Definitivamente Capriles Radonski decidió impugnar unas elecciones en las que sin duda perdió por estrecho margen, pero de resultados irreversibles, y al respecto nos queremos permitir algunas consideraciones.
En Venezuela existen leyes, y existen instituciones y Poderes a los que hay que respetar. En Venezuela, como expresión del salto cualitativo que supone el tránsito de la democracia representativa a una democracia participativa y protagónica, y es el Poder Electoral, ejercido a través del Consejo Nacional Electoral que tiene el objeto regular el establecimiento de las bases, mecanismos y sistemas que garanticen el advenimiento del nuevo ideal u objetivo democrático. Una nueva cultura electoral cimentada sobre la participación ciudadana.
El nuevo esquema conlleva una modificación sustancial en la práctica electoral sobre la cual se edificó el anterior modelo, desde la concepción del sufragio como derecho, hasta la consagración de nuevas formas de participación que trascienden con creces a la simple formulación de propuestas comiciales. Se expresa esta nueva concepción a través de la implementación de instituciones políticas como la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y las Asambleas de Ciudadanas y Ciudadanos, cuyas decisiones revisten carácter vinculante, entre otros. Son estos, entonces, los novedosos medios que le garantizan al pueblo la participación y protagonismo en el ejercicio de su soberanía.
En tal sentido, resultan trascendentes las formas en que el ciudadano puede participar en la formación , ejecución y control de la gestión pública, pues ella no se limita a la intermediación de los partidos políticos, sino que puede hacerse en forma directa, en perfecta sujeción al concepto de soberanía que en forma expresa prevé el artículo 5 del novísimo texto constitucional.
Es por ello que nuestro Poder Electoral, tiene como sus principios rectores, desarrollar y garantizar la legislación en materia electoral, la igualdad, la confiabilidad, la imparcialidad, la transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del voto y la representación proporcional de las minorías. Principios que constituyen atributos o cualidades que deben conformar los nuevos sistemas electorales que se adopten y, en tal sentido deben ser asumidos como elementos diferenciadores de los que constituyen las bases de integración de los distintos cargos de elección popular.
En tal sentido, y en atención al control jurisdiccional necesario de los actos, omisiones, vías de hecho, emanados del Poder Electoral, a propósito de los procesos comiciales referidos y a su funcionamiento, nuestra Carta Magna creó la Jurisdicción Contencioso Electoral, ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. En el año 2009, la soberana Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) como expresión y desarrollo legal de los principios y garantías constitucionales en lo atinente a este Poder del Estado que hemos desarrollado anteriormente.
Esta Ley, en su Título XVIII expresa los Recursos Administrativos y la Jurisdicción Electoral, en donde se puede acudir cuando un acto de los organismos subordinados y de los organismos subalternos del Poder Electoral pueden ser recurridos, en el caso de que la actuación de éstos vulneren derechos de los electores y electoras, y se busca con estos mecanismos y procedimientos con el que cuentan las instituciones administrativas y judiciales que conforman la estructural jurídica electoral, subsanar e impartir justicia frente a los actos ilícitos de tipo electoral que contempla nuestro ordenamiento jurídico.
En el caso de conocimiento de los delitos y faltas electorales previstas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE), sin perjuicio en otras leyes electorales, corresponde a la jurisdicción penal ordinaria, y actúa el Ministerio Público, o lo que es igual, la Fiscalía General de la República. Esto es bueno que nuestro pueblo lo sepa.
También la referida Ley, en el mismo título anteriormente citado, en su Capítulo III, expresa el recurso que en sede administrativa puede intentar el señor Capriles Radonski, que es un Recurso Jerárquico, el cual se intenta por ante el mismo CNE dentro de los veinte días hábiles siguientes a la realización o emisión del acto o su publicación; o de la ocurrencia de hechos, actuaciones materiales o vías de hecho. Es decir, Capriles, si considera vulnerados sus derechos electorales, puede en sede administrativa, acudir al CNE para hacerlos valer, y tiene hasta el 13 de mayo, que es cuando se cumplen los 20 días hábiles, para intentar este recurso.
Pero no solamente eso, sino que para la interposición de dicho recurso, se deben cumplir con algunos requisitos, de conformidad con el artículo 206 de la LOPE, que me permito transcribir, para que de alguna manera, este representante de la burguesía, sepa que en nuestro país hay leyes, y se deben respetar.
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