A propósito de las recientes expropiaciones, algunas de ellas de tierras, en cumplimiento de los lineamientos legales de la reforma agraria, y otras en el área de la industria, se ha lanzado desde los medios privados una campaña intensa para atemorizar a la población, tergiversando la naturaleza de estas medidas y sus potenciales alcances. Según ella, el gobierno está arrebatando el fruto de su trabajo a quienes sudaron la gota gorda para obtenerlo, y que por ese camino terminará privando de su pequeña propiedad a la población en general. Resulta bastante cómico pensar que un profesional beneficiado por el fin de los créditos indexados va a poner las barbas en remojo porque el gobierno expropie tierras baldías e industrias abandonadas. O que quien viva en un barrio donde se hayan entregado títulos de tierra urbana sienta su propiedad amenazada. Es difícil entender ese supuesto derecho a la improductividad. Y algunos fanáticos en la Plaza Altamira han demostrado cuán violentamente les frustra esa incomprensión.
Cabe aclarar ciertas cosas. En primer lugar hay que establecer una necesaria distinción entre distintas formas de propiedad, cuya esencia y propósito varía. Hay bienes cuyo disfrute y tenencia son de carácter individual, tanto para la satisfacción de necesidades básicas, como artículos de lujo. A esto se le llama propiedad individual, e incluye bienes inmuebles, vehículos, etc. También hay propiedades cuyo aprovechamiento productivo sólo es posible si media la asociación con ese fin de un grupo de personas. La propiedad privada de estos medios de producción es el instrumento legal que permite a un propietario o un grupo de propietarios expropiar el trabajo social de un colectivo, intercambiándolo por salarios. La diferencia entre ese producto social y los salarios es la ganancia. La propiedad privada entonces, en tanto relación de poder, es un modo de expropiación. Cuando un Estado expropia un medio de producción bajo régimen de propiedad privada y lo otorga a sus trabajadores, bajo la figura de la autogestión o la cogestión, está realizando la reapropiación, total o parcial, del trabajo por sus legítimos dueños, los trabajadores. Y en este sentido se trata de una medida de democracia económica, cuya expresión sistémica es el socialismo.
Lo que está planteado actualmente en nuestro país es la preeminencia de un criterio de producción sobre la propiedad privada, no la negación de ésta. En el caso de la tierra, sólo están al alcance de la expropiación aquellas tierras ociosas con potencial productivo. La propiedad privada, relación económica característica del capitalismo, tan sólo es cuestionada en la dimensión fetichista que le otorgan ciertos grupos, y que tiene amplia difusión en los medios de comunicación. Más bien otorgarle esa dimensión es negar a la propiedad privada en su sentido real. El marco constitucional consagra la propiedad privada, y la acción económica del Estado le ha dado un nuevo impulso a su desarrollo, con políticas como la de los microcréditos, al igual que a formas de propiedad democráticas, como la cogestión y el cooperativismo. La medida de la democratización de la vida económica del país es la medida de nuestro avance hacia el socialismo.
De la evolución de la propiedad individual en Venezuela, podemos hacernos una idea por un informe de la Datos Information Resources, publicado en El Nacional el 29 de mayo de este año. Ni la fuente ni el medio son sospechosos de filiación izquierdista. Allí se nos ofrece indicador del aumento de la pobreza durante los últimos cuarenta años: el estrato E, el más bajo económicamente, aumentó proporcionalmente en un 53%. El régimen puntofijista, a pesar de toda su retórica, en términos reales disminuyó las posibilidades de acceder a la propiedad para un gran sector de la población. Esta tendencia se exacerbó durante el ajuste neoliberal de la década de los 90. Por el contrario, podemos afirmar que la acción del actual gobierno, acusado de atentar en contra de la propiedad, ha permitido el acceso de más personas a ella. De acuerdo con este estudio, el año 2004, con la implementación de las Misiones y el aumento de los salarios, vio un aumento en el nivel de ingresos del sector más pobre del país en un 53%, y en términos reales, considerando la inflación, de un 33%. Sin embargo “para calcular la inflación, el Banco Central considera sólo unos ítems elementales de consumo en alimentos, transporte y otros. El patrón de consumo de las clases más populares es muy básico. De hecho, el índice de inflación que impacta a esta gente es inferior al señalado por el BCV”, según señala el presidente de Datos Information Resources, Edmond J. Saade. Esto significa que el aumento real del nivel de ingresos es superior al 33%. Y esto implica mayores posibilidades de acceder a la propiedad para la mayoría de la población.
