Las principales instituciones están de nuevo en manos de golpistas y antidemócratas. La reciente votación del Senado aprobando la presencia del ex militar pinochetista J.A. Cheyre en la presidencia del Consejo Ejecutivo del SERVEL, lo demuestra sin ambages

Arturo Alejandro Muñoz

SI LO QUE está sucediendo hoy en política no se aproxima a un serio intento del duopolio por asfixiar la democracia y perpetuarse en el gobierno, simplemente -como decía mi abuelo- ‘pasa raspando’. No crea amigo lector que hablo por boca de ganso, ni tampoco mire a huevo estas líneas, porque –recuerde usted- algo similar ocurrió allá por 1972-73 cuando muy, pero muy pocos chilenos creían en la posibilidad de una dictadura militar fascistoide y genocida… y sin embargo, ¡ya ve!, sucedió.

¿Cuáles son las instituciones que caracterizan y representan a cualquier sistema político, y que en nuestro caso –donde supuestamente impera una democracia institucional- ellas deben alzarse como defensoras a ultranza del sistema en vigencia? No son tantas como para olvidar sus nombres. Mencionemos, pues, a las que constituyen el corazón de nuestro actual sistema, además, por cierto, de los tres Poderes del Estado.

Esas instituciones son, entre otras de menor rango: Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, Banco Central, Fuerzas Armadas, Policía, Servicio de Impuestos Internos, Prensa y Televisión. Es un hecho cierto que todas y cada una de ellas se encuentran cooptadas por elementos que tuvieron activa participación durante la dictadura militar, o que –simplemente- la apoyaron con entusiasmo y voluntad evitando durante 17 años que los chilenos tuviesen posibilidades de elegir a quienes debían ser sus representantes en el gobierno, en el poder legislativo y en las comunas.

Hace ya tiempo se desveló uno de los hechos más trascendentes (y negativos) de la política criolla, acaecido pocos días después del histórico plebiscito del Sí y el No el año 1988, ocasión en la que un naciente bloque llamado Concertación de Partidos por la Democracia aceptó casi sin chistar –a espaldas de la gente- los términos que la derrotada dictadura exigió como condición sine qua non para entregar el gobierno. En ese mismo momento, el pinochetismo clavó la rueda de la Historia solidificando una interminable transición que sólo podrá concluir cuando ninguna de las coaliciones firmantes en ese instante, sea gobierno.

Si a Jaime Guzmán Errázuriz se le responsabiliza por la creación de este monstruo predador y clasista llamado Constitución Política del Estado (calendas facha impuesta por la dictadura en 1980), bien podríamos achacarle a la Concertación –durante sus 20 años de mayordomía- la argamasa atentatoria contra una democracia institucional que ese bloque injertó en el cuerpo social chileno, como es el caso de la ley antiterrorista, el lucro en la Educación, la venta del agua a manos privadas (y extranjeras, por añadidura), la rifa de los recursos minerales, la ley de pesca, la estafa en los indicadores de la encuesta CASEN, el haber prohijado estafas y corruptelas en Isapres y AFP’s, el desinterés oficial por cambiar el sistema binominal, y un etcétera cuya largueza superaría el espacio disponible para este artículo.

No es de extrañarse, pues lo anterior obedeció a los términos del acuerdo (¿o imposición?) protocolizado con los representantes de Pinochet a finales del año 1988, teniendo al embajador de EEUU como testigo de fe (asunto que reconoció públicamente ese mismo diplomático años más tarde), lo que permite al menos sospechar de cuán profunda era la intrusión de Washington en cuestiones atingentes a la soberanía chilena. El departamento de Estado yanqui intermedió sólo motivado por un asunto: que el nuevo gobierno mantuviese intocado el sistema neoliberal salvaje impuesto por los Chicago boys a través de las bayonetas militares. La derecha pinochetista, a su vez, extremó esfuerzos para impedir que la Concertación tuviese la peregrina idea de echar abajo la Constitución dictatorial, lo que a juicio de esos ultra conservadores podía redundar en un escenario que tanto la UDI como RN -y el empresariado- desean se mantenga contra viento y marea. Me refiero al “derecho a veto” que en el Congreso nacional ha permitido al mundillo conservador detener todo proyecto de ley que procure mejoras laborales para los trabajadores u obligaciones para la parte patronal.

Esta sociedad de intereses mutuos, hoy conocida como duopolio binominal, durante más de dos décadas interpretó el conocido juego del “policía bueno y el policía malo”, logrando que la mayoría de la gente concertacionista (amén de la gente de derecha) creyese a pie juntillas que el bloque triunfador en el plebiscito de 1988 era un conjunto de tiendas partidistas de “centro izquierda”, antidictatorial y profundamente democrático y progresista. A ese bote hoy le entra agua por todas partes y parece hundirse irremisiblemente.

