orientado al cambio social y la construcción de la Patria Socialista.
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