Una guerra exitosa contra la corrupción demanda el rescate urgente de modelos de control cercenados de nuestra legislación con la llegada del neoliberalismo en la década de los noventa.
Después de diecinueve años sin el control previo por parte de la Contraloría General (eliminado en 1996, durante el gobierno de Caldera II), se impone con urgencia que este organismo del Poder Moral adelante una rigurosa e imparcial evaluación de los resultados prácticos que se han obtenido con la supresión de esa competencia que le otorgaba la ley vigente para ese año, pues la percepción que se tiene, muy generalizada, por cierto, es que la corrupción no ha podido ser evitada. Se escucha y mucho que la matraca en los entes públicos continúa siendo una repugnante y trágica realidad.
Ciertamente, la corrupción sigue estando en niveles alarmantes y eso lo observamos por los carteles de citación que publica en los medios el propio órgano contralor por procesos administrativos abiertos en el marco de resultados de actuaciones fiscales posteriores a la comisión de probables hechos irregulares en el manejo de bienes y dineros públicos, actuaciones esas que, desde nuestra óptica, son muy limitadas, pues la Contraloría General no está en capacidad (ni humana, ni material) de darle una respuesta aleccionadora a esa problemática en toda su dimensión. Tales actuaciones apenas representan un porcentaje muy escaso respecto de la incontable cantidad de prácticas indebidas en que se incurre en el manejo de bienes y recursos públicos en ese monstruoso entramado de entes estatales que tiene el país a lo largo y ancho de su extensa geografía.
Es preciso, por tanto, si queremos enfrentar con mayor seguridad de éxito el morbo de la corrupción, determinar si esa modificación de ley sobre el control previo contribuyó a disminuir los ilícitos en el manejo de los recursos y bienes públicos o, si por el contrario, los potenció, como pareciera ser lo que, por desgracia, ha venido sucediendo.
En lo personal y sin que manejemos cifra alguna, nos atrevemos a garantizar que dicha evaluación terminaría por recomendar que se retome el sistema de los controles preventivos por parte de la Contraloría General. De plantearse esa posibilidad, se desatarían, lo aseguramos, las pasiones y el disgusto no tendría límites, pues "el cuanto hay pa´eso" que se ha practicado en este país durante, al menos, los últimos sesenta años, lamentablemente tenemos que digerir que ha llegado a tener demasiados adherentes e, inclusive y he allí lo terrible del tema, es que muchos lo ven como algo muy normal y tales controles, sin duda, van a dificultarlo…
