Entiendo por desafíos o retos universitarios a aquéllas decisiones y acciones que la universidad, en nuestro caso venezolana, debe asumir, para estar totalmente en sintonía, con las actuales necesidades mundiales y nacionales de producción del conocimiento, así como de formación de profesionales e investigadores altamente capacitados, para asegurar en el futuro una reducción importante de la dependencia científica y tecnológica, un incremento de los saberes nacionales y universales y una elevación evidente de las posibilidades de nuestro pueblo de mejorar en forma importante sus condiciones de vida y el control de su destino.
Lo anterior significaría, concretamente, incorporar a los estudios universitarios al mayor número posible de aspirantes aptos, incrementar la formación de profesionales en función de las necesidades nacionales, abrir nuevas carreras en atención a los planes de desarrollo del Estado, trabajar con el Gobierno para eliminar la exclusión estudiantil universitaria, elevar la prosecución estudiantil, elevar el número y la proporción de los estudiantes de postgrado, formar los investigadores requeridos en todas las disciplinas posibles, garantizar una elevada proporción de doctores entre sus docentes y la realización permanente de investigación de alto nivel, desarrollar la carrera académica y un sistema de evaluación y acreditación nacional de todos los programas, entre otros.
Para algunos, éstas son deudas de las universidades con el país. Sin hacer de esto una discusión interminable, debo señalar que, en la enumeración antes efectuada de las acciones concretas necesarias a ser realizadas, se deja ver claramente la participación importante del Estado en el cumplimiento de estos retos. Y no puede ser de otra manera. El Estado fija sus necesidades, el rumbo que le quiere dar a la nación y establece con las universidades las acciones conjuntas a ser realizadas. El Estado capitalista puntofijista exigió a las instituciones educativas superiores determinado comportamiento en función de sus intereses y programas de desarrollo. Éstas, en trabajo con el Estado, satisficieron esas necesidades en determinadas proporciones y con determinada calidad.
Aparece una nueva conducción del Estado, la actual, con planes y programas diferentes, contrarios a veces de los anteriores, que debe hacer nuevas solicitudes a las universidades, en forma clara y precisa, para que éstas asuman su cumplimiento. Se trata entonces de nuevos desafíos, que no existían como exigencias anteriormente, pues las demandas del Estado eran otras. Luego no son deudas realmente, aunque algunos de nosotros, en el pasado, hubiéramos exigido que las universidades asumieran esos compromisos, que iban más allá de los exigidos por el Estado. Las universidades están en deuda sí, pero en aquéllas áreas donde los compromisos con la “cuarta república” no fueron satisfactoriamente cumplidos por ellas; me refiero a exigencias como garantizar que todos sus profesores asociados y titulares tuvieran el grado de doctor, que sus estudiantes se graduaran en los tiempos convenidos y que sus autoridades tuvieran la mayor preparación académica, entre otros. Las dos cosas hay que resolverlas: las deudas reales de la universidad venezolana con el Estado y los desafíos o retos que debe esa institución asumir en forma inmediata y hacia el futuro.
