Hace poco, en un artículo denominado Reflexiones ingenuas: "Por quien vendrán ahora", publicado en APORREA (http://www.aporrea.org/tiburon/a192466.html), alertaba sobre los actos impulsados por la derecha para vulnerar la soberanía nacional. Se trata de una política de estado norteamericana para evitar que su hegemonía se sienta amenazada por gobiernos o grupos emergentes.
En ese artículo opino que el estado norteamericano ha sido, desde su nacimiento, un estado expansionista, imperialista y forajido, que usa los medios más bajos para eliminar los intentos de sus contrarios, de fortalecerse, crecer, o simplemente independizarse y generar su propio desarrollo y soberanía política, económica, social y cultural.
Alertaba sobre la amenaza real de operación para secuestrar, detener, o inmovilizar funcionarios o piezas importantes del gobierno y la revolución bolivariana como forma de amedrentar y aterrorizar la población venezolana, o desacreditar al gobierno, tanto a lo interno como a lo internacional, para deslegitimarlo o someterlo al escarnio de los países del mundo a fin que le quiten su apoyo.
Y mostraba someramente la posibilidad de incursiones para eliminar físicamente, funcionarios o líderes del gobierno, colectivos, comunidades, para sembrar el terror, el desconcierto, profundizando la guerra de IV generación a que estamos sometidos.
Para tales fines, el estado norteamericano se apoya en los paramilitares colombiano, comandados por Uribe, y utilizados por la derecha fascista venezolana, en sus recientes actuaciones.
Esto se venía denunciando, así como la invasión silente que hemos tenido desde hace años por grupos paramilitares, instalados en los barrios de las ciudades más importantes del país, las ciudades fronterizas como Barinas. Apure, Táchira, Zulia, Pto. Ayacucho, Bolívar y cuya actuación como sicarios, asaltantes de banco, saboteadores, terroristas es de todos conocida.
Yo preguntaba por quien vendría ahora después del intento de secuestrar en territorio arubeño al cónsul de nuestro país acreditado en esa isla caribeña. La respuesta fue casi de inmediato.
Las denuncias formuladas por Robert Serra, en las cuales se develaba la existencia de un plan de acción terrorista y sicariato por parte de grupos paramilitares colombianos contra Venezuela, organizada por Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valles Sguerzi, y apoyada por Uribe y la derecha colombiana, le salieron caras. Pagó con su vida y la de su compañera, la osadía de llamar las cosas por su nombre y poner los puntos sobre las ies. Con el agravante que utilizaron funcionarios policiales del gobierno para cometer su alevoso crimen.
Las muertes de Danilo Anderson y Otaiza se suman al crimen de Serra, por ser cometidos contra funcionarios y figuras notorias del gobierno y la revolución. Pero forman parte de la cadena de dirigentes campesinos, dirigentes obreros, líderes indígenas, militantes de base, asesinados por sicarios y funcionarios militares y policiales por encargo de empresarios, terratenientes, banqueros y pare Ud. de contar.
Habría que investigar si la masacre de Quinta Crespo forma parte del mismo plan, ya que resulta sospechoso que se trata de camaradas que han formulado denuncias graves contra funcionarios públicos.
Pero hay más. En la guerra económica, especialmente la guerra contra el contrabando, no sólo se está atacando mafias de delincuentes comunes, sino que se están tocando intereses de militares de alto rango, efectivos militares de mediano y bajo rango, funcionarios policiales de alto y menor rango, funcionarios públicos, es decir, la Quinta Columna. Al igual que en la guerra contra la corrupción.
Valdría la pena hacerse la pregunta. Sólo se cometerán acciones por parte de la derecha fascista contra los militantes revolucionarios, tal como anunció Saleh en el caso de Serra? ¿O la derecha endógena, la Quinta Columna, se atreverá a atentar contra los funcionarios del gobierno honestos, que están cumpliendo con sus funciones, poniendo orden, defendiendo la revolución de los corruptos, utilizando a empleados del estado en funciones de seguridad?. ¿O contratando sicarios, como ha ocurrido en otros casos, como en el asesinato de Otaiza?. No sabemos cuántos faltan y quiénes son.
Creo que la situación actual amerita medidas urgentes que pasan por la investigación, revisión, destitución, detención de los funcionarios de seguridad e inteligencia que trabajan para el estado, no importa el rango que tengan, previa comprobación de actos de corrupción, sabotaje, o conductas de dudosa moral. Al igual que la destitución o pase a retiro de los militares vinculados al contrabando, tráfico de drogas, enriquecimiento ilícito, no importa la jerarquía que tengan.
También se impone reforzar la vigilancia protección de los altos funcionarios del estado que están acometiendo contra la corrupción y el contrabando.
Lo mismo que modificar el COPP para poder tomar medidas efectivas contra los enemigos de la revolución, los propios y los extraños.
Es cuestión de vida o muerte. Es ahora o nunca.
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