I.

Todos los tipos de guerra (convencionales, de baja intensidad, económicas, mediáticas o 4ta generación), generan victimas que deben ser protegidas de alguna manera.

Desde las Guerras Púnicas hasta el año 2000, la mayoría de las pocas victimas que en el mundo lograban protección, era solo con dinero, sujeta a la voluntad del pagador y condicionada a guerras convencionales.

Sin embargo, la condición de víctima definida en la Declaración sobre los Principios Fundamentales para las Víctimas del Delito y Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985 es amplia: "Las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencias de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder".

En el Siglo XXI, con el ascenso de gobiernos revolucionarios y el cambio de las relaciones de Poder Mundial, la definición de las Naciones Unidas se reconoce para visibilizar los tipos de victimas e identificar las guerras causantes, al mismo tiempo se trabaja en una protección amplia y robusta para la victima del abuso de Poder y Terrorismo de Estado.

Por ejemplo, la Privatización del Sector Primario de la Economía Venezolana, fue una guerra económica en los años `90, donde el Capitalismo Salvaje despojó al país de sus industrias básicas y servicios estratégicos, siendo la clase trabajadora la victima colectiva en diferentes grados, espacios y tiempos, mediante la eliminación de las prestaciones sociales, imposición de la tercerización y despidos masivos sin seguridad social enmascarados con acciones Clase B.

II.

Se privatizaron o suprimieron 100 instituciones: SIDOR, INDULAC, AVENSA, AEROPOSTAL, ENSAL, ACUEDUCTOS RURALES, BANCO DE FOMENTO, CANTV, IVSS, INOS, MOP, CADAFE, Puertos y Aeropuertos.

Unas 250 mil personas fuimos despedidos y convertidos en victimas directas, otros 2 millones en victimas indirectas. Entre las victimas nos contamos 10.000 extrabajadores de SIDOR que hoy seguimos luchando con gran esperanza, mucha edad y poca salud.

Hoy, 50 mil victimas del Capitalismo Salvaje seguimos luchando, pero desconectados entre nosotros, por la protección, atención e indemnización que nos corresponde como victimas de la Guerra Económica de los ´90. Estamos luchando por varias razones: unos para que nos paguen las "benditas" acciones Clase B en SIDOR, otros por el recalculo de prestaciones sociales que nos robaron y todos por las jubilaciones que nos quitaron con la Ley de Privatización.

En este escenario de dispersión es imposible la victoria para los 50 mil victimas.

Como el nuevo Estado no tiene una política única para reparar los daños causados por el viejo Estado a las Victimas de la Privatización, en lugar de soluciones, recibimos mal trato de funcionarios indolentes, escuálidos, corruptos y matavotos. Salvo algunas excepciones, como fue el caso del General Carlos Osorio en CVG, que hizo cientos de maniobras, en el buen sentido, hasta cancelar parte de la deuda económica a los accionistas clase B de SIDOR.

Como la Revolución Bolivariana, con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, activó un Estado democrático y social de derecho y de justicia que permite una Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el período 1958-1998. (G.O 39.808 del 25/11/2011), que permitió en diciembre del 2005 el pago de las indemnizaciones por la Masacre del Amparo y en febrero pasado indemnización a familiares de víctimas del Caracazo.

Estamos convencidos que el nuevo Estado tiene la voluntad de reconocer la responsabilidad del viejo Estado en el Abuso de Poder y delitos de Lesa Patria cometidos durante la Privatización de los ´90.

III.

Proponemos por ahora:

1. Realizar un Encuentro Nacional de Victimas de la Privatización para el 27 de noviembre..
2. Elaborar un Proyecto de Ley donde el Estado venezolano reconozca su deuda histórica con las Victimas de la Privatización y fije los mecanismos justos para resarcirla.

En la próxima entrega lineas gruesas para el proyecto de Ley