Parece increible pero no lo es. Las políticas de Estado represivas del pasado las repiensan para aplicarlas de nuevo, vuelven al presente en otro contexto político. "Disparen primero y averiguen después" o los "falsos positivos" son aplicables a la lucha contra las drogas, lucha que hay que dar a fondo, sin descanso, pero contra los verdaderos carteles y capos del narcotráfico, y no contra presuntos que luego son declarados culpables bajo la premisa acusadora de tener "suficientes elementos de convicción" contra mujeres y hombres inocentes.

Son muchos los casos en los cuales pesan más los "elementos de convicción" que las pruebas.

Veamos un caso:

A un grupo de ciudadanos, después de cumplir con sus labores diarias en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, estado Vargas, donde laboran como mecánicos y de seguridad, y luego de estar en sus viviendas, son llamados por sus superiores de la compañía para que aclaren el hallazgo de presunta droga en una aeronave. Son detenidos por el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional y puestos a la orden de la Fiscalía 4ta. del Ministerio Público, que los priva de libertad desde el 18 de marzo de 2015.

A los 45 días de ley y a altas horas de la tarde es que la fiscal reafirma su acusación de "asociación para delinquir y tráfico de drogas en modalidad de transporte". Mientras tanto, permanecen en El Rodeo III y sin el infaltable "retardo procesal" por diversas causas: se fue la luz, se colgó la computadora, la juez salió de vacaciones y la fiscal acusadora no se presentó en el Circuito Judicial, sin embargo, son pasados a juicio sin la argumentación debida y, otra vez, el expediente no ha sido distribuido porque la juez está de vacaciones.

"Disparen primero y averiguen después":

No hay flagrancia. No fueron detenidos con ningún tipo de drogas, ésta al parecer estaba en el sanitario del avión de Laser.

Ninguna comisión policial ni de la GN allanó sus viviendas para detenerlos.

Fueron llamados por sus superiores y se presentaron.

Sudeban ofició a la Fiscalía del Ministerio Público y le informó que no tienen fondos abultados, sólo lo que les deposita la empresa en cuenta de nómina ni poseen bienes muebles e inmuebles.

Sólo los que trabajan para Laser (los mecanimos) se conocen entre sí por ser compañeros de trabajo, mientras el quinto ciudadano no tiene comunicación con ninguno de ellos, así lo demuestra el cruce de llamadas de los teléfonos celulares que les fueron decomisados, según la propia investigación.

La información de Sudeban y el cruce de llamadas fueron desestimadas por las fiscales del Ministerio Público"por ser irrelevantes", pero los siguen acusando con sus "elementos de convicción".

Se cumple así el primer paso de "disparen primero y averiguen después".

La política de "falsos positivos" consiste en detener a ciudadanos sin prueba alguna y acusarlos de cualquier delito, en este caso de tráfico de drogas. Son políticas que se aplicaron en el orden político tanto en Venezuela durante los 40 años de gobiernos de AD y Copei y adaptados en Colombia en el pasado reciente contra obreros, campesinos, estudiantes y activistas sociales. Eran detenidos, vestidos de guerrilleros y fusilados y luego presentados ante la prensa y la sociedad como "peligrosos guerrilleros". En nuestro caso, son presentados como NARCOTRAFICANTES.

Familiares de los detenidos, sus madres, esposas, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros de labores, vecinas y vecinos tienen sus "elementos de convicción" de que son inocentes y que las acusadoras sólo buscan elementos para mostrar que son eficaces en la lucha contra este terrible flagelo, pero lo que buscan es ascenso y "prestigio" acusando sin pruebas.

Los propios familiares temen represalias por esta denuncia que hacen pública, pero le hacen un llamado a la Fiscalía General de la República, al Tribunal Supremo, a la Asamblea Nacional y a la Defensoría del Pueblo para que investiguen este caso que está en el Circuito Judicial del estado Vargas.