(Parte II)
Los hechos posteriores, los de hoy, cuando en materia diplomática EEUU, está en buena medida aislado por motivos suficientemente conocidos, confirman que aquel gesto de Arcaya estuvo plenamente justificado.
El 28 de agosto, Arcaya se negó a acatar lo ordenado por Betancourt, renunció desde San José al cargo de Canciller y se retiró de la conferencia.
El gobierno de Betancourt se hallaba acorralado, la llamada "Ley del hambre", la inflación, un fenómeno antes no conocido en Venezuela, agravada con la drástica disminución de salarios, y acicateada por la improductividad y la devaluación, produjo un descontento descomunal que en las calles recogían y lideraban el MIR y el PCV.
A estas circunstancias, se sumó la desequilibrada distribución de la población venezolana. El área rural fue quedando abandonada y una inmensa parte de su población se apretujó en algunas ciudades, sobre todo del centro del país, empezando por Caracas, donde por años se había venido invirtiendo con intensidad el ingreso nacional; pero esa población que se concentraba en los enclaves del proyecto de sustitución de importaciones, no encontró como insertarse de manera productiva y de subsistencia, generando una fuerza adversa al gobierno y sus metas. Como dijo alguien, el ingreso se producía en un sitio y se invertía en otro, para contribuir con la economía de puerto y los enclaves ya determinados por los intereses norteamericanos.
Pudieron esas condiciones adversas contener la habitual iracundia de Betancourt. Pero el mismo fenómeno de descontento popular se expresaba dentro de URD, donde la tendencia izquierdista se fortalecía y con la cual el Dr. Arcaya tenía excelentes relaciones. Todo eso se combinaba con la conocida forma de hacer política del Dr. Villalba, nunca dispuesto a "nadar contra la corriente".
El 17 de noviembre de 1960, URD se retiró del gobierno y fracturó el Pacto de Punto Fijo.
Habiéndose dividido el partido AD e ido URD del gobierno, ante las descomunales manifestaciones de descontento por las políticas gubernamentales, el 28 de noviembre, apenas once días después de la toma de la decisión del partido de Jóvito Villalba, mediante Decreto N° 403, Rómulo Betancourt decide suspender las garantías constitucionales. Lo que significaba, crear las bases "legales", para reprimir a los trabajadores, estudiantes amas de casas, empleados, comunistas, a excompañeros ahora en el MIR y hasta sus no hacía muchos días, aliados del gobierno militantes de URD, incorporados a aquellas actos de inconformidad.
En esa oportunidad, en el discurso para justificar aquella medida desesperada, el presidente de Venezuela, pronunció aquella más que controversial, fatídica frase, "disparen primero y averigüen después". En su desesperación el alto funcionario pasó por alto que aquel decreto no le otorgaba la facultad de aplicar la pena de muerte, la cual no podía ser objeto del mismo por disposición expresa del texto constitucional. Numerosos fueron los crímenes cometidos por la policía en cumplimiento de aquella ilegal y criminal orden, la que por sí misma define el estado de debilidad y desesperación del gobierno.
Con Betancourt, se vuelve a repetir la historia. Los gobernantes interesados en imponer un proyecto antipopular, una vez llegados al gobierno, comienzan a perseguir a quienes antes fueron sus aliados y le ayudaron a lograr sus primeros objetivos. URD, partido que al firmar el "Pacto de Punto Fijo", se hizo solidario con Betancourt, antes y luego cuando este llegó a la presidencia y hasta le ayudó a enfrentar con éxito la invasión por el Táchira e intento de golpe de Estado como el del general Jesús María Castro León, el 20 de abril de 1960
Comenzando el nuevo año, el descontento popular y sus manifestaciones públicas habían llegado a un nivel inaceptable para la poca paciencia y habitual soberbia del presidente, preocupado además, por la influencia y prestigio de la Revolución cubana, su efecto ecuménico, el desafío de esta al poder imperial que subyugaba a jóvenes, trabajadores y al sentirse desasistido de todo apoyo popular. El presidente sólo contaba con parte del ejército y un partido, el suyo AD, que después de dividido había quedado diezmado. Si bien es cierto que COPEI se mantenía en el gobierno, las viejas desavenencias de cuando este partido apoyó el golpe militar de Marcos Pérez Jiménez, aún no le hacían, por lo menos para Betancourt, un aliado confiable. Sin olvidar el hecho, que en el seno del partido socialcristiano, comenzaban a perfilarse tendencias más democráticas y progresistas, sobre todo en el seno de la juventud.
