El daño económico causado al pueblo cubano por la aplicación del bloqueo impuesto, unilateralmente, por Estados Unidos desde hace 45 años, asciende a unos 82 mil millones de dólares. A esa monstruosa cifra debe agregársela 54 mil millones de dólares por daños directos a objetivos económicos y sociales por efecto del terrorismo organizado, financiado y ejecutado por Estados Unidos a través de la CIA.
Ese bloqueo económico, comercial y financiero practicado por Estados Unidos, es el más prolongado y cruel que haya conocido la historia de la humanidad y forma parte esencial de su política de hostilidad y agresiones contra el pueblo cubano. Su objetivo, definido el 6 de abril de 1960, ha sido la destrucción de la Revolución Cubana «a través del desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas, negarle dinero y suministros a Cuba para disminuir los salarios reales y monetarios a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno», según consta en el informe secreto del funcionario del Departamento de Estado, I. D. Mallory, desclasificado en 1991.
El bloqueo contra Cuba, con sobra de razones, ha sido calificado como genocida conforme con la Convención de Ginebra de 9 de diciembre de 1948, por cuanto son «actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional».
Estados Unidos ha pretendido, inútilmente, destruir al pueblo cubano y su Revolución, ya sea con el bloqueo o con otros actos de guerra violatorios de los principios y normativas del Derecho Internacional.
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, resolvió en trece ocasiones que Estados Unidos ponga fin a esa política de bloqueo que es una política de guerra, perpetrada por la primera potencia mundial en contra de una República libre y soberana que no ha cometido más delito que ejercer el derecho a la autodeterminación.
La ONU se apresta a dictar una resolución que condene ese injusto e inhumano bloqueo y lo hará con el apoyo, casi total, de todos los países miembros. Estados Unidos tiene la obligación de acatar las resoluciones de la ONU.
