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Nos corresponde referirnos a la Cuarta Revolución planteada por el Presidente Nicolás Maduro, referida a la Revolución Política del Estado Venezolano. Dicha Revolución, tiene como objetivo la construcción de un Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia, pero de una Justicia Social, la que tanto pregono y busco Hugo Chávez. Se trata de profundizar el Estado Social y cambiar todas sus estructuras, tanto de la Administración Pública como del Estado todo en su conjunto para que el pueblo sea el protagonista de las decisiones estudiadas y aplicadas en cada comunidad del país. Esto debe contribuir de manera importante a limpiar los vestigios del Estado burgués que aún persisten en cada organismo estatal.

Es importante que tengamos claro que el propósito en esta nueva fase de nuestra Revolución es la reestructuración integral de nuestra Nación que conduzca al establecimiento de una sociedad emancipada. Los Estados nacionales se organizan a partir de la existencia de Constituciones que regulan su existencia y la de la propia comunidad nacional expresada institucionalmente por ese Estado. De modo que las constituciones, y el modelo que adoptan los Estados nacionales, deben ser expresión de la voluntad general, es decir, de la soberanía popular, reunida en una nación. El proceso

Revolucionario bolivariano recuperó el principio de la soberanía popular secuestrada por los partidos burocratizados, por los sectores empresariales antinacionales, por los entes trasnacionales y por el imperialismo. Y la expresión más cabal de esa soberanía ejercida por el constituyente originario, es decir, por el pueblo, no sólo es el propio presidente Chávez sino la Constitución bolivariana de 1999. Entre otras cosas, por eso se hizo una revolución.

El principio de soberanía popular fue reivindicado desde todo el proceso constituyente de 1999. Pero además, ha tenido durante la revolución dos momentos cruciales en que se ha pronunciado. El primero es el del levantamiento popular del 13 de abril de 2002, cuando el pueblo ante el peligro que implicaba un retroceso en los avances materializados hasta ese instante, reclamó la restitución de la Constitución vulnerada por los golpistas, y el retorno a su desempeño como Presidente de la República a Hugo Chávez. El segundo no tuvo el carácter vertiginoso de un levantamiento popular, por el contrario, fue conducido y regulado por las leyes, por medio de una novedosa figura como el Referendo Revocatorio, efectuado el 15 de agosto de 2004.

Para ese entonces se convocaba al pueblo con el fin de que decidiera sobre si era conveniente la continuidad de Hugo Chávez en sus funciones de Jefe de Estado. En ambos momentos se intentó por parte de la reacción, liquidar el proceso revolucionario. Ambos acontecimientos, uno como consecuencia de una conspiración contra la democracia, y el otro producto del hecho de acudir a una figura constitucional, fueron convertidos por el pueblo en ejercicio de su soberanía, en contundentes victorias sobre las fuerzas de la oposición y del imperialismo.

Desde el principio, una característica del proceso de cambios, en comparación con otras revoluciones, consiste en que la nuestra ha respetado los mecanismos legales. Los cambios políticos que han ocurrido desde 1999 hasta hoy se han materializado a partir del respeto a los preceptos legales. Por otra parte, ninguna Constitución ha sido tan atacada como nuestra Constitución Bolivariana, pero al mismo tiempo también, ninguna otra ha tenido el apoyo popular que esta ha disfrutado y seguirá disfrutando.

El período que va desde su aprobación hasta el 2006, representa el lapso de implementación y puesta en funcionamiento del nuevo marco jurídico. Una de nuestras garantías fundamentales del modelo político de 1999, es la participación popular. Una comparación entre el sistema de Punto Fijo y nuestra democracia es suficiente para ilustrar la superioridad de la revolución: Entre 1959 y 1989, en un lapso de casi 40 años, se efectúan 15 procesos electorales. Durante el viejo régimen se materializan un promedio de dos eventos electorales cada cinco años. Por parte del proceso revolucionario, entre el 25 de abril de 1999 y el 6 de diciembre de 2006, se han efectuado 11 procesos electorales. Estos incluyen elecciones para cargos de elección popular; referendo consultivo para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente; el referendo aprobatorio del 15 de diciembre; el referendo nacional sindical; y el referendo revocatorio del mandato del presidente de la República aquel 15 de agosto de 2004.