José Melich Orsini, quien fue profesor de la Escuela de Derecho de la UCV por más de 50 años y con vínculos con los sectores de Poder, en un trabajo titulado "Comentarios sobre la Inconstitucionalidad", dice lo siguiente:
"El mismo 23 de enero de 1961, fecha de la entrada en vigencia de la nueva constitución, el presidente de la República en Consejo de Ministros, invocando la atribución 6° del artículo 241 de la misma constitución, declaró para todo el territorio nacional el estado de emergencia a objeto de suspender o restringir algunas garantías constitucionales".
En ambos casos, la suspensión del año 1960 por Decreto 403 y este de Enero del 1961, según Melich Orsini, se hace alusión a la existencia de una serie actos cumplidos por grupos de exaltados políticos que se les califica como "subversivos". En el Decreto 403, del 28-11-1960, también de "desórdenes, actos de violencia y atentados contra las personas y las propiedades", así como "reiteradas perturbaciones de la tranquilidad pública".
Es de notar, que las calificaciones hechas por el gobierno mismo, no definen un cuadro de gravedad, intolerancia como para justificar la medida. Pero lo que si es cierto, que las manifestaciones pacíficas eran de una magnitud y constancia considerable como para preocupar al gobierno, tanto que fue éste quien empezó a regar las calles de muertos por la orden dada desde Miraflores, de "dispara primero y averiguar después".
Melich Orsini, remata con el siguiente comentario:
"En ninguna parte, en cambio, se alude a alguna circunstancia susceptible de tener influencia en la vida económica de la Nación, lo que hace incomprensible que en la parte dispositiva de ambos decretos se haya incluído, al lado de la restricción de la garantía de la libertad y seguridad personales, de la inviolabilidad del hogar y de la correspondencia, de la libertad de expresión, etc., una no restrictiva de la garantía de libertad de industris y comercio".
Según Federico Brito Figueroa, citado por Luciano Wexell Severo, en "Economía Venezolana (1899-2008), pág. 131:
"Betancourt viola la legalidad democrática recién restituída, resultado de la presencia combatiente de los depauperados en la rebelión del 23 de enero de 1958, e instaura una dictadura de hecho, que supera en rasgos negativos al régimen en el país en la década de 1948-1958".
No hemos encontrado nada mejor para pintar un cuadro sobre el comportamiento del gobierno de Rómulo Betancourt, de ese período que inició en 1959 que las siguientes notas de Federico Brito Figueroa:
"El pequeño Napoleón d Guatire somete a su acomplejado despotismo al Poder Judicial y a la iglesia. Sustituye las normas de derecho por el bárbaro principio: disparar primero y averiguar después, instaurando de hecho la pena de muerte; ordena ametrallar, las veces que estime nvsario, las manifestaciones de depauperados que solamente reclaman pan y trabajo; viola la inmunidad parlamentaria, disuelve los sindicatos y los partidos que lo adversan, censura la prensa, impone la llamada Ley del Hambre y hostiliza policialmente a los militares patriotas".
Lo anterior ha servido para demostrar, como el gobierno de Betancourt, pese haber resultado de unas elecciones "populares, libres, directas y secretas", hasta donde se podía garantizar en aquella época con un sistema electoral muy vulnerable y una población en gran parte analfabeta, derivó hacia un comportamiento dictatorial, hasta más represivo, que en mucho superó a los gobiernos de Gómez y el propio Pérez Jiménez. Como hemos visto, por todos los elementos mencionados, varios factores influyeron en aquella conducta.
La historia venezolana anterior a Betancourt, salvo algunos instantes o experiencias diferentes y muy puntuales, se había caracterizado por regímenes represivos, sin conciencia verdadera de los derechos de los ciudadanos, no acostumbrados a experimentar el reclamo popular, ni siquiera de los grupos representativos, sino a una situación despótica donde prevalecía la opinión o voluntad del gobernante. La personalidad misma de Betancourt, demasiado conocida por los venezolanos y reconocida por quienes, como el suscrito, pudieron verle por buen tiempo diariamente, antes que asumiese el gobierno en 1959, era dada a reacciones violentas y muy poca delicadeza. La sutileza, para intervenir en cualquier asunto, no era una de sus virtudes.
