Leo con atención el artículo de Antonio García Romero en Aporrea del día 6 de julio www.aporrea.org/medios/a191080.html. Me parece importante contar con este medio para hacer denuncias, algunas específicas, otras más generalizadas, muchas de protestas, con el deseo inmenso que alguien de las altas esferas nos lea y resuelva, que en fin, es el objetivo que se busca con este tipo de escritos, cuando no son meras opiniones personales.
Pero…… estaba casualmente reflexionando en estos días sobre cómo escribir algo sobre los consejos comunales, tema del artículo mencionado, en base a la experiencia personal con uno de ellos, precisamente en el Estado Bolívar, de la cual creo haber aprendido algo. Y se trata en definitiva del famoso, repetido mil y una veces, objetivo último de la revolución: el Poder Popular. Poder entregado al pueblo organizado, ahí está la clave. Organizado en consejos comunales, donde siempre existe una jerarquía que detentan los voceros. Siempre existe la cuota de poder interno en los voceros, son los que deciden, los que administran, los que seleccionan qué proyecto va, cuál no, cuánto dinero habrá para fulanito, cuánto se le dará a sutanito, qué haremos con menganito. Y los voceros, mientras más conocedores del lenguaje “político” de moda, mientras más sensibles y proclives a los halagos, a la jaladera, mientras más determinados de carácter, más airosos, más enconchupados con los que son, más protagonistas serán, con todas las ventajas que ello conlleva, en claro y desigual detrimento de toda la masa que conforma el consejo comunal. Entonces aquí vale intervenir un poquito la conocida frase que un día inspiró a Simón Bolívar y escribir: “El poder sin probidad es un azote”.
En alguna otra oportunidad escribí algo sobre la ética en la revolución, donde me refería precisamente a la necesaria revolución cultural que debe ocurrir para que el Poder Popular que se está otorgando generosamente, a manos llenas, intentando cumplir con el mandato de Chávez, con el socialismo del siglo XXI, pueda ser empleado con honestidad, eficiencia, con pulcritud. Entendiendo por probidad las virtudes que debieran de tener los voceros en cuanto a la rectitud, integridad, moralidad. ¿O tal vez todas se reducen a una sola definición, la de honestidad?
Yo añadiría que deben poseer la capacidad, el conocimiento, el aprendizaje. Porque como decía Simón Rodríguez, “nadie hace bien lo que no sabe; por consiguiente nunca se hará República con gente ignorante, sea cual fuere el plan que se adopte”.
Escribiendo esto me viene a la mente un cuento de mi hermano Rino, mi hermano que se me parece mucho al Presidente Maduro, quién vivió muchos años en Río Chico. Hace mucho tiempo atrás, cuando aún era Chávez, nos relataba de una mujer del pueblo, llena de niños pequeños, que había recibido un financiamiento de uno de esos programas de ayuda a la mujer. Según contaba, la mujer se lo gastó en un fin de semana largo, a punta de borrachera y rumba, y al final gritaba: Chávez me tiene que volver a ayudar porque soy sola con todos mis muchachos. Esto es verídico y espero que algunos lectores chavistas no se escandalicen por traer a colación estas debilidades presentes en el pueblo. He observado cómo en los discursos oficiales tratan de minimizarlas, hasta ocultarlas, porque ahora parece que el concepto de los venezolanos que son “pueblo” se volvió algo sagrado y hasta parecen querer acusar de herejía a los que escriben sobre las debilidades de algunos compatriotas que están dentro de ese marco social.
Volviendo al artículo que completó mi inspiración, leo en el mismo que algunos voceros comunales denuncian a varias autoridades con competencia en la supervisión, acompañamiento, y organización de los consejos comunales.
