En el día de ayer, observando el programa "Valdimir a la 1", conducido por el periodista Vladimir Villegas, estuvo entrevistando a un activista adeco de Derechos Humanos, el abogado y ex-parlamentario Rafael Narvaez, quien señalo la tesis de que solo los Gobiernos violan Derechos Humanos, además de denunciar "ataques de la Guardia Nacional Bolivariana y demás cuerpos de seguridad del Estado por realizar allanamientos sin la respectiva orden judicial".
Además de ello, Narvaez señalo que dichos cuerpos de seguridad, en el uso de las bombas lacrimógenas y demás sustancias utilizadas para manejar el orden público, estan "vencidas", además de la realización de detenciones "sin orden judicial". Cosa totalmente falsa de este señor, pero además de ello, suponiendo que se hubiesen realizado detenciones por parte de nuestros cuerpos de seguridad sin dichas órdenes. ¿Será que el Dr. Narvaez se olvidó de lo que establecen nuestras leyes cuando ocurre la comisión de un delito en flagrancia? Por una duda que me surge.
Por ser este humilde servidor un activista en materia de Derechos Humanos, y por un conjunto de hechos que hemos venido observando en estas últimas horas, no solamente le voy a responder a este señor Narvaez, sino a pulverizar nuevas matrices que se quieren imponer en contra del pueblo venezolano, a todas luces totalmente falsas, y que utilizan como mascarón de proa, el discurso de los Derechos Humanos.
Uno de los elementos que hay que agregar en estos intentos de fomentar el caos e ingobernabilidad en nuestro país, como una táctica para torpedear la política de diálogo y de paz impulsada por el Presidente Nicolás Maduro, es el pronunciamiento de un conjunto de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) e individualidades, como son los casos de “Súmate”, el Foro Penal Venezolano y de Rafael Narvaez, los cuales “hacen la cama” para reforzar la línea de “persecución política” a la oposición venezolana y de violación a Derechos Humanos en el país.
El martes, a propósito de la movilización de la señora María Machado hacia la Asamblea Nacional, eran previsibles los hechos violentos que lamentablemente se suscitaron en el Este del área metropolitana de Caracas. Estos hechos vinieron acompañados de un Programa Especial en Globovisión, en el que estuvo como invitado, nada más y nada menos que el abogado, Alonso Medina Roa, especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos e integrante del Foro Penal Venezolano.
Este abogado se refirió al caso de la señora Machado de manera tendenciosa y malintencionada, desconociendo totalmente la decisión de nuestra Sala Constitucional, que sentó jurisprudencia sobre los artículos 149 y 191 de nuestra Constitución al respecto del caso de la hoy ex-parlamentaria. Lo peor es que el integrante de esta ONG señaló que la política de diálogo con el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, “pasa por una reinstitucionalización del país”. A todas luces y de manera velada, este “activista” por los Derechos Humanos busca reforzar la tesis del Estado Fallido y la línea de caos e ingobernabilidad tratada en análisis formulados a principios de este año por este humilde servidor en algunos artículos anteriores.
Esa es la línea que desarrollarán de ahora en adelante estos sectores apátridas. Mientras sus mercenarios realizan acciones terroristas, tratan de destruir los símbolos del chavismo y de tomar por la fuerza o destruir, si fuere necesario, instalaciones del Gobierno Bolivariano (el incendio de instalaciones del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat es una muestra de ello), por otro lado se activan sus ONGS para vender la tesis de”represión gubernamental”, con el apoyo de sus medios de difusión y propaganda (prensa, radio, TV), y en paralelo, desde las redes sociales digitales, diversos actores opositores complementan la campaña de estos medios (María Machado, Antonio Ledezma, Leopoldo López, Henrique Capriles). Además de reforzar la tesis de “violaciones a la libertad de expresión e información”, esto lo afirmamos por unas declaraciones de Marco Ruíz, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, quien aseveró un supuesto intento de funcionarios del CICPC de obtener las fuentes de comunicadores mediante interrogatorios, ignorando que nuestra misma Constitución protege las fuentes periodísticas e informativas. Salvo algunas variantes, es la misma receta aplicada los días previos al golpe de estado del 11 de abril de 2002.
Por otra parte, llama poderosamente la atención, que estos señores, al realizar sus declaraciones, no muestran ni un papel, ni una denuncia ni ningún tipo de prueba que sustente sus aseveraciones. Parece que estos señores olvidaron que sus declaraciones e informes, jamás sustituirán la formulación de la denuncia ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, que de acuerdo a nuestra Constitución y leyes de la República, son los órganos competentes para conocer denuncias en materia de Derechos Humanos, y de impulsar las acciones que contribuyan a la sanción de los violadores de éstos.
Además, que ellos formulan esas denuncias bajo una óptica caduca ya. Porque ellos ven los Derechos Humanos desde la óptica única y exclusiva de los derechos civiles y políticos, cuando los Derechos Humanos son mucho más amplios. Hay Derechos Humanos Económicos, Sociales, de los Pueblos Indígenas, de los Afrodescendientes, hasta de la Pacha Mama. Que triste que estos señores se hayan quedado anquilosados en el pasado. Sin ánimo de pecar de inmodesto, me considero defensor y promotor de los Derechos Humanos, pero desde una óptica crítica, progresista y revolucionaria.
Pero la tesis de que el Estado sería el único que viola Derechos Humanos se cae de maduro en Venezuela. Ya que estamos viendo como son los mismos "integrantes de la sociedad civil" los que incendian instalaciones gubernamentales, con acciones terroristas, mantienen secuestradas en sus oficinas y hogares, a miles de personas, que independientemente de su ideología política, tienen derecho a la salud, al libre tránsito, al trabajo, y estos derechos, en estas últimas siete semanas de violencia, no han sido precisamente conculcados por el Estado Venezolano. Un Estado Democrático y Social, de Derecho, pero sobre todo de Justicia.
Antes se creía que el uso de las fuerzas paramilitares era un mecanismo exclusivo implementado por los Estados, para que a través del uso de fuerzas irregulares, tomar la justicia por su propia mano, eliminar la disidencia política y vulnerar derechos humanos bajo el manto de impunidad y lenidad. Pero, y en Venezuela y en otras partes del mundo se está demostrando, no necesariamente es el Estado el promotor de estas fuerzas mercenarias e irregulares. Sino miremos el ejemplo de Siria, de Iraq y de nuestra misma Venezuela, para que veamos en que bando están estas fuerzas creadas y promovidas para desestabilizar a los gobiernos que no le son afectos a los intereses hegemónicos del Gobierno imperialista de los Estados Unidos.
Es por ello que, desde mi punto de vista, y en respuesta a estos "expertos" en materia de Derechos Humanos. Que no solamente son los Estados, sino que la empresa privada y las personas naturales y/o jurídicas pueden también ser actores muy activos en el menoscabo de los Derechos Humanos, de los derechos de nuestro pueblo.
