Casos como el ocurrido el pasado sábado 8 de junio en curso con el fulano del Indepabis, quien ocupaba un cargo de muy alta responsabilidad, como lo es el de Gerente de Inspección y Fiscalización de ese importante ente público, el cual fue descubierto infraganti extorsionando a comerciantes de El Valle, nos indican que una acción implacable del Estado es la única vía para enfrentar con éxito a los corruptos, los que, a no dudarlo, deben estar multiplicados en ese mismo Instituto y estar actuando por cientos en otros, como -a título de ejemplo- mencionamos el Seniat y Cadivi, donde, entendemos, que se han presentado en el pasado no muy lejano, casos similares. La propia Presidenta del BCV, dijo recientemente que el año pasado “empresas de maletín”, le estafaron al país millonarias sumas de dólares, lo que, por cierto, nos alarmó y muchísimo, pues la Dra. Edmée Betancourt nada agregó si las autoridades estaban actuando para descubrir cuales fueron y cuanto se llevaron (Presidenta del BCV: Parte de los $59.000 millones entregados en 2012 fueron a “empresas de maletín).
Abordar el tema de la corrupción en todas las instancias de la colectividad nacional es una tarea obligante que debe concitar el mayor interés. Es, en nuestro criterio, una buena fórmula que pudiera conducir a reducirla a su mínima expresión, pues en tanto nos mantengamos sólo en la conseja o el comentario en voz baja con nuestros entornos más cercanos, no será posible impedir que la misma haga de las suyas. Nuestra historia de los últimos cincuenta años nos demuestra que, efectivamente, los mecanismos de controlaría con que ha contado el país para impedir la corrupción, han sido demasiado laxos, para no llegar a los extremos de decir que de nada han servido para enfrentarla con el debido rigor que su asquerosa realidad demanda.
Quienes apostamos a la idea de que es posible adecentar el país en el manejo de los fondos públicos, debemos concertar estrategias orientadas a promover un amplio y urgente debate que nos lleve no sólo a evaluar los resultados, por ejemplo, de la eliminación del control previo por parte del máximo órgano de control del país, la Contraloría General de la República, sino a examinar otros códigos y/o formatos de actuación de contraloría novedosos y profundizar en los ya establecidos que den la clave para el fortalecimiento de los mismos, como pudieran ser, a título de ejemplo:
1) Las tareas de inteligencia a través de los llamados equipos contra la corrupción que anunció el Presidente Maduro ;
2) La revisión exhaustiva de las declaraciones juradas de patrimonio a los funcionarios públicos que de manera efectiva tengan directa competencia en la disposición, recaudación y manejo de los dineros públicos;
3) El diseño de una normativa específica que proteja la vida de todo denunciante y de sus familiares de hechos punibles, de manera de impedir las retaliaciones; 4) La revisión inmediata de la Ley de Contrataciones Públicas, la cual establece mecanismos para la selección de contratistas y para su registro, que no son otra cosa que dispositivos manipulables para legalizar la matraca y admitir empresas que si bien satisfacen los requisitos documentales exigidos por la Ley, carecen, en miles de casos, de la capacidad técnica y experiencia necesarias para cumplir los objetivos que establecen en sus respectivos documentos mercantiles y que en la jerga popular se les llama “empresas de maletín”, pues la norma no contempla la obligatoriedad de verificar con antelación al registro respectivo, la información que consignan en sus documentos las empresas que solicitan su incorporación al Registro Nacional de Contratistas. Vale observar que circula con mucha intensidad, la especie de que en ese estamento público se cobra coima para registrar empresas chimbas, por lo que allí las instancias de contraloría y fiscalización deben, con urgencia, meterle la lupa…
Una vez fallecido el Líder Eterno, su sucesor, el camarada Nicolás Maduro no ha dejado de reiterar que esa línea política que trazó Chávez para enfrentar el delito de la corrupción y la ineficiencia se mantendrá inalterable y más bien la perfeccionó porque le anunció al país, una vez asumió la primera magistratura como Presidente Constitucional, que la fortalecerá con la creación de Cuerpos Especiales integrados por personal altamente adiestrado para declararle la guerra implacable a los corruptos (Presidente encargado anuncia conformación de cuerpo especial ...).
De manera que la pelota está del lado del gobierno. Sigamos hablando sobre el tema, pero vayamos, sin más dilación, a la batalla y a la cacería tal cual se hizo con plausible éxito con el caso del alto funcionario del Indepabis.
El pueblo sólo espera que se le brinde seguridad necesaria para poder ofrecer información sobre ilícitos contra los dineros y bienes públicos, quizás sin pruebas, las que generalmente no las tenga, pues -como sabemos- quien incurre en un ilícito, hace hasta lo imposible para borrar todo tipo de vestigios que lo puedan incriminar, pero sí aportará indicios y alguna que otra precaria evidencia, con los cuales es perfectamente posible iniciar una investigación que nos lleve a detectar y acopiar las debidas pruebas. A la par de ello, también espera el pueblo ver una estructura burocrática de control y fiscalización que sepa cumplir su tarea de modo eficiente y que a la vez esté sometida persistentemente a una rigurosa e implacable supervisión.
No queremos concluir sin antes hacernos copartícipes de la opinión del periodista Eleazar Díaz Rangel que ayer 9 de junio consignó en su columna semanal de Últimas Noticias (Los domingos de Díaz Rangel), sobre las ofensivas contra la corrupción que persistentemente nos ha venido anunciando el gobierno: “¿Cuántas veces hemos escuchado o leído exhortaciones similares, desde las primeras que hizo el presidente Chávez? Muy poco o nada se avanza en esa lucha. El pueblo es el que menos tiene capacidad, poder y facultad, salvo la de formular denuncias. Es una cuestión de policías, fiscales y tribunales, donde también existe corrupción.”
oliverr@cantv.net
