En artículo anterior (SUMMA, N° 2, junio 2005, Caracas) señalamos que la Misión Sucre, como instrumento para corregir la exclusión social de la educación superior ocurrida en el pasado, era un esfuerzo loable del presidente Chávez. Para ello, los excluidos tenían que ser censados y organizados nacionalmente, para recibir un curso que actualizara sus conocimientos, pues llevaban mucho tiempo alejados del estudio.
La idea original fue distorsionada por unos aventureros, quienes incumplieron lo previsto y la transformaron en un mecanismo alterno de ingreso a la educación superior, sin requisitos de ningún tipo, lo que genera nuevas iniquidades e injusticias, ahora en detrimento de quienes se gradúan todos los años de bachilleres y deben someterse a los requisitos existentes.
Sin embargo, a pesar de las distorsiones y perversiones, no todo está perdido y es posible llevar adelante la propuesta original, pues existe una población excluida a la que la Misión Sucre no ha ayudado, al desviar sus propósitos originales y pasar a incorporar funciones, como la de admisión, que claramente pertenecían a otros organismos, que se estaban ocupando de sus tareas en forma científica, rápida y eficiente. Como se trata de hacer las cosas bien, nos permitimos proponer el siguiente programa:
Inclusión con calidad como lo ordena la Constitución, mediante el incremento de los cupos universitarios hasta ajustarlos a las posibilidades reales de las instituciones, determinadas éstas con auditorias académicas hechas por especialistas contratados por el gobierno. Estas auditorias nos dirían cuántas plazas adicionales, pueden ofrecer las instituciones utilizando al máximo sus posibilidades de espacios (aulas, laboratorios, bibliotecas), de docentes y de consumibles. Se diagnosticaría también las limitaciones institucionales, que resueltas significarían un aumento adicional de plazas, para garantizar el ingreso y la prosecución.
Con financiamiento de distintos programas, según las insuficiencias detectadas, se solventaría las mismas y se incorporarían más alumnos. Así, si faltan espacios académicos, se construirían nuevas aulas, laboratorios y bibliotecas, que serían ubicados en las sedes institucionales o, en los casos debidos, en los municipios, mediante la creación de los núcleos municipales universitarios, mal llamados hoy aldeas universitarias, contribuyendo así a la municipalización de la educación superior, que es otra de las políticas gubernamentales incomprendida totalmente por quienes la tienen a su cargo.
Si la insuficiencia es de docentes, se debe incorporar nuevos profesores en las cátedras y programas existentes, donde actuarán con profesores de mayor experiencia y realizarán un plan de formación, que garantice su preparación adecuada como docente universitario, pues la improvisación en este aspecto es de graves consecuencias para la calidad educativa. Es éste uno de los más graves problemas que tienen hoy la Misión Sucre, la Universidad Bolivariana de Venezuela y las nuevas sedes de la Universidad Politécnica de la Fuerza Armada. Si la necesidad es de libros, se adquirirían de acuerdo al número y tipo de usuarios existentes.
Se crearán nuevos programas de formación, en estrecha relación con los planes nacionales de desarrollo y con las necesidades de la población, que funcionarán en instituciones existentes, en nuevos núcleos de las mismas o en nuevas instituciones que se creen. Para ello, el Gobierno Nacional otorgará el financiamiento correspondiente, junto con las gobernaciones, alcaldías, empresas y fundaciones estatales.
Se garantizará la equidad en el ingreso de todos los aspirantes, provengan de donde provengan, a través de un mismo mecanismo nacional, para lo cual se procederá según los resultados de los estudios de investigación efectuados. La Misión Sucre sólo asistirá a quienes en el pasado fueron excluidos, mediante la organización y financiamiento del curso de iniciación y el otorgamiento de becas a los estudiantes de bajo recursos. El curso propedéutico debe ser revisado, modificado de acuerdo a nuestras necesidades y supervisado en forma debida. Los estudiantes deben ser evaluados en su desempeño y asistencia, antes de iniciar el curso, en varios momentos durante su realización y al final del mismo.
En lugar de haber elaborado el Decreto 3.444, cuyo contenido no ayuda a superar las debilidades y distorsiones de la Misión Sucre, debería derogarse por anticonstitucional el numeral 9 del artículo 26 de la Ley de Universidades, que faculta a los consejos universitarios para fijar el número de plazas de nuevo ingreso y los procedimientos de selección, pues está más que demostrado que dichos procedimientos son los responsables de la discriminación que sufren los aspirantes de niveles socioeconómicos bajos, así como aquéllos que provienen de colegios oficiales y quienes proceden de regiones del país alejadas y atrasadas (L. Fuenmayor y Y. Vidal, Revista de Pedagogía, XXII (64), 2001; L Fuenmayor, Revista Venezolana de Gerencia, año 7, N° 17, 2002). Se podría hacer con la promulgación de un nuevo Reglamento de la Ley de Universidades, que derogue el Reglamento de Leoni, aún vigente en todo lo que no contradiga la Ley de Universidades de 1970. A Navarro le entregué, a comienzos de 2004, una propuesta terminada de ese Reglamento. No sé por qué no se llevó al Consejo de Ministros, cuando el propio Navarro autorizó mi solicitud de efectuar el trabajo en cuestión.
