El poder judicial en Venezuela no ha podido ponerse a tono con los cambios revolucionarios que exige el país, a pesar de los esfuerzos que se han hecho. En este sentido, hay que resaltar la labor titánica que está realizando La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz que actualmente es la Presidenta del Consejo Moral Republicano, para el período hasta el 2014, y además es la representante de la Comisión por la Justicia y la Verdad.
Con la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia se pretendió sanear el poder judicial en Venezuela, pero todavía no se han podido erradicar los casos de corrupción. Se sigue ofreciendo millones para decidir una sentencia. La justicia en Venezuela sigue siendo un negocio donde se manejan sumas considerables de dinero.
Los casos penales, según expertos en la materia son los peores, hay jueces que tienen miedo porque cuidan su carrera judicial.
En 1999 se inicia la pretendida reestructuración en el poder judicial, presidida, entre otros por Manuel Quijada y René Molina. Ese paso se dio en el área judicial.
Durante los años del punto fijismo, era una instancia penetrada por intereses individuales y grupales. No es un secreto que para ejercer como abogado, defender los derechos individuales y colectivos y permitir a los jueces actuar respetando el debido proceso y garantizar el ejercicio de la ley, era cada vez más difícil, pues todo giraba alrededor de un poder informal conformado por élites, tribus y grupos, acostumbrados a mover el poder judicial a su antojo, irrespetando cualquier principio ético.
En estos últimos años se ha avanzado mucho, pero no lo suficiente. Se dice que el poder de Luis Miquilena en la justicia venezolana fue terrible, él dislocó todo y se hizo dueño prácticamente del poder judicial, quedan algunas de sus fichas incrustadas en la administración pública, que actúan como quinta columnas dentro del poder judicial.
El poder judicial está en deuda con el pueblo venezolano. No se han enjuiciado a los culpables de torturas y asesinatos durante los gobiernos punto fijistas: Veinte mil aproximadamente; los involucrados en la masacre de Cantaura, Yumare, el Amparo, los asesinatos del Liceo Sanz; los del 27 de febrero y menos aún los del 11 de abril cuando el carmonazo, son los mismos que recientemente están vinculados con crímenes guarimbas e intentos de magnicidio; muy pocos son los enjuiciados por hechos de corrupción; los más tontos, por no decir otra cosa, los peces gordos nunca caen presos. Ni los de la cuarta ni los de la quinta república. Algunos jueces y fiscales se hacen los desentendidos, no asumen su responsabilidad, mientras la corrupción hace estragos por todas partes. A mayor cantidad de dinero habrá mayor corrupción.
Los opositores trataron de echarle la culpa al presidente Chávez y ahora a Maduro. Como en todas las cosas, pero ellos saben de sobra que el poder ejecutivo no puede poner preso a nadie; pues vivimos en una democracia donde existe la autonomía de poderes. Cada poder tiene sus atribuciones especificas.
Recordemos las palabras de Bolívar: la impunidad fue una de las causas de la caída de la primera república, a cada conspiración sucedía un perdón, y a cada perdón sucedía otra conspiración que se volvía a perdonar, ¡clemencia criminal!
Los ojos de Latinoamérica y el mundo están puestos en Venezuela, su revolución y el experimento que realiza para llevarnos al socialismo del siglo XXI. Cuando todos hablaban del fin de la historia y la muerte del socialismo. Hugo Chávez, se puso a la vanguardia del debate mundial, al proclamar la necesidad de seguir alejándose del capitalismo e inventar el socialismo del Siglo XXI.
Prof. Raúl Ramírez
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