Hace 20 años, quienes hoy son furibundos opositores y supuestos defensores de la democracia eran gobierno y no precisamente gobierno muy democrático. Dominaban todos los poderes, lo cual resienten hoy. La izquierda opositora llegó a tener, a lo sumo, un representante en el Consejo Supremo Electoral, que así se llamaba. No tenía representación en la Corte Suprema de Justicia, cuyas sentencias eran controladas por el Ejecutivo y el partido de una manera descarada. La Fiscalía sólo procesaba los casos que el gobierno quería y las manifestaciones y movilizaciones populares eran desestimadas, cuando no violentamente terminadas. Si alguien osaba insultar al Presidente iba preso por orden del mismo y si era extranjero inmediatamente se le deportaba. Muchas caras que vemos hoy protestando y conspirando abiertamente fueron severamente acusadas de corrupción y de abuso de poder, pero la impunidad reinante entonces se impuso.
Esos gobernantes nunca se comportaron como representantes del pueblo, ni como servidores públicos. Eran los dueños del pueblo, los amos, los patrones, a quienes había que rendirles pleitesía y contentarse si llegaban a mirarnos o a saludarnos. El pueblo estaba para servirles; no le rendían cuentas de sus actos ni estaban interesados en satisfacer sus necesidades, a menos que surgiera un negocio o una comisión de las acciones a realizar. Cuando ocurrió el carachazo, respondieron sacando el ejército a las calles para masacrar al pueblo. Esa clara expresión de descontento, con sus heridos, detenidos y asesinados, no impidió la aplicación del “paquete” neoliberal de Pérez, que causó más miseria y desesperación de la población. A pesar de lo sucedido en Argentina, país que se quedó sin activos y se hundió en a miseria, Primero Justicia insiste en privatizar la industria petrolera y en hacernos cada vez más dependientes del capitalismo imperialista.
Esa oposición dirigida por Súmate, que recibe órdenes y dinero directamente de la CIA, y esto no es un “cliché”, pretende negociar como si el Gobierno no fuera legal y legítimo, como si no tuviera fuerza ninguna, como si hubiera perdido el apoyo popular. Ellos exigen y exigen y hay que hacerles todas las concesiones, pues si no continuarán sus prácticas desestabilizadoras, hasta lograr un nuevo golpe o una intervención foránea en nuestra patria. La respuesta a darles tiene que ver principalmente con la fortaleza del gobierno y ésta depende del apoyo que tenga del pueblo todo, de la unidad de la gente a su alrededor, de la disposición de luchar de esos venezolanos, todo lo cual a su vez está en dependencia del trato gubernamental hacia esa población y sus necesidades, entendidas éstas en el sentido más amplio posible.
El pueblo exige participación y hay que otorgársela, pues es un derecho constitucional. El pueblo quiere ser escuchado y no ignorado, como ha venido sucediendo en distintos sectores. El pueblo no quiere que se gobierne con autoritarios e incapaces, que no enfrentan adecuadamente los problemas y difieren eternamente la obtención de resultados positivos para la gente; tampoco acepta que se premie a quienes no han sido consecuentes con el proceso revolucionario. El pueblo exige que se castigue y erradique la corrupción en forma definitiva, por lo que el gobierno debe asumir esa tarea mucho más allá de las declaraciones presidenciales y de otros funcionarios. El pueblo no quiere asistir de nuevo a la imposición de candidatos, a la defensa absurda de funcionarios que han más que demostrado su ineficiencia, a la destitución y castigo de quienes opinan constructivamente, pero sus posiciones no son del agrado de la burocracia de turno. El pueblo no acepta ser obligado bajo amenazas a asumir determinadas conductas, como lamentablemente lo han hecho funcionarios gubernamentales y dirigentes políticos.
Sólo enfrentando las anteriores desviaciones se logrará una unidad consistente de las fuerzas revolucionarias, que constituirá la garantía de reelegir en la Presidencia al líder máximo de la revolución. De lo contrario, la gente sentirá que no tiene nada que defender, ni nada por qué luchar y no participará electoralmente en forma masiva en los comicios presidenciales de diciembre de 2006, con la lamentable consecuencia de poner en grave peligro la continuidad del proceso revolucionario.
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