Además del continuo y sistemático ataque a la institucionalidad, de la reiterada acusación a sus representantes de ilegitimidad e ingobernabilidad del país, algunos sectores opositores bajo los auspicios del poder mediático y financiados por Washington, de nuevo se aprestan a reeditar el conocido guión de la “guarimba” (violencia callejera), la cual tiene un objetivo bien preciso, crear la situación ideal que les permita denunciar a un “régimen ingobernable” e invocar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana que les permita justificar la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El 4 de diciembre tendrá lugar la elección del cuerpo legislador del país, es decir, de la Asamblea Nacional (AN), es la segunda elección que se realiza a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), la única aprobada por la mayoría de los venezolanos en diciembre de 1999, mediante referéndum popular.

La nueva estructura que adopta la AN al sustituir al viejo Congreso, es parte del proceso de cambios en marcha, ello es posible constatar cuando establece la igualdad de género y permite por primera vez la participación de los pueblos originarios, tal y como lo dispone el artículo 186 constitucional que dice: “Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela elegirán tres diputados o diputadas de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres”.

Otro elemento revolucionario se desprende del artículo 197, el cual prevé que los diputados a la Asamblea Nacional están obligados a laborar en beneficio de los intereses del pueblo, a vincularse permanentemente con el mismo a través de sus electores, atender sus opiniones, sugerencias e informarlos acerca de su gestión, para lo cual deben dar cuenta anualmente de su gestión y estarán sometidos al referendo revocatorio del mandato, este último es un novedoso precepto constitucional -único en el mundo- al que el Presidente Chávez fue sometido el 15 de agosto de 2004, obteniendo una contundente victoria en la llamada “Batalla de Santa Inés”.
El actual proceso bolivariano de cambios se ha topado con la permanente obstrucción a la labor legislativa –incluida la introducción de cerdos al Parlamento- que obligó a la AN a sesionar fuera del Palacio Federal Legislativo. No obstante, los avances del Gobierno del Presidente Hugo Chávez han sido notables, y el obstinado oposicionismo golpista, sólo ha podido cuestionar la implementación de las Misiones Sociales, pero guardan silencio, respecto a que las mismas han logrado incorporar a miles de venezolanos al pleno goce de derechos constitucionales (salud, educación, alimentación, identidad, tierra, vivienda, crédito, etc.) de los que en otrora permanecieron excluidos por décadas durante los gobiernos del Pacto de Punto Fijo, cuando la renta petrolera era para unos pocos privilegiados del poder al servicio de los intereses de Washington.

El oposicionismo se resiste al cambio

El triunfo del comandante Chávez en diciembre de 1998, supuso un cambio en las relaciones de poder en Venezuela, sobre todo para quienes ostentaban grandes privilegios y cuotas, las que iban desde disponer a placer de la renta petrolera a través de los contratos con el Estado y de las cuotas que se traducían en la ocupación de cargos en la Administración Pública considerados “claves”, como ocurrió siempre con los ministerios de hacienda (Finanzas), de transporte y comunicaciones (MINFRA) ambos muy apetecidos por la cúpula empresarial (FEDECAMARAS).

Otras cuotas eran entregadas por los partidos tradicionales del Pacto de Punto Fijo (AD y COPEI), mediante su incorporación a las listas de diputados al extinto Congreso de la República, este mecanismo permitió que familias de la oligarquía venezolana, dueños de empresas y de medios de comunicación se asegurasen una curul, para así “custodiar” sus intereses e incoar las leyes para el sostenimiento de los mismos, para entonces las dichas leyes eran sólo del conocimiento de los “grandes asesores, analistas y reputados bufetes”, vale decir que su contenido e impacto en la sociedad eran simplemente desconocidos por el pueblo y silenciado por los medios.

El triunfo electoral de la revolución bolivariana, la aprobación de la Constitución bolivariana y la gestión del gobierno de Hugo Chávez Frías, produjo no sólo una ruptura en la forma tradicional del ejercicio del poder político, sino que propició la debacle de la vieja clase política y sus aliados que gobernó a Venezuela, acostumbrada a actuar servilmente bajo las ordenes de Washington, esta apatrida conducta debilitó cualquier posición soberana, ya que las decisiones de políticas, económicas, sociales y de política exterior que de hecho estaban supeditadas, tanto a las ambiciones de la oligarquía antinacional como a los intereses de las transnacionales y del gobierno estadounidense.

El triunfo electoral bolivariano dejó en evidencia el grado de orfandad y dependencia de sus antiguos tutores, que siguen financiándoles para desestabilizar al gobierno, el oposicionismo procura el poder y de los privilegios perdidos por todos los medios posibles, es un objetivo más lejano que incrementa su obsesión y los niveles de desesperación, la misma desesperación acusan sus amos en Washington.

El proceso se afianza

Cada evento electoral ha permitido a los seguidores del proceso de cambios afianzarse, sin embargo es importante no “engolosinarse con los triunfos”, bien vale recordar aquí lo que se acostumbra decir del juego de béisbol y que siempre alerta el Presidente Chávez, “el juego no se gana hasta el out 27”.

La próxima elección no es una simple elección, es también parte del reto que tiene ante si el llamado bloque del cambio y en general los seguidores de la revolución bolivariana para avanzar con paso firme hacia la consolidación de los cambios logrados hasta el momento, es también un reto para profundizar el precepto constitucional de la participación protagónica y de la contraloría social, de la superación del modelo económico monoproductor rentista, capitalista y dependiente por uno diversificado, social, productivo y solidario.

La elección del 4 de diciembre se presenta como una oportunidad para reconocer y corregir los errores que permitan seguir avanzando, aún cuando los ataques a la institucionalidad del Poder Electoral (CNE) y de los demás poderes públicos han arreciado en las últimas horas, especialmente azuzados por la mayoría de los medios de comunicación privados, cede sus espacios de opinión a los quienes no cesan en promover la abstención, llamando a la violencia, al sabotaje electoral y a la conspiración.

Algunos sectores financiados por la National Endowment for Democracy (NED) que participaron en el golpe de Estado de abril de 2002, se cobijan solapadamente en llamados pseudos religiosos, para aupar a la violencia. Si bien el CNE en voz de su presidente ha ofrecido todas las garantías de participación y transparencia del voto a una minoría, que más de las veces ha actuado irresponsablemente, aún cuando el CNE haya dicho que por ahora el proceso electoral no contará con las máquinas capta huellas, dejando con ello sin excusas a quienes exigían tal condición para poder participar, la mayoría de las empresas mediáticas en consonancia con el interés de Washington por deslegitimar al Gobierno, continúan con los ataques el Poder Público Nacional.

En cualquier caso, y aunque queda el nefasto recuerdo de la vieja practica puntofijista del “acta mata voto”, el hecho cierto es que con máquinas capta huellas o sin ellas, de acuerdo a las encuestas, el oposicionismo no cuenta con los votantes, ni con los votos y en democracia sólo se gana con los votos.