Se habla de “colectivos” como grupos de chavistas violentos que portan armas de fuego, que atacan a opositores indefensos, que se despliegan por las calles desafiando a la autoridad pública policial y militar o inclusive recibiendo el visto bueno de las mismas. Pareciera ser que esta versión ignora que los barrios de Caracas llevan décadas bajo una situación de proliferación ilegal de armas que no distingue colores políticos.
Asumir que las balas asesinas solamente provienen de un chavismo resentido que arremete contra la sociedad opositora, sería una conclusión contaminada de odio político en tiempos de polarización. Nosotros, empeñados en una observación metódica y serena de los fenómenos sociológicos y políticos, recomendamos examinar el fondo de esta modalidad de violencia armada y desde allí segerir soluciones o alternativas.
La problemática referida al control de armas afecta principalmente a los más pobres, de allí que uno entre muchos indicadores sea que la mortandad en barriadas y sectores populares acapare grandes espacios en sondeos de opinión y medios de comunicación. La restricción de las armas es un asunto de seguridad de Estado, desde Hobbes, pasando por Weber y llegando a Marx, afirman que el monopolio de la violencia corresponde al Estado.
Por ejemplo en Cuba no es cierto que toda persona puede andar armado para defender la patria, por el contrario los cubanos tienen un estricto entrenamiento previo para la defensa de su país, y solo en un caso excepcional de ataque a su territorio las Fuerzas Armadas, con orden y control militar, distribuirían el armamento a través de las milicias. En Venezuela existe la Milicia Bolivariana como institución de reciente data que viene siendo una extensión del pueblo en armas y recibe capacitación para hacerle frente a eventuales contingencias asociadas a un conflicto armado en nuestro territorio, pero en ningún caso forma parte del ordenamiento jurídico venezolano, la proliferación de armas en manos de ciudadanos civiles como sujetos activos de una supuesta lucha armada, como se ha insinuado en medios de comunicación. Radicalismos de izquierda y de derecha tienden a banalizar tan delicado tema.
La tal lucha armada se origina en el marxismo y sería la manifestación (probablemente utópica en el siglo XXI) radical de la lucha de clases, en la que los intereses colectivos son los que deben predominar, en procura del surgimiento de un nuevo orden social más igualitario o simplemente la abolición violenta de las clases sociales para el establecimiento de la dictadura del proletariado. Evidentemente la doctrina de la vieja izquierda del siglo pasado se encuentra en las antípodas ideológicas cuando se le contrasta con el modelo constitucional bolivariano, el cual es democrático, pacífico y electoral que rige en Venezuela.
De igual manera, el derecho a estar armado en la actualidad tiene su referente en la segunda enmienda de la constitución de los EEUU y obedece a una tradición liberal individualista, en donde lo primordial son los intereses individuales sobre los colectivos, mostrando una profunda desconfianza hacia el Estado, es decir, una visión de las armas como asunto de Derecho Privado, susceptible al albedrío de los ciudadanos particulares, mientras que en Venezuela se trata de un tema de Derecho Público que compromete la seguridad ciudadana.
Promover el ideal de que cada venezolano debe portar un arma con el fin de hacer de nuestro país un territorio más seguro mediante la “autojusticia”, menoscaba sustantivamente la gobernabilidad, asimismo fomenta más violencia y “siniestralidad” en la sociedad. El criterio emitido por algunos socialistas partidarios del armamentismo es errado al hacer apología del modelo pistolero norteamericano (consagrado en la segunda enmienda de su Constitución) y sugerir su aplicación en el régimen jurídico patrio.
