En 1995 Arturo Uslar Pietri, escritor destacado, notable ciudadano, educador por tres décadas en Valores Humanos, declaró a un periodista de la revista Semana.
—Venezuela está atravesando la crisis más grave de toda su historia.
Era entonces tan grave la crisis que no podíamos concebirla peor. Nos equivocábamos. Hoy la vida cotidiana se ha hecho un infierno, hemos llegado al borde del colapso social.
Un aspecto de la crisis, no el único, es político.
El gobierno, acorralado por su ineficacia y la pérdida de toda legitimidad, ha tomado el camino de la opresión. Con la connivencia abierta del Consejo Nacional Electoral la posibilidad de elegir ha sido por los momentos cerrada.
La oposición tradicional, intoxicada ante la perspectiva de regresar al poder, ha sido incapaz de construir una narrativa que capture en la imaginación un país cónsono con las aspiraciones y necesidades de la gente. Su desempeño en los gobiernos locales ha sido pésimo, en el mejor de los casos mediocre.
Altos funcionarios de la Organización de Estados Americanos, OEA, argumentan que esta situación justificaría aplicar al Estado venezolano la Carta Democrática Interamericana. ¿Pero contribuiría realmente tal medida a resolver la crisis en Venezuela?
Aplicar la Carta Democrática a Venezuela injuriaría gravemente la identidad nacional. Los costos para el país consecuencia de esta injuria superarían con creces los exiguos beneficios que pudiese traer.
¿Qué queremos decir por identidad nacional? ¿Por qué sería dañada? ¿Por qué tal daño resultaría costoso para los venezolanos?
La identidad nacional puede ser comprendida como una instancia de identidad social, un concepto introducido a finales de los años 70 por el psicólogo social Henri Tafjel.
De acuerdo a la teoría de identidad social, en nuestra interacción los seres humanos nos definimos como asociados a ciertos grupos. Y actuamos en un contexto dado para que nuestro grupo sea percibido positivamente en relación a otros.
En general pertenecemos a más de un grupo. Podemos ser católicos, evangélicos, agnósticos; niños, jóvenes o viejos; en la universidad profesores, empleados administrativos, obreros; o podemos ser colombianos, españoles, o venezolanos. Algunos grupos son mutuamente excluyentes: no se puede ser católico y ateo al mismo tiempo; otros, la mayoría, no lo son.
Desde el punto de vista social la identidad puede concebirse como el conjunto de narrativas y normas sociales compartidas por quienes pertenecen a un grupo. Estas narrativas y normas, interiorizadas por las personas, condicionan sus actitudes y lo que hacen.
La identidad nacional puede definirse como la de “un grupo de personas que sienten que son una Nación”. Las narrativas asociadas a la identidad nacional son sustentadas por los símbolos nacionales, la historia, las instituciones nacionales y las narrativas políticas.
Las narrativas políticas son particularmente importantes porque condicionan nuestro sentido de la acción colectiva. Un ejemplo de narrativa política es la noción del excepcionalismo americano, según la cual los Estados Unidos de Norteamerica tendrían la misión de transformar el mundo de acuerdo a sus valores. Esta narrativa es central a la identidad nacional de los estadounidenses. Y en el mundo están a la vista los efectos del poder que resulta de su vigencia.
La identidad nacional llevada a extremos patológicos puede ser peligrosa, nos enseña la historia. Pero al mismo tiempo un Estado Nación es inviable si su población carece de un claro y vigoroso sentido de pertenencia. Una identidad nacional positiva es condición necesaria, por ejemplo, para el desarrollo económico y social.
Este último hecho es de particular interés para nosotros, los venezolanos. Si queremos prosperar nuestra identidad nacional debe ser fortalecida, no menoscabada.
La OEA es, no lo olvidemos, un ente externo a Venezuela. Invocar su acción como instancia superior para resolver nuestros problemas es declarar nuestra incapacidad para gobernarnos a nosotros mismos, contaminar nuestra identidad nacional con una narrativa según la cual los venezolanos seríamos impotentes. A esto hay que agregarle que algunos llegan al extremo de colocar a la OEA por encima de las leyes venezolanas. Poniendo así en tela de juicio nuestra capacidad de darnos nuestras propias normas, nuestra autonomía, injurian aún más nuestro sentido de competencia.
Aplicar la Carta Democrática Interamericana al Estado venezolano es asestar una puñalada al corazón de la identidad nacional de Venezuela.
¿Y para qué? La OEA no tiene el poder o la legitimidad necesarios para forzar una solución en Venezuela. Activar la Carta Democrática no pasaría de ser una medida efectista, puramente teatral.
Podría argumentarse que no aplicar la Carta Democrática de la OEA significaría abandonar la búsqueda de una solución a la crisis, pero esto no es verdad. Al contrario, una solución pasa por interiorizar que Supermán no va a venir de Metrópolis a resolver nuestros problemas, que no nos queda más alternativa que asumir la responsabilidad de enfrentarlos nosotros mismos.
¿Qué hacer entonces?
“Cambiar de modelo de desarrollo, pensar de otra manera, poner los pies sobre el suelo y reducir el tamaño del Estado”, sugirió Uslar Pietri hace 21 años.
Un paso importante en este sentido sería trabajar para fortalecer la sociedad civil: el sector social que trasciende los muy particulares intereses de los políticos y los hombres de negocios.
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