Mi experiencia que ya lleva tres largos años, me ha demostrado que en general las instituciones funcionan, responden a planteamientos y solicitudes razonables, demostrables, con pruebas en las manos. Esto me lleva a pedir que se manejen con prudencia las denuncias contra las instituciones públicas, y sus funcionarios. Estas instituciones podrán dar respuestas lentas, mucho en ocasiones, podrán no ser muy eficientes en la pronta resolución de los problemas, pero indudablemente he constatado que actúan apegados a la ley, con honestidad, con criterio de servidores públicos.
El hecho de escribir en un artículo en APORREA no debe significar automáticamente una carta blanca para avalar esas denuncias. Los interesados pertinentes deben hacerle seguimiento y mucha investigación, pero sobretodo con prontitud en las respuestas, para resolver los impases.
En el artículo al que hacemos referencia señalan de solapes entre tierras, de consejos comunales no avalados cuando las personas no viven en el lugar, de sobreprecios en las compras, de demora en el otorgamiento de los dineros, y pare usted de contar.
Pero…. ¿Habrá que considerar también la presencia de corrupción en los consejos comunales? Si la tenemos en todos los niveles, en el empresario del frente, en aquellos que especulan y roban con cuello blanco y de los cuales Dante Rivas nos cuenta que van ya más de 1000 multados; en el abasto de la esquina, en el mismo mercal y abastos Bicentenario como denunciara una aporreista hace pocos días manifestando su indignación. Me pregunto, ¿cómo no considerar la existencia de niveles de corrupción en el pueblo organizado? ¿O es que tan sólo por el hecho de organizarse en consejos comunales tienen una etiqueta de angelitos de Chávez? ¿Tienen algún tipo de inmunidad?
También he leído con preocupación cómo decisiones del Tribunal Supremo de Justicia son cuestionadas por consejos comunales e, incluso en algunos casos apoyados por diputados de la Asamblea Nacional y por diputados de los Consejos Legislativos del Estado. Naturalmente estamos hablando de decisiones que no favorecen al “pueblo” organizado. Este Poder Popular estará entonces pretendiendo estar por encima de los poderes públicos, específicamente de los poderes legislativos y judiciales? La respuesta es SI. Me consta directamente en el caso que me ocupa en Bolívar. Los consejos comunales, escudados detrás del Poder del Pueblo, desestiman las decisiones de un Tribunal cuando no le son favorables, exigen a la Guardia Nacional, que ahora es del “pueblo”, el apoyo para que no se ejecuten las medidas, competencia de la misma Guardia Bolivariana comisionada por el Tribunal, se sienten guapos y apoyados cuando una alcaldesa bolivariana, en un desconcertante desconocimiento de las leyes ambientales y del V Objetivo histórico de la Nación, con un claro irrespeto a las instituciones, se coloca al frente de la protesta, al frente del desconocimiento de las decisiones de un Tribunal de la República. ¿Qué ejemplo y cuáles precedentes está generando este tipo de situaciones? A la vista en el estado Zulia y en Bolívar, dos estados estratégicos, lejanos, pero en fin que son Venezuela, gobernados además por Bolivarianos.
Repito, y disculpen la insistencia: el Poder sin Probidad es un azote. Y ese poder se traduce en manejo del dinero otorgado para decidir y administrar sobre obras, para escuelas, para la atención a la salud, para la seguridad alimentaria, en fin, todo lo necesario para que el pueblo tenga la mayor suma de felicidad posible. Pero también para armar una alharaca, movilizar y manipular personas agradecidas o esperanzadas por recibir mucho, gritar consignas a pulmón pelado, llevar camisetas rojas rojitas y afiches del Presidente Chávez y de Nicolás Maduro, y lo más grave, desconocer a los Tribunales, a los Ministerios, a las instituciones en general, y al final decidir por Barrabás en un acto de masas.
Es urgente, obligatoria, imprescindible, la revolución cultural entendida también en esos niveles. La revisión o sacudón que plantea el Presidente Maduro de todas las instancias del Gobierno debiera, con altísima prioridad, contemplar también el uso y abuso del poder en estas instancias.
