Como dice mi amigo Juan Pablo, razones para salir a las calles hay de sobra: medidas económicas que no benefician al pueblo, abusos empresariales, escasez y sabotaje, corrupción (oficial y opositora), etc. “¿Pero salir a matarse para reivindicar el derecho de los empresarios a seguir lucrándose? ¿Para pedir más militares y policías de los que ya ha puesto el gobierno en las calles? Así como hay quienes creen que lo que es bueno para los empresarios, es bueno para nosotros, hay quienes lo creen del gobierno. Basta ya de seguir yendo detrás de quien nos jode.”

Más allá de la existencia de razones para manifestar, éstas ahora han sido dejadas de lado para convertir a la protesta en un fin en sí mismo. La ausencia de liderazgo y de dirección que se aprecia en los recientes piquetes callejeros es total. Si bien el gobierno es quien tiene el mayor cobro político de estas situaciones esto no significa que la oposición salga ilesa, esto es dialéctica pura. Por ello me permito hacer algunas sugerencias para quienes toman decisiones de Estado ante estos focos minoritarios que no representan a una racional y necesaria oposición:

1.    Aplicar la misma fórmula que aplicó en la Plaza Altamira con los militares golpistas en 2002 y a los guarimberos en 2004 (que comenzaron un 13-F para luego intentar reeditar un 27-F): dejar que se terminen de cocinar solitos en su propia salsa. Para viejos libretos se deben aplicar viejas recetas. Eso sí, el gobierno debe aplicar estrategias para proteger a la ciudadanía, garantizar el derecho al libre tránsito, a la integridad personal y aplicar los debidos mecanismos de inteligencia para evitar la aparición de otro “Gouveia”.

2.    No criminalizar la protesta, por el contrario, debe reivindicarla y garantizarla como derecho. Para ello debe distinguir muy claramente lo que es el derecho a manifestar de la violación de los derechos de la ciudadanía que pudieran incluso llegar a constituirse en delitos comunes concretos (obstaculización de vías, devastación, saqueo, uso de sustancias peligrosas, daños a oficinas y demás medios empleados para los sistemas de transporte, caminos, servicios y obras públicas, instigación a delinquir, etc.). No debe perderse de vista que el derecho a manifestar está condicionado a que sea pacíficamente y sin armas, esto debe ser respetado por ambos bandos políticos y las instituciones deben asegurarse de ello.

3.    No debe meterse en el mismo saco a los foquistas de los últimos días con el resto de la oposición, ni siquiera con los estudiantes que marcharon el 12-F. No todos los estudiantes son opositores, ni todos los opositores están haciendo destrozos en plazas, vías e instituciones públicas, tampoco todos los que están en esas actividades son estudiantes. Por un sector minoritario desbocado no debe criminalizarse al adversario político. Hay que visibilizar a sectores de la oposición que han condenado lo que viene sucediendo, reconocerles y darles protagonismo, incluso a algunos que en otros tiempos han aplicado estas fracasadas fórmulas y ven ahora su liderazgo amenazado.

4.    Fortalecer institucional y técnicamente a los equipos antidisturbios de las policías estadales y de la PNB, poner en práctica el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, tener conciencia que su trabajo es garantizar derechos, para ello deben tener un control adecuado de eventos multitudinarios, lo que pasa por la implementación efectiva de los cordones de seguridad. Dependiendo de los niveles de intensidad de la situación los cuerpos policiales anteriores deberían ser auxiliados por la GNB. En este marco otros organismos de seguridad como el CICPC y el SEBIN no deberían intervenir en este tipo de actividades a menos que sea para evitar o reaccionar ante la comisión de un delito que los otros cuerpos no puedan controlar, pero esto debería ser una situación muy excepcional que debe ser justificada.

5.    Los tres casos de homicidio y de los sesenta y seis lesionados deben ser minuciosamente investigados y procesados por las instituciones correspondientes, no pueden dejarse pasar por alto. Los resultados de tales procesos deben ser informados a la colectividad.

6.    Si bien la historia reciente no ha sido la mejor respecto a la participación de las empresas de comunicación en la desestabilización política del país, el gobierno no debe caer en la tentación de la censura. Por una parte las empresas de comunicación deben asumir de una vez que no son partidos políticos, y el gobierno, por su parte, debe aplicar la legislación correspondiente en los casos que procedan, los derechos a la libertad de expresión e información no son ilimitados (numerales 2 y 5 de la Convención Americana sobre DDHH). La guerrilla comunicacional por las redes sociales debe asumirse, cada manipulación de información debe ser desmontada, como se dice por allí “candelita que se prende, candelita que se apaga”. Esto nunca debería dar pie para que el gobierno haga realidad las acusaciones que se le hacen respecto a las restricciones del derecho a la libertad de expresión e información. “Morder el peine” de censurar y criminalizar a la oposición sería el inicio de la cocción del gobierno en su propia salsa.

7.    ¿Cuál fue la agenda que motivó la marcha del 12-F? ¿Cuál fue la reivindicación principal? El gobierno debe tomar nota de las peticiones originarias, sectorizarlas: economía, seguridad, etc., hacer mesas de trabajo con representantes de la oposición y del movimiento estudiantil, sistematizar propuestas y demandas. La protesta no es un fin en sí mismo, ésta no puede ser el principal punto de la agenda. El que ha militado de verdad y ha sido minoría sabe que cuando exiges a la autoridad un derecho y no lo obtienes allí se inicia la lucha, protestas y mientras más te lo niegan, más te creces. Cuando se abren espacios para la comunicación y el intercambio la protesta se extingue, pierde sentido.

8.    Sectores de extrema derecha están invirtiendo en la formación de jóvenes talentosos para que asuman el poder en las próximas décadas, con una visión elitista y jerarquizada de la sociedad, con un profundo rechazo a todo lo social y a sus propias raíces. Hay que tener la mirada en el horizonte ¿hacia dónde queremos ir? ¿qué formación se le está dando a los futuros cuadros que van a dirigir el país? Hay que pensar en las generaciones de relevo y dejar de mirarse los ombligos. No se les pueden ofrecer la juventud en bandeja de plata ni al fascismo ni a una burocracia corruptora y embrutecedora.

9.    Los conflictos son grandes oportunidades, es una oportunidad de oro para que el gobierno se crezca y tome la iniciativa para el diálogo nacional, en el marco de su llamado a la paz y de las últimas reuniones celebradas con alcaldes y gobernadores de oposición; es a su vez una oportunidad de oro también para la oposición, para deslindarse de sectores fascistas, golpistas y antidemocráticos que solo le restan adeptos y legitimidad. La construcción de institucionalidad no solo es responsabilidad del gobierno, aprovechen ambos sectores, que no es año electoral, para que se pongan a trabajar y hacer política con “P” mayúscula, sin abandonar cada uno sus principales banderas.