La imputación de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Danilo ocupa la atención de los medios. Y es bueno que así sea, porque se enciende una leve chispa de esperanza para quienes pensábamos que en este país la justicia no era más que una pantomima en manos del poder político y económico. Una pantomima cruel, porque como citó alguna vez Danilo:
"En este país no se va a la cárcel por ser delincuente. Se va la cárcel por ser pobre."
Son muchas las injusticias inherentes a la pobreza. En lo que se refiere a la Universidad pública podemos decir, mutatis mutandi:
"En este país no se va a la UCV, a la ULA, a la USB, a la costosa universidad pública, porque se es capaz. Se va a la universidad pública porque se tiene dinero."
En la Universidad pública venezolana funciona, de facto, un sistema de apartheid.
¿Por qué, transcurrida casi una década de gobierno revolucionario, continúa esta situación?
Es aquí dónde los métodos de investigación criminal son relevantes. ¿Quienes tienen los medios, los motivos y la oportunidad?, se pregunta el investigador judicial ante un delito.
Preguntemos nosotros, en el contexto de la Educación Superior ¿Quien tiene los medios para mantener el apartheid universitario, quien tiene los motivos para mantenerlo y quien tiene la oportunidad para prolongar este atropello contra la mayoría de los venezolanos?
Las universidades públicas son pagadas con el dinero de los venezolanos. Así que mantener el apartheid requiere del concurso de agentes capaces de influenciar la política educativa del gobierno: funcionarios, operadores políticos y asesores internacionales. Pensar en los medios necesariamente nos lleva a investigar el posible papel de funcionarios, operadores políticos y asesores internacionales.
Los motivos casi siempre son de dos tipos: económicos y afectivos. En este caso hay motivaciones económicas claras: venta de cupos, venta de cursos propedéuticos, reserva de cupos a grupos privilegiados. Hay otras, más sutiles, que tienen que ver con el beneficio económico y político de funcionarios, operadores políticos y asesores internacionales.
La oportunidad requiere de la complicidad interna dentro de las universidades. Y es aquí donde se deberían investigar los nexos entre funcionarios y operadores políticos, por una parte, y quienes en la práctica administran el dinero en las universidades públicas: rectores, vicerrectores, gremios.
Puede decirse que la Misión Sucre y la Universidad Bolivariana atacan este problema. Pero esto es una verdad a medias.
Por una parte, la Misión Sucre y la Universidad Bolivariana a duras penas comienzan su existencia, mientras que en las Universidades públicas tradicionales existe una capacidad instalada y funcional desde hace décadas.
Por otra parte, el concepto central de la Misión Sucre y la UBV refuerza el estado de apartheid: un sistema universitario nuevo, barato y precario, para los pobres. Y un sistema universitario tradicional, costoso y funcional, para los privilegiados.
Danilo Anderson logró superar los escollos para entrar a la Universidad. Pero al final el poder le cobró su pobreza.
Es hora de que el Presidente Chávez investigue, con frialdad judicial, el apartheid que impera en el sistema de Educación Superior venezolano.
Gustavo J. Mata
Físico, Profesor Universitario.
gmata@telcel.net.ve
