Una de las acciones que se ha dicho tomará la Asamblea Nacional electa es el relativo a la reforma de la Constitución aprobada en 1999, con el propósito de permitir la reelección presidencial más allá de la que debe ocurrir en diciembre de 2006. Se trataría de abrir la posibilidad de la reelección indefinida para el cargo de Presidente de la República, lo que plantearía la discusión de si la misma posibilidad se abriría a gobernadores, alcaldes y, en general, a todos los cargos de elección popular. Esta importante tarea de la Asamblea se estableció mucho antes de saberse que su composición sería sólo de diputados pertenecientes al chavecismo, como consecuencia de la no participación de la oposición en las elecciones correspondientes. Sería irresponsable ignorar esta nueva situación y no discutir políticamente, si se debe llevar a cabo la anterior tarea en la misma forma planteada inicialmente.
Lo primero que me gustaría decir es que debe haber una reforma constitucional no sólo para el problema de la reelección presidencial, a pesar de la existencia de una nueva situación, que obliga a revisar los procedimientos a seguir. En estos pocos pero intensos años de vida política nacional, la Constitución bolivariana ha dado muestras de tener algunos puntos débiles, los cuales deben ser corregidos de manera de perfeccionarla. En segundo lugar, se debe señalar que la Constitución goza de una legitimidad enorme, que hasta ahora no ha sido cuestionada por la oposición, independientemente de que algunas de sus disposiciones no sean de su agrado. Esa legitimidad proviene fundamentalmente de la forma cómo fue aprobada: Un referéndum para aprobar su elaboración y elegir a los representantes del pueblo que se encargarían de esa tarea (Asamblea Constituyente), una aprobación casi unánime, luego de una discusión con participación de la sociedad, por el organismo llamado a hacerlo y una aprobación contundente por el pueblo en un segundo referéndum. Este proceso histórico debe ser tomado muy en cuenta en este momento.
De lo anterior se deduce que se debe instrumentar un mecanismo aprobatorio de la reforma constitucional, que no deje lugar a dudas, ni en el país ni en el exterior, sobre el respaldo popular a la misma. No puede ser sólo la Asamblea Nacional la que apruebe la reforma en cuestión, la misma debe ser sometida a la aprobación de los electores venezolanos, en un referéndum aprobatorio donde la abstención electoral sea la menor posible. Y esto es perfectamente lograble si se involucra intensamente al pueblo en el proceso de discusión de las reformas a ser adelantadas en el texto constitucional, para lo cual debe elaborarse un programa de discusiones y consultas de los temas de la reforma, con todos los sectores organizados y organizables, ayudados con una intensa campaña informativa a través de todos los medios posibles, durante todo el año 2007 y buena parte del 2008, de manera de poder realizar el referéndum aprobatorio de la reforma en octubre de este último año. De esta manera no habría lugar a dudas del apoyo popular a la misma, lo que unido al tipo de reformas propuestas, todas dirigidas al fortalecimiento de la democracia participativa garantizarían el fortalecimiento político nacional e internacional del proceso revolucionario.
lft3003@yahoo.com
