El desconocimiento de los derechos humanos no se practica solo quitando la vida a las personas ni negando salud, vivienda, educación y trabajo. Consiste en negar la presunción de inocencia a todas y todos los ciudadanos y ciudadanas, y mantenerlos privados de libertad sin que le hayan comprobado cometido delito alguno. Se puede decir que son "falsos positivos".
El retardo procesal es un mecanismo o una técnica o una aberración que aún hoy en "revolución" es una práctica habitual del "sistema de justicia" o de la "administración de justicia". La denuncia es de madres, esposas, hijos e hijas, hermanas y hermanos, en fin, familiares todos y amigos, quienes asisten a una violación de derechos humanos en un caso reciente ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, estado Vargas.
Resulta que en un avión de la empresa aérea Laser encontraron en el sanitario varios kilos de supuesta droga, pero sin la presunción de inocencia fueron encarcelados cinco hombres, acusados de ser "narcotraficantes", pero sin las pruebas del caso: no fueron capturados en flagrancia ni comisión policial ni militar fueron a buscarlos a su residencia ni se conocen unos a otros, las cuentas bancarias que poseen (de nóminas) apenas tienen lo depositado por las empresas donde laboran, aún así llevan cerca de cuatro meses privados de libertad, desde el 18 de marzo hasta la fecha, y en forma consecutiva ha sido suspendida la llamada "audiencia preliminar".
El primero de julio pasado fue suspendida la audiencia porque "se fue la luz" y la computadora se "colgó". La nueva presentación fue este miércoles 8 de julio y también la suspendieron. El motivo es que la juez titular anunció ese mismo día que "comenzaba sus vacaciones", la fiscal acusadora no se presentó y su lugar fue ocupado por su fiscal auxiliar, mientras que la juez "accidental" decidió no "decidir nada" hasta tanto no regrese de vacaciones la titular.
Todo esto sucede en el Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial del estado Vargas. Mientras tanto, los cinco hombres siguen privados de libertad, depositados en El Rodeo III. Familiares y amigos reclaman que se restituya el Estado de Derecho y de Justicia consagrado en nuestra Constitución y que sean puestos en libertad por no existir pruebas de convicción de que los cinco están incursos en el delito que se les califica.
Cuando los familiares protestaron porque después de diez horas suspenden la audiencia, el alguacil llama a los efectivos de la GN, quienes armas en mano amenazan a los presentes. Los denunciantes solicitaron el anonimato para impedir represalias.