Entre los jóvenes adecos de mi tiempo, se comentaba como, en las reuniones de gabinete, la iracundia del presidente, le llevaba a lanzar pipa contra cualquiera de sus ministros o allegados, salvo el Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa, porque discrepasen de aquellas opiniones en la cuales estaba interesado en imponer o los percibiese distraídos o evadidos de la conversación. Pocos se atrevían a rebatirle alguna idea por temor a su reacción o decisiones posteriores.
En las reuniones de partido, aquellas a las cuales por derecho podían asistir, además de Betancourt y sus allegados, los izquierdistas que posteriormente dieron origen al MIR, como Simón Sáez Mérida y Domingo Alberto Rangel, quienes eran miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), sólo estos solían rebatirle cada argumento en materia política, sino que el último se solazaba en enrostrarle su falta de conocimiento en muchos asuntos que el fundador del MIR manejaba en profundidad. Circunstancia que al "Napoleón de Guatire", molestaba en exceso, pero según contaban, quizás haciendo un supremo esfuerzo, optaba por ignorar. Los jóvenes adecos, futuros dirigentes del MIR, cuadros dirigentes de menor jerarquía, quienes no teníamos accesos a aquellas reuniones, al poco tiempo de aquellos sucesos nos enterábamos en detalles. Nosotros formábamos dentro de AD una organización paralela con sus jerarquías y niveles organizativos que recibíamos abundante y diaria información del acontecer nacional y del partido, incluyendo aquellos incidentes. La gente del ARS, como Raúl Ramos Jiménez o Jesús Angel (el indio) Paz Galarraga y hasta el mismo Dr. Prieto, cuando no coincidían con Betancourt, dejaban saber sus desacuerdos pero cuidando las formalidades.
La situación económica del régimen era apremiante como ya lo hemos dicho en diversas oportunidades y el gobierno experimentaba, como Pérez Jiménez en los últimos días de su gobierno, o quizás de más envergadura por la enorme participación obrera en la calle, de grandes presiones del movimiento popular reclamando derechos y reivindicaciones.
Luciano Wexell Severo, en este sentido, en la obra que antes hemos citado dice al respecto, en la pág. 130:
"En los meses de octubre de 1959 y enero de 1960 nuevamente ocurrieron grandes protestas de trabajadores, estudiantes y desempleados. Las manifestaciones terminaron otra vez en choques con la policía y con dura represión".
Pero para ahondar y dejar claramente establecido el carácter represivo y antipopular del gobierno de Betancourt, volvamos a Orlando Araujo, en la misma obra antes citada, págs. 168-169:
"…..allí están aquellos tres primeros muertos abaleados por la policía durante una manifestación paciífica en agosto de 1959. Pero a poco de ahondar en nuestras averiguaciones tropezamos con aquellas raíces afirmadas en la historia y en la deformación estructural: los caídos eran obreros y la manifestación era de desemplados. Un gobierno cuyos compromisos con las minorías privilegiadas y con el capitalismo extranjero le impiden ir al cambio de estructuras verá vencer ante sí el problema del desempleo y sólo tendrá a la mano a la policía para silenciar sus expresiones sociales….."
Esas circunstancias, llevan a Betancourt al eslogan de su práctica política como respuesta al pueblo, sus demandas y los humildes en general, según Araujo y todos quienes vivieron aquellos años, "Las calles son para las fuerzas del orden público" y "hay que disparar primero y averiguar después".
Los defensores de Betancourt, intentan justificarlo apelando al expediente de la lucha armada, fenómeno surgido con posterioridad y asumido en principio como una forma de defensa de la brutal agresión policial y en virtud de haberse cerrado toda posibilidad de reclamo o participación legal, habiendo de por medio aquellas dos órdenes peculiares y ajenas a la constitución misma y los derechos humanos, impartidas desde Miraflores.
Quienes ayudaron a Betancourt, en cierta medida, pese las diferencias, a llegar a Miraflores, como la gente que luego formaría el MIR y hasta la de URD, que más tarde formarían el VPN (Vanguardia Popular nacionalista) pasarían a integrar la lista de los perseguidos y acosados del gobierno de Raúl Leoni.
