Esta pretende ser la última entrega de esta especie de dossier, que hemos escrito, acerca de nuestro modelo de Democracia Participativa y Protagónica, y de cómo éste se inserta en el nuevo modelo de combate a la criminalidad que nos hemos planteado, y de alguna manera, espero haber cumplido mi cometido.
Uno de mis lectores manifestó, que explicara de una mejor manera, el por que señalaba que el Estado Burgués facilitaba el tránsito y consumo de drogas. Y aquí responderé su inquietud: En primer lugar, porque cuando los pueblos pretenden despertar el pensamiento y la conciencia crítica, ellos necesitan adormecerla y atontarla, y que mejor herramienta que las drogas, bien sean estas las lícitas o las ilícitas. La segunda razón, es porque cuando en algunos países, legalizan la marihuana, por ejemplo, bajo el eufemismo de que con la legalización se busca reducir los índices de tráfico y consumo de estas sustancias estupefacientes y psicotrópicas, pues como una de las grandes premisas del capitalismo es la máxima ganancia, pues los sectores burgueses e imperialistas para quedarse con las ganancias del narcotráfico y blanquear sus capitales. Más claro, no canta un gallo.
Pero, habíamos señalado en nuestra entrega anterior, la interrogante de si hacía falta la reforma del Código Penal y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para insertar la pena de muerte. Pues bien, he aquí mi razonamiento y respuesta.
Este debate sobre la pena de muerte se dio precisamente en la Constituyente de 1999 en nuestro país, y no solamente este tema, sino el del aborto. Por supuesto, habían sectores que estaban y están totalmente de acuerdo con la aplicación de esta pena, y hay otros que no, incluso actores sociales como la iglesia católica, las iglesias evangélicas, las mezquitas y sinagogas en el país más el humanismo que siempre caracterizaron a Hugo Chávez, expresaron su oposición a la implementación de esta pena, y por eso no fue acogida en nuestro texto constitucional.
La progresividad de los derechos no está en discusión, y por eso, plantearse la implementación de la pena de muerte en nuestro país sería un retroceso imperdonable en materia de derechos humanos terrible. Además, cabría preguntarse: ¿Resolvería la pena de muerte el problema de la criminalidad? Pienso que no. Por ejemplo, en China, que hay pena de muerte por delitos de corrupción, y a pesar de la severidad y aplicabilidad de sus normas, los índices de corrupción son extremadamente altos.
Otro ejemplo serían los Estados Unidos de Norteamérica, en dicho país, en 33 estados de los 50 que lo conforman, se aplica la pena de muerte, sin embargo, eso no ha contribuido de manera significativa en la merma de los índices delictivos que afecta el país del norte, sólo que ni en sus periódicos aparecen los muertos del fin de semana ni los índices de criminalidad en ese país, antes bien, lo ocultan.
Aunque parezca mentira, en nuestro modelo de autoridad democrática se trata de la recuperación del ser humano, del hombre y de la mujer. Y no en los modelos de la Europa del Este en el que se derribaron modelos socialistas, impulsando personalidades y por teorías que se quieren impulsar, incluyendo en materia de seguridad, cuyo tema ha sido utilizado para manejar parcelas de poder
Además, como lo señala la criminóloga e investigadora social, Elsie Rosales, los índices de encarcibilidad y del punitivismo exclusivo del Estado es parte del problema de la violencia y la criminalidad en el país, invito leer el trabajo de la Dra Rosales a través del siguiente enlace http://library.fes.de/
Es por ello, para ir culminando y como propuestas, que este tema de la seguridad ciudadana debe ser tomando como responsabilidad de todas y todos, desde la Presidencia de la República, Gobernaciones, Alcaldías, Comunas. Hay que desarrollar las 7 líneas esbozadas por el Presidente Nicolás Maduro, en especial la 3era, por el desarrollo de temas delicados como la seguridad ciudadana y el derecho a la vida. El impulso y construcción de un nuevo modelo con la Gran Misión "A Toda Vida Venezuela" que enfrente el problema de la criminalidad y la violencia con respeto a la vida y al ser humano.
Debe haber unión de todas las instancias gubernamentales para generar acciones conjuntas para resolver los grandes problemas de nuestra sociedad, con respuestas eficientes y eficaces sin arriar banderas. Todos debemos asumir nuestra responsabilidad que nos corresponde en materia de seguridad ciudadana, nuestra sociedad tiene que reaccionar y no hay que bajar la guardia.
Debemos trabajar y construir el modelo de autoridad democrática eminentemente humano; sustituir los antivalores y abrir las compuertas del entendimiento, rectificar las políticas erradas, corregir las debilidades regionales y municipales.
Nadie debe sentirse excluido, y que este tema no sea utilizado de manera recurrente por algunos actores políticos, sin tener en cuenta que este es un problema de carácter nacional muy grave.
