El paro empresarial de diciembre de 2001 marca un hito en la historia de los medios de comunicación venezolanos. Estos, además de ser el mensaje y el masaje, fueron más allá y se asumieron partidos políticos. No conformes, optaron por tomar la administración de justicia del país en sus manos. Desde su inapelable atalaya, se erigieron en jueces y fiscales.
En su rol de partidos políticos, el fracaso fue rotundo. A lo largo de 2002, con su papel protagónico en el golpe del 11 de abril y el sabotaje petrolero de diciembre de ese año, pagaron un costo económico que, siendo elevado, resulta menor que la factura de credibilidad que les pasó el país, con la consecuente caída en términos de audiencia y lectoría. Esto a la vez, los hizo casi inocuos como actores y estrategas políticos.
Entre otras perversidades, una de las más dañinas para el cuerpo social fue la de asumirse como fiscales y jueces. Los medios condenaban o absolvían, sin más jurado y testigos que ellos mismos. Luego procedían a aplicar sus sentencias con la muerte o linchamiento moral de sus víctimas. Si los tribunales de la república decidían en contra de la “justicia” mediática, también jueces y fiscales caían bajo el martillo implacable del tribunal de los medios.
En este absurdo contexto, lanzaron su propio decreto de guerra a muerte. Todo bolivariano era culpable a priori y para él no existía la presunción de inocencia, y todo opositor era inocente aun cuando fuese sorprendido y capturado en flagrancia. Muchos inocentes ya fallecidos fueron acusados de delitos ocurridos incluso después de su muerte, así como se protegió a presuntos criminales y terroristas con el manto de “perseguidos políticos”.
Algunos medios, en su locura inmediatista y fanatismo político, se convirtieron en cómplices y ocultadores de ilícitos y crímenes. Aquellos que colocaron explosivos en las sedes diplomáticas de Colombia y España o torturaron y mataron a jóvenes soldados en parque Caiza, fueron cubiertos por la cobija informativa y opinática de “perseguidos del régimen”. La “justicia” mediática siempre picaba adelante y dictaba su veredicto antes de que lo hiciera la justicia ordinaria, peor todavía, antes de que los cuerpos policiales iniciaran las investigaciones. Sus “indiciados” y “procesados” no tenían la más mínima posibilidad de defensa.
Uno de los casos más aberrantes de esta “justicia” mediática sin venda y sin balanza, fue el del asesinado fiscal Danilo Anderson. La complicidad y “solidaridad” con los indiciados fue digna de causa más noble, pero esto es imposible frente a causas y propósitos innobles. No sólo se intentó victimizar a los presuntos autores materiales de tan horrible crimen, sino que a la misma víctima se le pretendió convertir en culpable y merecedor de su ejecución terrorista. Se lanzó sobre el asesinado fiscal Anderson toda la infamia y basura que la perversión comunicacional tuvo y tiene a su mano.
El poder mediático, si quiere salir de su extravío, debe despojarse de la toga de juez y fiscal que en pésima hora para el periodismo venezolano decidió usurpar, y olvidarse del martillo del que se apropió indebidamente para absolver o condenar. Hacerlo será el primer paso para quitarse la soga que los mismos medios, convertidos en ineptos actores políticos, colocaron en el cuello de su propia credibilidad