Pero, en una suma de momentos aparentemente aislados entre sí, lo anterior comenzó a resquebrajarse. Las organizaciones sociales –pobladores, estudiantes, deudores habitacionales, pescadores, trabajadores subcontratados- se pusieron de pie y el país comenzó a remecerse con las marchas y manifestaciones, al mismo tiempo que las encuestas de opinión señalaban una inatacable caída en la aprobación ciudadana de ambos bloques. A ello, se agregó otro despertar, tan importante como el mencionado; en la mayoría de las naciones sudamericanas los pueblos rechazaban a la derecha cipaya de las transnacionales, e instalaban en sus palacios de gobierno a representantes de la modernidad progresista y profundamente democrática (Brasil, Perú, Argentina) y, en casos muy ejemplificadores, a socialistas de verdad, como el Presidente venezolano Hugo Chávez, y los mandatarios de Ecuador, Bolivia y Uruguay; Rafael Correa, Evo Morales y José Mujica, respectivamente. Sólo Colombia y Chile quedan tambaleando en ese tablero. Hasta que…

… en nuestro país el ‘modelo’ neoliberal fundamentalista y talibán comenzó sufrir quebrazones por muchas partes. Las falacias demagógicas de la derecha, tanto como los engaños traicioneros de la Concertación, ya no eran de utilidad plena para los predadores transnacionales. Sobrepasada completamente por las redes sociales y por los medios de comunicación electrónicos independientes, la prensa ‘oficial’ dejó ser creíble para un significativo número de lectores. Con ello, toda publicidad pro sistema pasó a constituirse en hecho negativo que medraba a la propia autoridad. Nuevos referentes estaban surgiendo en el país, y muy peligrosamente (para los capitalistas) Chile comenzaba a despertar del letargo inyectado por el pinochetismo y el Departamento de Estado norteamericano. La irrupción de organizaciones estudiantiles, poblacionales y laborales –sumado ello a la histórica lucha de la nación mapuche por sus derechos ancestrales- puso en jaque no sólo a la Concertación y a la Alianza sino, específicamente, al proyecto de dominio y expoliación que U.S.A. tiene diseñado para imponerlo en el resto de naciones sudamericanas.

Y llegó la orden. En algún oscuro lado (nunca del pueblo) se expidió la instrucción. Era el momento de que el anillo de Sauron regresara a los pestilentes escenarios de Mordor. Fiel a su antidemocrático compromiso contraído con la dictadura en 1988, la Concertación inició los cambios que impetraban empresarios, banqueros y aliancistas. Uno tras otro, desde el año 2001 a la fecha, los principales cargos de las instituciones de primera línea en el sistema comenzaron a ser ocupados por reconocidos pinochetistas. Ex almirantes, ex generales, siempre nominados por La Moneda, pasaron a hacerse responsables de instituciones que “funcionaban”, según el principal defensor concertacionista del neoliberalismo chileno, Ricardo Lagos Escobar.

Luego, la administración actual, de absoluto corte ultraderechista, va terminando la tarea impuesta desde las faltriqueras de las transnacionales, y ahora todas esas instituciones –sin faltar ninguna- están ya en manos de antiguos golpistas que odiaban la democracia y que siguen siendo sediciosos, clasistas y serviles con una bandera extranjera, como es la yanqui. Ahí están, pues, en esas manos organizaciones como el Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, Banco Central, Fuerzas Armadas, Policía, Servicio de Impuestos Internos, Prensa y Televisión, etcétera.

El pinochetismo (ergo, el totalitarismo) ha regresado. Silente, pero concreto. La Concertación nunca lo impidió, ni lo hará tampoco en el futuro. Por el contrario (y con el mismísimo Partido Comunista asociado a él por intereses electorales), ese bloque insistirá en que se trata de “aspectos propios de la democracia”, aunque jamás definirá qué entiende por democracia, pues el objetivo único no es otro que impedir –a como de lugar- el avance de una idea que ya ha hecho carne en millones de chilenos: la Asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución Política y, de ser posible, un también un nuevo poder legislativo en el que no tenga cabida ninguno de quienes hoy maman y engordan en aquel edificio sito en Valparaíso.

En resumen, Alianza y Concertación estrechan otra vez su concordato dispuestas a no permitir que algún nuevo referente les desaloje desde el gobierno. La reciente votación del Senado aprobando la presencia del ex militar pinochetista J.A. Cheyre en la presidencia del Consejo Ejecutivo del SERVEL, lo demuestra sin ambages. “La democracia no alcanza para todos, sino sólo para nuestras dos coaliciones”, aseguran patrones y mayordomos. Para ello, no trepidan en cercenarle el cuello a esta seudo democracia y sumergirla en las aguas del totalitarismo pinochetista. Sin violencia explícita, pero sí pudriendo leyes para hacerlas pasar como “justas y necesarias”, aunque en el trasfondo de ellas el propósito sea el mismo que ha motivado a la traición a tantos concertacionistas: servir de lacayos bien pagados al patrón transnacional.

Eso es, ni más ni menos, un “golpe blando”, o si se prefiere (emulando lo hecho por Fujimori en Perú hace años), un “golpe de estado constitucional”. Está ocurriendo en este momento, aunque usted no se percate… o no quiera percatarse por temor, comodidad o desinterés.

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