La aprobación popular de la Carta Magna de 1999, representó un momento decisivo para institucionalizar derechos fundamentales. También contribuyó a superar políticamente todo el entramado legal originado durante la pasada hegemonía bipartidista. Pero lo más importante, el pueblo la asumió por primera vez como una herramienta de defensa de su democracia contra los ataques de la reacción y del imperialismo.

El reto de plantear la superación de las formas capitalistas que desde antiguo han pesado sobre las aspiraciones de igualdad y de libertad del pueblo, pasa por fijar a través de la transformación del Estado y de la Administración Pública en un proyecto de sociedad que si bien conserve y potencie toda nuestra tradición republicana, coloque a la nación en el desafío de establecer una formación social más democrática.

En resumen, de lo que se trata es de la conformación de una Administración Pública y de un Estado donde impere la democracia socialista, un Estado supeditado al Poder Popular, un Estado planificador, rector, garante de la soberanía plena a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana patriótica, popular y antiimperialista; que propicie la mayor suma de felicidad social a nuestro pueblo, con una direccionalidad estratégica porque debe ser el Estado el que controle los recursos estratégicos.

Es en ese contexto que el Presidente Maduro, como continuador de la obra de Chávez, ajusta la Vicepresidencia de Soberanía Política, con todas sus implicaciones realizadas en los párrafos anteriores, y designa como Vicepresidente a Rafael Ramírez, quien a su vez es designado como Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.

Rafael Ramírez, además de ser un cuadro técnico de los más capacitados en nuestro país, es un cuadro político, leal al Gigante Hugo Chávez y leal a Nicolás Maduro. Su designación como Canciller de la República no le debe resultar extraño, ya que él solo hecho de manejar nuestra política petrolera durante más de 12 años y en la que ésta tiene vínculos muy estrechos con la política exterior venezolana, le hará adaptarse muy rápidamente a sus nuevas funciones. Esperemos a ver cómo será su desempeño en estas nuevas responsabilidades.

La continuidad de las políticas comunicacionales de nuestro Gobierno Bolivariano viene representada en la ratificación de Delcy Rodríguez Gómez como Ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información. Particularmente no me gusta esa ratificación, puesto que considero que estamos muy mal en dicha área estratégica. Una de las falencias estructurales que tenemos en nuestro proceso revolucionario tiene que ver con lo comunicacional, y esta situación ha empeorado luego de la desaparición física de Hugo Chávez, puesto que era él mismo Comandante el que se encargaba de destrozar las matrices de opinión y operaciones psicológicas de los enemigos de la Patria, por esas mismas dotes innatas de comunicador que tenía el líder indiscutido e indiscutible de la Revolución Bolivariana. En lo comunicacional, tenemos muchísimo que hacer y un trecho duro por recorrer.

En el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se ratifica al M/G Miguel Rodríguez Torres. Ratificación más que ganada y merecida por el encomiable trabajo realizado por este servidor público al servicio del pueblo. Su estilo firme, pero tranquilo y sereno en la labor del desarrollo de la Gran Misión "A Toda Vida Venezuela", del Plan Patria Segura, del Patrullaje Inteligente, de los Cuadrantes, del Movimiento por la Paz y la Vida, pero sobre todo en la garantía de la estabilidad política ante las andanadas terroristas luego de la partida física de Hugo Chávez, y el diseño de planes y políticas que desarrollen y promuevan ese Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, son algunos de los méritos que le han valido a Rodríguez Torres su ratificación en una de las carteras más políticas, pero a la vez más complejas del Gabinete Ejecutivo. Desde nuestro punto de vista, más que merecida su ratificación para que continúe desarrollando las tareas y políticas que contribuyan a seguir preservando nuestra democracia, nuestra Revolución Bolivariana.

Y por último en lo concerniente a esta área, se ratifica al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a la Almiranta en Jefa, Carmen Meléndez, por lo que la política de Defensa Militar, y de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana Revolucionaria, Patriota, Antiimperialista, pero sobre todo, y aunque le arda a la oligarquía, profundamente chavistas, continúen. La unidad cívico-militar es fundamental para preservar nuestra Revolución Bolivariana.

En nuestra penúltima entrega de este dossier, nos referiremos a la Vicepresidencia de Desarrollo del Socialismo Territorial, dirigida por el compañero Elías Jaua Milano, y en la última entrega daremos nuestras conclusiones definitivas a este trabajo.